El informe sobre derechos de los cotizantes prevé tensiones financieras. El INE estima que estos costes previstos se han elevado un 6,2%.
El horizonte financiero de la Seguridad Social se prevé tenso a pesar de la llegada de los fondos europeos en 2021 por la caída de ingresos que supondrá la destrucción de empleo, pero la lectura a largo plazo es demoledora: el Estado debería acumular en sus arcas 3,6 veces el valor del PIB para poder pagar todas las futuras pensiones de los actuales cotizantes. Es decir, los derechos de pensión que están acumulando los actuales trabajadores españoles con sus aportaciones al Sistema en forma de cotizaciones sociales asciende a 4,3 billones de euros.
Como explica el economista y experto en la materia, Javier Santacruz, el dato es “demoledor” y “muy importante”, ya que supone que si la Seguridad Social fuera una aseguradora privada, esos 4,3 billones de euros deberían de estar previsionados como garantía de pago de las futuras prestaciones que cobrarán los beneficiarios cuando se jubilen. Es decir, esta cantidad se corresponde con los derechos de pensión que acumulan los actuales ocupados de nuestro país con sus cotizaciones, y recoge el pago de esas pensiones a lo largo de la esperanza de vida del beneficiario.
La presión de Europa
Más allá, cabe destacar el origen de este cálculo y la lectura que tiene en la Unión Europea. Se trata de un informe trienal que obliga la Comisión a elaborar a los Estados miembros para conocer la capacidad financiera de los sistemas de Seguridad Social europeos y sus perspectivas de necesidades de financiación en el largo plazo. Al recoger un horizonte temporal tan amplio y la situación laboral de la masa de trabajadores de un momento determinado hace que el cálculo no sea preciso, pero sí da una perspectiva de la situación que afronta.
Así, de los derechos de pensiones devengados en los sistemas garantizados por las Administraciones Públicas, 3,9 billones de euros corresponden al sistema de Seguridad Social y 378.320 millones de euros al sistema de Clases Pasivas, con aumentos del 6,6% y del 3,7% en relación con 2017, respectivamente. En lo que respecta a aquellos derechos devengados en otros sistemas vinculados al empleo, 33.848 millones corresponden a sistemas de cotización definida y 26.261 millones a sistemas de prestación definida, con descensos, en ambos casos, del 4,9% respecto a 2017.
De este modo, no llama la atención uno de los anuncios lanzados por el Gobierno en las últimas semanas en el que asegura que el Ejecutivo estudia la posibilidad de elevar de 25 años a 35 años el periodo de cotización de referencia para el cálculo de la base reguladora, que implicaría recortes del 5,5% de media. Una medida que va en la línea de las recomendaciones de la Comisión Europea sobre la necesaria contención del gasto de nuestra Seguridad Social, donde reclama al menos, medidas que eleven los ingresos, o recortes de la generosidad del Sistema.
