La nueva Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo que prepara el Gobierno va a introducir un cambio cultural muy importante impuesto por Bruselas: la titularidad real de todas las sociedades españolas se incorporará a un registro público que cualquier ciudadano podrá consultar.
Se trata de un nivel de transparencia al que no estamos acostumbrados, que choca contra nuestra cultura tradicional y que puede poner en apuros a bastantes personajes públicos.
Por titularidad real se entiende las personas físicas que están realmente detrás de una sociedad con al menos un 25% de su capital, aunque haya otras sociedades interpuestas: algo muy habitual y que en muchos casos persigue ocultar la identidad del último propietario de estos entramados.
Hasta ahora, esta información la poseían los notarios y estaban obligados a compartirlas con las fuerzas de seguridad, la Agencia Tributaria y los tribunales, pero no era pública. La llamada Quinta Directiva Europea antiblanqueo de 2018, que España va a trasponer ahora en la nueva ley con notable retraso, obliga a que se cree un registro donde el acceso sea público. El actual registro mercantil solo incluye los administradores de las sociedades, pero no a sus propietarios.
Esta obligación se aplicará no solo a las sociedades mercantiles, sino también a todo vehículo susceptible de tener activos, tales como trust, fideicomisos o fundaciones. Precisamente, estos instrumentos se constituyen en numerosas ocasiones con el único fin de ocultar a los titulares reales del patrimonio que figura a su nombre (acciones, bonos, fondos de inversión, inmuebles, etc.).
Personajes públicos en apuros
Varios abogados especializados en blanqueo de capitales coinciden en que la nueva norma va a suponer un shock y que puede poner en apuros a muchos personajes públicos de todo tipo, ya que se va a descubrir que poseen un patrimonio que ellos creían que podían mantener en secreto.
«Es una pérdida de privacidad, pero cada vez está más aceptado que son medidas necesarias, que vamos a un mundo con mayor transparencia. Por ejemplo, hace unos años la gente era reacia a dar cualquier información a su banco, y ahora está harta de rellenar formularios y tests con todo tipo de datos personales. En España no hay tradición, porque va contra nuestra cultura», señala uno de los expertos.
Otro añade que «el blanqueo es un delito intermedio, pero es una herramienta muy potente para prevención de delitos más graves, como tráfico de armas, de drogas, de personas, etc. Por eso, el aumento de la transparencia puede ayudar a luchar contra esta criminalidad».
En España, la confidencialidad ha sido una de las exigencias tradicionales de los altos patrimonios a la hora de trabajar con abogados, banqueros, gestores de patrimonio, asesores fiscales, etc. De hecho, en negocios como la banca privada, la discreción es la clave para atraer y conservar clientes. Además, dados los enormes volúmenes de dinero negro -que en su mayor parte no proceden de delitos graves- que se mueven en nuestro país, esta opacidad sobre la titularidad de sociedades y bienes era muy apreciada.
Sánchez rebaja la transparencia de los políticos
Y ahora se va a terminar, aunque no por voluntad del Gobierno de Pedro Sánchez, sino por imposición de Bruselas. De hecho, el Ejecutivo de PSOE y Podemos ha rebajado las exigencias de transparencia para los políticos: la nueva ley reduce a la mitad el tiempo en el que los políticos deben hacer públicos sus bienes para los investigadores, además de eximir a sus familiares y allegados de esta obligación, tal como adelantó OKDIARIO.
«En España tenemos que asumir que cada vez va a haber más exigencias de transparencia en todos los ámbitos. En los países nórdicos son públicas las declaraciones de Hacienda de todos los ciudadanos, y todo el mundo puede ver lo que gana su vecino», recuerda uno de los abogados.
Ahora bien, una cosa es la teoría y otra la práctica, porque muchas de estas sociedades pantalla (que buscan ocultar la identidad de los titulares reales) están domiciliadas en paraísos fiscales o en países sin intercambio de información, como Panamá. Y perseguirlas por no facilitar sus datos no va a ser fácil: «Hoy en día ningún banco español va a trabajar con sociedades en paraísos fiscales, porque están muy controlados. Pero otra cosa es un promotor inmobiliario en la Costa del Sol».
«Hay mucha gente, incluyendo abogados, que no tiene una perspectiva real de que le vaya a investigar el Sepblac [Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales], que además cuenta con muy pocos medios. Además, con un abanico tan amplio de sujetos obligados a dar información en la nueva ley, es muy difícil de controlar. Quien mucho abarca poco aprieta», señala este experto.
Como también ha informado este medio, dentro de estos sujetos obligados se encuentra todo el sector financiero, el inmobiliario (incluyendo agentes, promotores, notarios y registradores), abogados, auditores, fondos de inversión, capital riesgo, contables, asesores fiscales, casinos, joyeros, galerías de arte, etc.
Otra de las novedades más llamativas de la ley es que extiende las obligaciones de facilitar información sobre operaciones sospechosas a la operativa con criptomonedas, en un momento en que el bitcoin experimenta una subida estratosférica debido a su gran popularidad, pero que muchos consideran una burbuja.
