Nuevo golpe del Gobierno de Pedro Sánchez a los empresarios en plena segunda ola de la crisis del coronavirus.
La Dirección General de Trabajo -cartera de la podemita Yolanda Díaz– ha indicado que las empresas acogidas a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que incumplan el compromiso de mantener el empleo durante los 6 meses posteriores a retomar la actividad deberán devolver todas las cotizaciones exoneradas y no sólo las de los despedidos.
En concreto, Inspección de Trabajo señala que el empresario tendrá que cumplir la esta norma que impulso el Gobierno al inicio de la crisis del coronavirus «al margen del número de trabajadores afectados por el incumplimiento», lo que podría provocar una avalancha de cierre de empresas por la falta de liquidez que viven desde que la pandemia comenzó a dar sus primeros coletazos y que se han agudizado por las restricciones que han impuesto los distintos gobiernos -que han golpeado de lleno a la hostelería, turismo y comercio-.
En concreto, Pere Vidal, abogado laboralista, y Robert Gutiérrez, experto en derecho laboral explican que la Dirección General de Trabajo traslada a la Inspección que, de la ley, no cabe deducir que ese reintegro «alcanza sólo el importe de las exoneraciones correspondientes al trabajador que es despedido».
Las prohibiciones de Díaz
En el mes de marzo, el Gobierno de Pedro Sánchez estableció una cláusula de «salvaguarda del empleo» que obliga a las empresas a mantener plantilla, con algunas excepciones, durante los seis meses posteriores a la reanudación de la actividad tras un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) y que se ha mantenido en cada prorroga de este mecanismo de protección del empleo durante la crisis del coronavirus.
El incumplimiento, es decir los despidos antes de ese plazo, que se inicia con cada ERTE que pide la empresa, conlleva «reintegrar la totalidad del importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas, con el recargo y los intereses de demora correspondientes», recoge el real decreto de marzo. A pesar de la situación que viven muchos empresarios que no pueden sostener a sus empleados por las restricciones impuestas por el Gobierno de Pedro Sánchez.
En concreto, las empresas acogidas a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) en esta pandemia han visto bonificadas las cuotas que pagan a la Seguridad Social en distintos porcentajes, que han llegado hasta el 100% en algunos casos, con un esquema que ha ido variando en cada prorroga.
Avalancha de despidos
Ante este escenario, los gestores administrativos han explicado -en conversaciones con este diario- que con el fin de la prohibición de los seis meses sin despedir se va a producir una avalancha de expedientes de regulación de empleo (ERE), ya que la mayoría de empresas «penden de un hilo». Mientras, solicitan ayudas directas para frenar una sangría de cierres y concursos de acreedores en el primer trimestre de 2021 por los efectos de la segunda ola.
Según explican, hasta ahora no se había especificado si esa devolución era por empresa, es decir por todas las ayudas, o sólo por la de los trabajadores que se vieran afectados por un despido, por lo que esta sería una interpretación más «dura» de la ley.
Por su parte, para los abogados Gutiérrez y Vidal esta interpretación «vulnera el principio de proporcionalidad y olvida que no tener carácter punitivo no da carta blanca para imponer consecuencias desproporcionadas».
Infracciones de empresas
Por otro lado, y según datos de finales de noviembre, la Inspección ha detectado 2.859 infracciones en expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) de un total de 21.642 expedientes concluidos, lo que representa un 13 %. En total, hay 31.142 expedientes abiertos de fraudes en ERTE y las sanciones impuestas rozan los 13 millones de euros.
En una respuesta del Gobierno al senador socialista Miguel Ángel Heredia se detalla que de esas cerca de 2.900 infracciones Andalucía es la comunidad que más suma con 563; seguida de la Comunidad Valenciana con 455; Cataluña, con 297 y Madrid, con 281, y Canarias, con 250. A cierre de noviembre, había 746.900 trabajadores afectados por un ERTE en toda España.
