Alcoa, Nissan o Siemens son la punta del iceberg de un sector que lleva años deslocalizándose, perdiendo miles de empleos y con los centros de decisión fuera de nuestro país.
2020, el año del Covid, con permiso de 2021, que apunta maneras, pero aún no sabemos cómo acabará, ha sido un año aciago para la industria. Prácticamente no pasó un mes sin que una gran multinacional anunciara el cierre de alguna de sus fábricas españolas. Los anuncios de Alcoa, Nissan o el más reciente de Siemens hace sólo unos días para sus plantas en Lugo, Barcelona, A Coruña o Cuenca, son los más alarmantes porque ponen cerca de 5.000 empleos directos en peligro, pero, señalan fuentes sindicales, no son más que la punta del iceberg de un proceso que lleva años gestándose. Deslocalización, coste energético, competitividad y dependencia de unos centros de decisión que se ubican fuera de nuestras fronteras son los principales problemas. Ahora, el Gobierno, con la ministra del ramo, Reyes Maroto, al frente, pretende, de un lado revertir algunos de estos cierres, que aún están en negociación, y de otro, crear un Foro de alto nivel de la Industria, apelando a un Pacto de Estado en esta materia. Se antoja difícil.
Hace solo unos días, Siemens Gamesa anunciaba el cierre de dos de sus plantas en España, la de As Somozas, en la provincia de A Coruña, y la de Cuenca. La medida conlleva la puesta en marcha de un despido colectivo que afecta, en principio, a 266 trabajadores, según la empresa que enmarca esta decisión en las iniciativas que ha puesto en marcha «para mejorar la competitividad, principalmente en el negocio de ‘onshore’, y ser rentable de forma sostenible». La empresa controlada por el grupo alemán Siemens explica que el cierre de la fábrica de Somozas se debe a la falta de pedidos de las palas del modelo de turbina SG 2.X-114 que produce la planta y a la imposibilidad que tiene de fabricar de manera competitiva los modelos más grandes que demanda el mercado. La firma no tiene ningún pedido confirmado para este modelo de pala en España en 2021 y no hay previsión de que haya ningún proyecto con ese modelo en un futuro, por falta de demanda.
Pero lo sindicatos no creen en estas razones en absoluto y creen que es una deslocalización ‘pura y dura’, y apuntan que obedecen a la decisión de la multinacional de abandonar su actividad en España y trasladarla a las naves de Senvion en el puerto de Vagos (Portugal). Recuerdan que también se han reforzado en Marruecos. Fuentes sindicales señalan que “quién va a creerse que justo en este momento, con la nueva subasta de energías renovables a las puertas y la apuesta del Gobierno por estas energías, no haya demanda para esta fábrica”. Las administraciones también dudan porque han rechazado los cierres tanto el Gobierno central como los ejecutivos autonómicos de Galicia y Castilla-La Mancha en un comunicado conjunto.
Además, los precedentes no son buenos. Hay que recordar que hace solo seis meses Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE), en junio del año pasado, también anunciaba el cierre de la fábrica de Aoiz (Navarra) y el lanzamiento de un ERE para sus 239 empleados, porque la producción de la planta -palas para modelos de aerogenerador anticuados y pequeños- no se ajustaba a la demanda del mercado. Así las cosas, Siemens Gamesa lleva tres cierres y más de 500 trabajadores despedidos en menos de un año. Algunas fuentes del sector se quejan amargamente de que “Gamesa colocó a España en el mapa mundial de la eólica, con pedidos de punta a punta del globo. Pero Siemens no ha apostado por la industria de nuestro país”.
En cualquier caso, los cierres aún están sobre la mesa. Ya se ha celebrado una primera reunión entre el comité de empresa y la compañía y se han acordado nuevos encuentros de negociación, que serán el 27 de enero y el 3, 10 y 18 de febrero.
De Lugo a Barcelona
También colea la negociación de otro de los anuncios de cierre más significativos por la cantidad de trabajadores a los que afecta, el cierre de la fábrica lucense de la siderúrgica americana Alcoa que, precisamente, acaba de anunciar que ha reducido un 85% sus pérdidas en 2020, hasta los 140 millones de euros y que hoy en día asegura que continúa buscando alternativas para su planta de San Ciprián. La situación es tensa. Los trabajadores llevan dos meses en huelga y tienen en la manga un as judicial: la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) decretaba a finales de diciembre la nulidad del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Alcoa al apreciar «mala fe» en las negociaciones por parte de la empresa. De este modo, el TSXG tumba el despido colectivo de más de 500 trabajadores de la planta de aluminio de Alcoa San Cibrao, en el municipio de Cervo (Lugo).
Ha habido ofertas de compra, como la de los británicos de Liberty, y también por parte de la Sepi, la que parece que tiene más posibilidades de salir adelante. Hay programadas varias reuniones y un referéndum entre los trabajadores de la planta para estudiar la última propuesta que esta sobre la mesa y que incluye la venta de la planta de aluminio -no la de alúmina- y el cese de la huelga que se alarga desde el pasado mes de octubre.
Alcoa anunció sus planes de cierre para Galicia en mayo del año pasado, el mismo mes que Nissan, que en los últimos años ha recibido más de 180 millones en ayudas públicas, anunciaba los suyos en Barcelona. Nissan tiene previsto el cierre de las plantas de Barcelona a finales del próximo 2021 tras llegar a un acuerdo con los trabajadores de alargar casi un año el funcionamiento de estas. Un tiempo extra para tratar de buscar potenciales compradores que puedan mantener la capacidad productiva en Zona Franca y salvar miles de empleos. Está difícil. El cierre de las plantas barcelonesas de Nissan no solo afecta a los empleos directos de la fábrica japonesa, sino que pone en riesgo cerca de 3.000 puestos de trabajo de 69 empresas proveedoras, según un informe elaborado por la Diputación de Barcelona. Gianluca de Ficchy, presidente de Nissan Europa, argumentó el cierre de la planta de la Zona Franca de Barcelona por el escaso grado de utilización de la factoría, que en el último año y medio ha vivido una pérdida continuada de modelos, hasta situarse en un 20% de su capacidad.
La debilidad viene de lejos
En menos de un año más de 15 empresas han anunciado cierres y la cifra de empleos en peligro suma ya 5.000, solo directos. A Siemens, Alcoa o Nissan, hay que añadir otras empresas que han decidido deslocalizar sus plantas en España: Sniace comenzó el año anunciado el cierre de su planta de Torrelavega (Cantabria) y la salida de sus 400 trabajadores. Gestamp la de Zamudio o CAF (Trenasa) la de Navarra.
Carmelo Ruiz de la Hermosa, secretario de Política Industrial de UGT tiene claro que, aunque el Covid ha empeorado la situación, “hace tiempo que la industria no está fuerte”. “De hecho, continúa, se vio durante la crisis sanitaria. Si no había plantas para hacer mascarillas ni respiradores…”. “El Gobierno tiene que estar en esta pelea, porque muchas de las fábricas afectadas por anuncios de cierre o de ERE son viables. Nosotros no vamos a cejar en el empeño”. A comienzos de la década de 1980, el sector industrial representaba el 28,6% del PIB. Ahora, apenas ronda el 16% y ha perdido casi la mitad de su peso en el mercado laboral.
Una cifra que nos coloca por debajo de la media europea. En 2017, según datos de Eurostat, el peso medio de este sector en los Veintiocho se colocaba en el 17,6%. Para este año, Bruselas se había propuesto que la fuerza de la actividad industrial en los Estados miembro se situara en el 20% del PIB. Un objetivo que visto lo visto se adivina complicado.
¿El Gobierno tiene un plan? ¿Alguien tiene un plan?
Parece que sí, al menos sobre el papel, y, señalan los expertos, se necesita más que nunca porque una de las razones de estas deslocalizaciones es que los centros de decisión de la mayoría de las empresas con plantas no esta en España. “Los cierres, los despidos, se deciden en EE. UU., en Francia, en Alemania… las multinacionales solo tienen aquí sus centros de trabajo”.
El Consejo Económico y Social (CES) presentó hace unas semanas un informe con 130 propuestas para la reindustrialización del país, entre las que incluye alcanzar un pacto de Estado para aprobar una nueva Ley de Industria que permita optimizar el uso de las ayudas europeas y garantice la recuperación del sector. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha respaldado esta propuesta, destacando que el Gobierno intentará conseguir ese pacto a lo largo de la legislatura, y ha anunciado la creación de un foro «de alto nivel» con empresas y sindicatos para reformar la industria. Lo cierto es que los expertos señalan que la solución para la industria en España pasa necesariamente por una política común en la Unión Europea que defienda los intereses de los países miembros y, más a corto plazo, la inyección de efectivo a través del plan de reactivación económica que contempla la Comisión Europea para paliar los daños de la pandemia. El CES ha reclamado una mayor presencia de la industria manufacturera en los proyectos tractores incluidos en la agenda digital, que contiene medidas distribuidas en 10 ejes estratégicos. El órgano consultivo del Gobierno respalda que se impulsen las políticas industriales y de I+D+i «en aras de convertir al país en una región fuertemente innovadora». Además, también es partidario de fomentar la investigación aplicada y de centrar las políticas de innovación en las necesidades de la industria, así como de promover la colaboración público-privada a través de proyectos de investigación industrial.
