El agujero fiscal del Estado asciende al 6,45% del PIB a cierre de noviembre mientras que el del conjunto de administraciones, excluyendo entes locales, se sitúa en el 7,82%.
El desequilibrio presupuestario de España volvió a acrecentarse en noviembre ante la doble presión que ejerce la pandemia sobre las cuentas públicas, que ha disparado el gasto público mientras que ha rebajado con fuerza los ingresos tributarios. Como resultado, el déficit quintuplica ya los niveles registrados en el undécimo mes del año anterior.
En concreto, según los datos de ejecución presupuestaria ofrecidos este viernes por el Ministerio de Hacienda, el déficit del conjunto de las administraciones públicas -excluyendo a las corporaciones locales y sin incluir la ayuda financiera- alcanzó los 87.602 millones de euros. La cifra supone el equivalente al 7,82% del PIB, frente al 1,58% alcanzado en noviembre de 2019.
Por su parte, el déficit de la Administración Central, se situó en los 72.256 millones de euros, el 6,45% del PIB. Descontado el gasto en intereses (déficit primario), la cifra quedaría reducida al 4,63%. Más allá, el desequilibrio emana de un descenso de los ingresos públicos del 12,7%, hasta los 162.429 millones de euros, y un incremento del 19,2% en los gastos, alcanzando los 234.685 millones.
El 87% de este incremento se corresponde a gastos relacionados con la emergencia sanitaria, detalla Hacienda. De hecho, el Estado se ha hecho cargo de buen aparte de la factura de la pandemia y ha realizado trasferencias extraordinarias a comunidades autónomas -a las que inyectó 16.000 millones con el fondo Covid- y a la Seguridad Social. Así, mientras última sufre un déficit del 1,65%, el conjunto de las regiones logra un superávit del 0,29% del PIB.
De hecho, todas las regiones muestran un comportamiento más positivo que el de hace un año, con la excepción de Navarra y País Vasco. Así, solo las regiones forales, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia están en números rojos mientras que las otras 12 regiones arrojan superávit.
Las comunidades ha visto crecer sus ingresos un 8,5%, con incrementos del 14,5% en las transferencias del Estado, y del 4,2% en los impuestos, con alzas del 13,7% en renta y patrimonio por las mayores entregas a cuenta.
