El presidente estadounidense, Joe Biden, puso fin al programa denominado ‘Operación Talon’ de la administración de Donald Trump que tenía por objetivo procesar y deportar a los delincuentes sexuales que se encontraban alojados de manera ilegal en EEUU.
Biden, que prometió bajo su administración deshacerse de las políticas del expresidente Trump, recibió un llamado de advertencia por parte de una coalición de 19 fiscales estatales encabezada por el fiscal general de Carolina del Sur, Alan Wilson, para que revierta la decisión, de acuerdo con National File.
Por medio de una carta dirigida al presidente, al secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, y al director interino de ICE, Tae Johnson, Wilson señaló: “Estamos trabajando arduamente para combatir el tráfico de personas y los delitos sexuales en Carolina del Sur y permitir que los delincuentes sexuales convictos que están aquí ilegalmente permanezcan en nuestro país no tiene ningún sentido”.
“Estos delitos sexuales y de trata son repugnantes para la decencia humana en general y para los niños en particular”, agregó Wilson en la misiva.
Por su parte, la procuradora general de Florida, Ashley Mody, recordó que el gobierno federal era el encargado de ayudar a las fuerzas del orden público estatales y locales para detener a los individuos que acechaban a las comunidades.
Ashley, quien fue una de las firmantes, se mostró preocupada con la decisión de Biden al cancelar una operación que se centra en la detención de los delincuentes sexuales en EEUU, asegurando que desde su papel como fiscal general de Florida, ha concentrado sus esfuerzos en acabar con el tráfico sexual de menores, y como madre, era algo realmente repudiable.
Wilson y Mody firmaron la carta junto a los fiscales generales estatales de Arkansas, Indiana, Alabama, Georgia, Kansas. Missouri, Kentucky, Luisiana, Montana, Oklahoma, Nebraska, Mississippi, Nebraska, Dakota del Sur, Utah, Texas y Virginia del Oeste.
Para los fiscales, existe una “grave preocupación” de que la administración Biden esté fomentando los delitos sexuales así como la pedofilia particularmente después de tomar tal determinación para acabar con el programa.
De acuerdo con la carta, esta “decisión imprudente amenaza con empoderar a los depredadores sexuales para victimizar a mujeres y niños en Estados Unidos” y además “exacerbará la trágica crisis de agresión sexual y tráfico sexual entre las comunidades de inmigrantes y migrantes”.
En la carta los fiscales expusieron que entre la población de inmigrantes ilegales que están en suelo estadounidense, se encuentran delincuentes que cuentan con condenas previas por delitos sexuales.
Datos aportados por el Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse, indicaron que entre octubre del 2014 y mayo del 2018, el ICE arrestó a “19.572 extranjeros ilegales con condenas penales para quienes la condena previa más grave fue una condena por delitos sexuales”.
La misiva continúa resaltando que “la cancelación de la [Operación Talon] transmite efectivamente al mundo que Estados Unidos es ahora una jurisdicción santuario para los depredadores sexuales”.
“Este mensaje crea un incentivo perverso para que los depredadores sexuales extranjeros busquen ingresar ilegalmente a Estados Unidos y agredir a más víctimas, tanto en el proceso de migración ilegal como después de su llegada. También transmitirá el mensaje a otros delincuentes extranjeros que han cometido otros delitos de que es poco probable que se apliquen medidas firmes contra ellos”, agregó.
