Una de las funciones centrales del sistema educativo es actuar como igualador social, de forma que eleve el nivel educativo de la población con independencia del origen socioeconómico de cada persona. La educación es la principal herramienta para salir de la pobreza actuando como pieza clave del “ascensor social”, un ascensor que, sin embargo, no funciona del todo bien en nuestro país, como indica el informe ‘Pobreza infantil y desigualdad educativa en España’, publicado por el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil.
La función equitativa y compensadora de las desigualdades del sistema educativo actual no neutraliza por completo el peso del origen socioeconómico en los resultados y trayectorias de los y las alumnas. De esta forma, en España, la casi mitad de las personas que han crecido en hogares con un nivel básico de estudios no supera ese mismo nivel educativo, generándose una transmisión intergeneracional de la desventaja educativa. Un nivel de estudios básico en el hogar conlleva además una alta probabilidad de que los niños y niñas se encuentren en situación de pobreza infantil.
El informe destaca los efectos de la desigualdad en varios ámbitos de la educación: el primer ciclo de educación infantil (0 a 3 años), el abandono educativo, la repetición, la digitalización, el gasto educativo de los hogares y la segregación.
Existe un claro impacto de la situación socioeconómica del alumnado en sus resultados académicos. Los y las estudiantes que provienen de hogares con menos recursos repiten 5,5 veces más que aquellos con más recursos. En el caso del abandono educativo temprano, los datos son aún peores: los alumnos y alumnas de orígenes socioeconómicos más bajos lo padecen 7,5 veces más que los más aventajados. Esta desigualdad educativa tiene otras muchas caras. Se observa desde el primer ciclo de educación infantil, al que los niños y niñas menos aventajados asisten la mitad que aquellos más aventajados; y en digitalización, con importantes brechas en acceso a internet, equipamiento y uso de estas tecnologías. Esa situación se ve agravada por la segregación escolar por cuestiones socioeconómicas que reproduce las desigualdades y vulnera la igualdad de oportunidades.
El Gobierno de España actúa en el marco de sus competencias para combatir los efectos de la desigualdad socioeconómica en la educación. El Proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE) supone un paso importante en la lucha contra la desigualdad educativa en nuestro país, así como el incremento previsto del 139% en el proyecto de Presupuestos del Ministerio de Educación y Formación Profesional para 2021.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2021 reinician la inversión en educación infantil con 201 millones de euros destinados a crear 21.794 nuevas plazas públicas, dedican 654 millones de euros para la formación profesional del sistema educativo, 80 a reforzar el PROA (apoyo educativo), 150 al Plan Educa en Digital, 827 a la creación de aulas digitales e incrementa en 514 millones las becas y ayudas al estudio entre otras medidas.
Por su parte, la LOMLOE tiene como uno de sus principales objetivos el aumento de la equidad del sistema educativo. Entre las medidas que incorpora están, por ejemplo, el impulso a la atención individualizada a los alumnos y alumnas de Primaria, la realización de diagnósticos precoces y el establecimiento de mecanismos de apoyo y refuerzo para evitar la repetición escolar, particularmente en entornos socialmente desfavorecidos. La ley impone a las administraciones la obligación de asegurar la equidad entre el alumnado y hace especial atención a la oferta educativa extraescolar y de ocio educativo, así como medidas para reducir la segregación escolar por nivel socioeconómico del alumnado.
La LOMLOE y el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 avanzan en la reversión de esta situación, importantes pasos adelante que ponen en funcionamiento el ascensor social, fundamental para la lucha contra la pobreza infantil.
Alto Comisionado Para la Lucha Contra la Pobreza Infantil
