PSOE y Podemos acuerdan utilizar el trámite del proyecto de ley de lucha contra el fraude para eliminar la excepción que permitía a las personas físicas hacer operaciones en efectivo de hasta 2.500€.
Lo que hace no tantos años era una operativa más que común, el pago de grandes cantidades de dinero en metálico, se ha convertido de un tiempo a esta parte y por obra y gracia de la entronización de la lucha contra el fraude fiscal como una prioridad máxima de las políticas públicas en un motivo de sospecha.
El primer paso contra los pagos a tocateja lo dio en 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy, que impuso por primera vez en España un techo legal a las operaciones en efectivo. Fue de 2.500 euros y se estableció en primera instancia únicamente para las transacciones en que tomaran parte empresarios o profesionales. La medida nació del clamor de los profesionales de la lucha contra el fraude fiscal que veían en los pagos en metálico una puerta abierta al blanqueo de dinero procedente de actividades ilegales y una sangría de recursos para la Hacienda Pública.
Casi una década después y una vez más en un contexto de necesidad de recursos públicos, el Gobierno de Pedro Sánchez ha querido ir un paso más allá y en el proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal elaborado por el Ministerio de Hacienda, y actualmente en trámite parlamentario, ha introducido una propuesta todavía más ambiciosa, que pretende reducir a tan solo 1.000 euros el techo legal máximo para las operaciones en metálico en las que tomen parte profesionales o empresarios. La norma, no obstante, introducía una excepción a este límite para los particulares bajo el argumento de “minimizar los efectos colaterales de la medida en las pequeñas economías domésticas” y optaba por mantener el límite de 2.500 euros “para los pagos realizados por las personas físicas que no actúen en calidad de empresarios y profesionales”.
La voluntad del Gobierno de disponer un marco que permitiera una adaptación progresiva de los ciudadanos a los nuevos límites legales para operar con efectivo ha durado apenas unos meses. Las enmiendas registradas por el Grupo Parlamentario Socialista al proyecto de ley de medidas de lucha contra el fraude plantean la supresión de esa excepción legal introducida por el Ministerio de Hacienda en el proyecto normativo y la sujeción a ese techo legal de 1.000 euros de las transacciones de efectivo realizadas también entre particulares. La medida puede actuar como límite indirecto a la operativa de las grandes plataformas digitales de intercambios entre particulares tipo Wallapop, cuyas operaciones pese a estar potencialmente sujetas al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales – salvo en el caso de la Comunidad de Madrid – apenas están controladas por el Fisco.
Las fuentes consultadas aseguran que en el debate interno entre PSOE y Unidas Podemos incluso había quién abogaba por ir más allá y rebajar por debajo de los 1.000 euros el techo máximo legal para las operaciones en metálico, bajo el argumento de que éstas son un nicho de blanqueo y hay que restringirlas al mínimo como se está haciendo en otros países de Europa. La solución de consenso ha sido eliminar la excepción legal inicialmente prevista para las operaciones entre particulares, a la que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya tocó con un velo de temporalidad en la presentación del proyecto al trasladar que el objetivo final del Gobierno era implantar el límite de 1.000 euros con carácter general.
La propia ministra aseguró en la presentación del proyecto de ley tras su aprobación por el Consejo de Ministros que el Ejecutivo pretende reducir “a la mínima expresión” las operaciones con efectivo al objeto de disponer de la trazabilidad de todas las operaciones que se realicen en el país. La Administración Tributaria va camino de conseguirlo. Desde la aprobación del primer paquete legislativo de medidas contra el fraude fiscal del Gobierno Rajoy en 2012 tiene la posibilidad de acceder a un enorme volumen de información bancaria sobre los ingresos, traspasos y retiradas de efectivo realizadas por los contribuyentes y cada vez está restringiendo más la posibilidad de operar con efectivo, por lo que la operativa de los contribuyentes está cada vez más bancarizada y, por tanto, más controlado por la Administración Tributaria, que tiene en las operaciones en efectivo uno de los escasos ángulos muertos del sistema de control fiscal.
Europa pone límite a las restricciones al pago en efectivo
Muchos creen que el punto de llegada de esta estrategia en la prohibición efectiva de las operaciones en metálico, pero esa aspiración tiene un importante obstáculo legal. Un reciente pronunciamiento del abogado general de la Unión Europea ha puesto coto preventivamente a la tentación de eliminar las transacciones en efectivo y ha recordado que la normativa comunitaria exige que se admita el euro como medio de pago válido en cualquier transacción.
El proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal también revisará el límite máximo para las operaciones con efectivo para los particulares no residentes en España, que pasará de 15.000 euros a 10.000 euros. Las enmiendas del Grupo Socialista pretenden asimismo introducir cambios en el procedimiento sancionador sobre los incumplimiento de las normativo de pagos en efectivo, que a día de hoy establece una sanción del 25% sobre el exceso al límite máximo para pagos en metálico.
