No conocen el paro, ni las lagunas de cotización, tienen mayor cualificación y su sueldo aumenta año tras año. Escrivá ha descartado cambios y PSOE y PP han blindado por escrito el sistema de clases pasivas.
Los rumores de un ‘tijeretazo’ en las pensiones y en los privilegios de los funcionarios a la hora de jubilarse, una hipótesis descartada de forma contundente por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y por los representantes del PSOE y PP en la Comisión del Pacto de Toledo, que acordaron en noviembre blindar por escrito la jubilación de los funcionarios, han puesto nuevamente en el foco el régimen de clases pasivas.
Este sistema permitirá que cerca de 630.000 funcionarios y militares adscritos a él se puedan retirar en los próximos años cuando cumplan los 60 y con prestaciones medias brutas de 2.185 euros, 814 euros más que las nuevas pensiones del sector privado. En la actualidad, 388.129 funcionarios están cobrando esta prestación, además de otros 86.689 militares y guardias civiles retirados.
Escrivá y los grupos políticos presentes en la Comisión buscan fórmulas que permitan garantizar las futuras pensiones, pero los obstáculos son muchos, tanto políticos, ya que Unidas Podemos ha torpedeado la posibilidad de elevar de 25 a 35 los años para calcular la pensión; como normativos, con decenas de convenios colectivos de grandes empresas y de los principales sectores que obligan a jubilarse a los 65 años, un contratiempo que impide el retiro tardío a tres millones de trabajadores.
Los dos partidos mayoritarios se han puesto de acuerdo, algo inusual, para mantener los derechos adquiridos por los funcionarios de carrera, militares y miembros de la Guardia Civil a la hora de la jubilación, una decisión que estrecha el margen de maniobra para una reforma profunda del sistema de pensiones que permita garantizarlas a largo plazo.
La estadística de la Seguridad Social de clases pasivas deja patente que los funcionarios gozan de un retiro mucho más ‘gratificante’ en bastantes aspectos que el de los asalariados del sector privado. Además de poder optar por el retiro a los 60 años, solo con el requisito de haber trabajado 3o en la Administración -en el caso del personal de la Cortes, 35-, su pensión media se sitúa en 2.185 euros, 814 euros más que las nuevas pensiones del sector privado, que son de 1.371 euros. Con 35 años acreditados se recibe el 100% de la pensión aunque haya adelanto en el retiro.
La excepción son los de los Cuerpos Docentes Universitarios y los Magistrados, Jueces, Fiscales y Letrados de la Administración de Justicia, que tienen fijada la edad de jubilación obligatoria a los 70 años de edad. Pese a todo, pueden acceder a la jubilación desde que cumplan los 65 y presenten 15 años de servicios en la Administración.
La brecha en las pensiones
El margen se acorta si comparamos la prestación media de los actuales jubilados que se retiraron a los 65 años (1.680 euros) y se amplía notablemente si nos fijamos en la pensión media del sistema general de la Seguridad Social, que es de 1.169 euros, mil menos que la de los funcionarios.
Varios factores contribuyen a estas importantes diferencias. Los empleados públicos nunca se quedan en paro, no tienen lagunas de cotización por no encontrar empleo y sus retribuciones suben de forma constante durante toda su carrera. La pensión máxima es de 2.707,49 en 14 pagas, igual que en los jubilados de Seguridad Social, pero que se puede incrementar hasta en 332 euros -el equivalente a haber regulador del Grupo/Subgrupo A1- si se prolonga la vida laboral.
Dentro sistema de clases pasivas, que paga la pensión a profesores, funcionarios de carrera, militares, jueces, fiscales y guardias civiles, también se incluyen las prestaciones que se abonan a los familiares de los empleados público y de militares -viudas, a favor de los padres, incapacidad permanente y huérfanos-, víctimas del terrorismo, de delitos violentos y del VIH y militares de la Républica, entre otros.
En total, hay 663.942 beneficiarios, que se reparten 1.192 millones cada mes, un total de 1.780 euros de media. La prestación promedio bruta de los militares supera los 2.100 euros y la de sus familiares 868 euros, casi idéntica a los huérfanos y viudas de los funcionarios. Mientras, en el sector privado las prestaciones de viudedad se sitúan en 729 euros; las de capacidad permanente, 985; a favor de familiares 594; y las de orfandad, en 412 euros.
