La UE decidirá en primavera si reactiva las reglas fiscales en 2023, lo que podría comprometer hasta un 25% del dinero asignado.
La suspensión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, impulsada por los organismos comunitarios a comienzos de la crisis del coronavirus para dar algo de tregua a las economías nacionales y cuya vigencia está prevista, al menos por ahora, hasta 2022, da como mínimo un año de tregua a España en lo que a la recepción de los fondos de reconstrucción se refiere. Una vez que los socios tengan que volver a la senda fiscal, sin embargo, el desembolso de los más de 140.000 millones de euros a los que opta España entrará en zona de riesgo habida cuenta de que la Comisión y el Consejo se guardan un as bajo la manga para poder cerrar el grifo de hasta un cuarto de los fondos comprometidos cuando uno de los socios incumpla los objetivos de reducción de déficit.
En concreto, tal y como recoge el reglamento definitivo del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia –la principal pata del fondo Next Generation UE–, la suspensión del desembolso de los fondos “estará sujeta a un máximo del 25% de los compromisos o el 0,25% del PIB nominal, el que sea menor”, cuando uno de los socios quebrante las exigencias asociadas a un proceso de déficit excesivo abierto por el Ejecutivo comunitario, entre otras razones.
El Consejo Europeo utiliza este tipo de procedimientos para apoyar la vuelta a situaciones presupuestarias saneadas, una sombra que amenaza con cubrir a España teniendo en cuenta que la propia Comisión, en sus previsiones de otoño, proyectó un déficit público que se dispararía al 12,2% del PIB en 2020, al 9,6% un año después y al 8,6% en 2022. Sin embargo, mientras la cláusula de escape permanezca en vigor, recalca el reglamento, el grifo seguirá abierto. “La posibilidad que tiene la Comisión de proponer una suspensión debe a su vez suspenderse siempre que se haya activado la llamada cláusula de escape general del Pacto de Estabilidad y Crecimiento”, señala el texto.
La vuelta a las reglas fiscales es, por ello, uno de los temas más espinosos a tratar en el seno de la UE. El Eurogrupo (los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro) celebrado ayer centró buena parte de su agenda en la intranquilidad que generan los crecientes desequilibrios económicos entre países y en cómo atajarlos. En lo que respecta a la cláusula de escape, Bruselas ya ha abierto la puerta a que pueda extenderse a 2023, un debate que, tal y como aseguró ayer la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, “tendrá que llegar en primavera, cuando la Comisión presente las recomendaciones fiscales de cara al año que viene”.
De reactivarse las reglas fiscales en 2022, España tendría serios problemas para hacer frente a una reconducción exprés de sus cuentas a fin de situarlas en los parámetros que la UE considera aceptables. Después de todo, a España ya le costó 10 años salir del protocolo de déficit excesivo que Bruselas activó cuando superó el umbral del 3% (superó el 11%) al estallar la crisis financiera, en 2008. Además, el agujero fiscal del país se incrementó en 2019, por primera vez desde 2012, pasando del 2,54% al 2,8%, y la previsión del Gobierno es que este año salte al 11,3%. Aunque el Ejecutivo se ha propuesto rebajarlo ya este ejercicio al 7,7%, gracias fundamentalmente al rebote del PIB, la cota seguiría más que duplicando el límite aceptado y está por ver qué tiempo da la UE para reajustar las cuentas públicas.
Años de ajustes
Otro tanto ocurre con la deuda pública, que pasará del 95,5% al entorno del 119%, según las previsiones oficiales. En este caso el Gobierno augura una primera rebaja en 2021, al 117%, gracias a la recuperación económica. Sin embargo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) estima que controlar el endeudamiento puede llevarle a España dos décadas de ajustes fiscales. No digamos ya situarlo en el entorno recomendado por Bruselas, del 60% del PIB, que podría no haberse logrado hasta pasado 2050. Del lado del déficit, la autoridad fiscal estima que aún emprendiendo un ajuste del agujero estructural de medio punto anual, volver a la situación precrisis puede requerir toda esta década.
A esta situación habría que añadirle que las previsiones económicas del Gobierno son algo más optimistas que las de la UE, la Airef o el Banco de España, pues la mejora esperada para 2021 se sustenta en un incremento inercial de la economía del 7,2% que se aspira a elevar al 9,8% gracias a las ayudas europeas. El mal arranque del año, con un primer trimestre que se teme plano a efectos de PIB, según vaticinaba ayer el senior advisor de Contexto Económico, Jordi Sevilla, amenaza con restar fuelle a una recuperación que los economistas ya rebajan al 4%. Siendo ese rebote la mitad de intenso que el dibujado por el Ejecutivo, sus proyecciones de mejora de déficit y deuda podrían situar al país en una situación delicada cuando se reactiven las reglas fiscales.
Pero no solo la vuelta al Pacto de Estabilidad y Crecimiento podría amenazar la recepción de los fondos. En el texto, el Consejo y la Comisión recuerdan que pueden proponerse suspensiones cuando el Consejo adopte “dos recomendaciones sucesivas en el mismo procedimiento de desequilibrio alegando que un Estado miembro ha presentado un plan de acciones correctoras insuficiente”. También, cuando adopte dos decisiones sucesivas en un procedimiento de desequilibrio que suponga el incumplimiento “por no haber adoptado la medida correctiva recomendada” o cuando decida que un país “no cumple con el programa de ajuste macroeconómico”, entre otros puntos.
Con todo, el reglamento deja entrever que los apercibimientos comenzarán más como un toque de atención que como un castigo sin retorno. Por lo pronto, se priorizará la suspensión de un compromiso –un desembolso previsto en una fecha concreta– antes que la del pago global. A su vez, el alcance y nivel de la suspensión “será proporcionado, respetará la igualdad de trato entre los Estados miembros y tendrá en cuenta las circunstancias económicas y sociales” del socio afectado, en particular “el nivel de pobreza o exclusión social y la tasa de paro”, una variable especialmente alta en España a la espera además de ver en qué derivan los ERTE. El Consejo y la Comisión también estudiarán el impacto de la penalización en cada economía para que el remedio no sea peor que la enfermedad.
LA DEUDA PÚBLICA SE DISPARA UN 10% INTERANUAL EN NOVIEMBRE Y ROZA EL 119% DEL PIB DE 2020
El incremento del gasto y la caída de los ingresos causados por la crisis económica abierta por la pandemia del Covid-19 sigue pasando factura a las cuentas públicas españolas. La deuda del país volvió a crecer durante el mes de noviembre hasta alcanzar un nuevo récord histórico en los 1,31 billones de euros, tras elevarse en 6.562 millones frente a la cifra de octubre y batir el máximo anterior, del mes de septiembre, según los datos publicados ayer por el Banco de España. El incremento sitúa el monto ya en el marco de las previsiones oficiales del Gobierno para el cierre de todo el ejercicio 2020.
De tomarse como referencia para calcular el tamaño de la economía los datos del cuarto trimestre de 2019 y los tres primeros de 2020, los últimos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, los 1.312.590 millones de euros de deuda supondrían un 114,5% del PIB. Sin embargo, si para la proporción se toma la previsión del producto interior bruto comunicado por el Gobierno a Bruselas para el cierre del año, el peso del endeudamiento se sitúa ya en el 118,75%. A tan solo cinco centésimas, y poco más de 8.000 millones, del objetivo comunicado por el Ejecutivo a la Comisión Europea del 118,8%.
Después de todo, el desbarajuste contable ocasionado por el Covid ha supuesto un incremento interanual de la deuda del 10,5%, lo que arroja un alza de 124.605 millones de euros desde noviembre de 2019. Como consecuencia, la deuda ha saltado con fuerza desde el 95,5% del PIB de cierre del año anterior.
A partir de ahí, el Gobierno aspira a lograr una primera reducción de la deuda pública española durante 2021, básicamente como consecuencia del rebote que espera que protagonice la economía, situándose en el 117%. El incremento de este año ha sido alimentado por un déficit presupuestario que salta del 2,8% al 11,3%, según las previsiones oficiales, y que debería rebajarse en 2021 al 7,7% del PIB.
Por Administraciones
De momento, el grueso de la deuda pública a cierre del mes de noviembre se concentraba en el balance del Estado, que culminó el undécimo mes del año con 1.167.699 millones de endeudamiento, 4.372 más que en octubre. Por su parte, la deuda de las comunidades autónomas se incrementó en 1.530 millones, hasta los 304.216 millones, mientras que la de la Seguridad Social se elevó en 8.250 millones, sumado 85.354 millones. Solo los ayuntamientos y entes locales lograron reducir su endeudamiento, con un leve retroceso de 736 millones hasta los 22.701 millones. Estas cifras incluyen préstamos entre administraciones que computan dos veces, lo que explica la variación respecto a la suma total.
Por instrumentos
Medida por los diversos instrumentos que la componen, el grueso del endeudamiento cobra forma de valores representativos de deuda, de los que 1.052.497 millones están emitidos a largo plazo y 83.046 a corto. Por su parte, otros 172.080 millones lo componen préstamos y 4.967 millones adicionales están formados por depósitos y dinero en efectivo.
