Cerca de 20.000 empleados públicos del régimen especial para funcionarios decidieron abandonar su actividad en el último tramo del año al calor de los rumores sobre posibles recortes en sus pensiones.
Cerca de 20.000 empleados públicos encuadrados en el régimen especial de jubilación para funcionarios (el de clases pasivas) tomaron la decisión de dejar atrás su vida activa y jubilarse en la recta final de 2020 en un movimiento de salida sin precedentes desde la gran crisis financiera de hace una década y que se produjo en un entorno de creciente rumorología sobre la posibilidad de recortes en las pensiones de los empleados públicos. La mecha de la incertidumbre la encendió el traspaso de las competencias en materia de clases pasivas desde la Dirección General de Costes de Personal del Ministerio de Hacienda hacia el flamante nuevo Ministerio de Inclusión y Seguridad Social de José Luis Escrivá y ni los sucesivos, aunque puntuales, pronunciamientos públicos del ministro sobre su intención de no tocar el régimen ni la declaración explícita del Pacto de Toledo en relación al mantenimiento de las condiciones de este régimen especial de jubilación han logrado apagarla.
Desde el sindicato CSIF se ha venido advirtiendo a lo largo de estos últimos meses sobre la inquietud que el asunto estaba generando en el colectivo de cerca de un millón de funcionarios que continúan encuadrados en este régimen especial. Las cifras parecen dar la razón al sindicato. Entre los meses de octubre y diciembre, inmediatamente después de la asunción efectiva de las competencias de gestión del Régimen de Clases Pasivas por la Seguridad Social que se concretó el día 6 de octubre, el sistema registró 11.103 nuevas altas por jubilación de funcionarios civiles del Estado, lo que supone un incremento de más del 30% respecto a las 8.345 registradas en 2019 o las 8.758 de 2018. En 2017 o 2016 la cifra de jubilaciones en el último tramo del año, donde se suelen concentrar la decisiones de poner punto y final a la vida laboral, se situó por debajo de 8.000…
Si se coge el último semestre del año, el número de funcionarios del régimen de clases pasivas que han decidido dejar atrás su vida profesional se eleva hasta 18.114, una cifra también sin parangón en los últimos diez años y extraordinariamente llamativa si se tiene en cuenta que en la primera mitad del año el número de jubilaciones apenas superó las 8.000. El tirón de la segunda parte del año ha dado como resultado el mayor número de jubilaciones en el régimen registrado jamás en un año completo: 26.349.
¿Una casualidad? Lo que dicen las estadísticas del Ministerio de Hacienda es que la última vez que se registró un flujo de salidas hacia la jubilación tan relevante dentro del régimen de clases pasivas fue a finales de 2011 y una vez en un contexto de persistentes rumores de que entre los ajustes que se iban a abordar en el año siguiente estaría la eliminación de alguna de las ventajas más significativas de este régimen especial, en concreto la posibilidad que da a los funcionarios civiles encuadrados en el mismo de jubilarse a partir de los 60 años sin sufrir penalización alguna en su prestación.
El riesgo de perder esa ventaja ha quedado tan interiorizado en el colectivo que desde el año 2011 las jubilaciones voluntarias – antes de la edad legal de 65 años – se han convertido en el principal canal de salida de los empleados públicos hacia la inactividad y han venido explicando dos de cada tres jubilaciones que se han producido en el colectivo. El fenómeno alcanzó tal magnitud que en la última sesión de negociaciones del Pacto de Toledo, la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, instó a la Comisión a explorar las vías para resolver esta distorsión y garantizar la convergencia del Régimen de Clases Pasivas con el Régimen General de la Seguridad Social, lo que no sólo se llevaría por delante la ‘jubilación voluntaria’ sino que también obligaría a aplicar a los funcionarios de clases pasivas los mecanismos de ajuste previstos para el resto de jubilaciones, como el factor de sostenibilidad. Ya con el Gobierno Sánchez en el poder, la negociación del Pacto de Toledo viró hacia otros derroteros y la reforma de clases pasivas quedó descartada.
Seguridad Social apunta al ‘efecto Covid’
Fuentes del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social dan un barniz de normalidad a lo acontecido en la última mitad de 2020 y atribuyen el fenómeno a que “las altas de este tipo de pensiones son siempre mayores en el último trimestre del año” y a que probablemente este año este fenómeno se haya exacerbado por el confinamiento decretado entre los meses de marzo y mayo que mantuvo recluidos en sus domicilios a decenas de miles de empleados públicos y que se prolongó algunas semanas más para los de mayor edad por su condición de colectivo de riesgo.
“Muchos empleados públicos acostumbran a tomar esta decisión a final de año y es posible que este año la pandemia haya dificultado la realización de los trámites con anterioridad y haya incrementado las jubilaciones en la última parte del año”, aseguran. Los datos que proporciona el Ministerio de Hacienda confirman que en la primera mitad del año se jubilaron unos 500 funcionarios de clases pasivas menos de lo que ha sido la norma en los últimos dos o tres años…pero es que en la segunda mitad el número de jubilaciones ha excedido lo normal en cerca de 4.000.
Fuentes sindicales consultadas por La Información admiten sin embargo que el clima de inquietud creado entre los empleados públicos por la publicación de determinadas informaciones que apuntaban a una reforma más o menos inminente del régimen en el marco de los cambios que está propiciando el Ministerio de José Luis Escrivá y por los episodios puntuales de cambios de criterio adoptados por Seguridad Social han podido influir en este fenómeno. Hacienda no publicará los datos sobre jubilaciones voluntarias en 2020 hasta bien entrado 2021.
