Mientras la UE urge una reforma del sistema creíble y sostenible, las demandas -que suponen mayores costes- siguen llegando al ministro y los intentos de frenar los avances vienen de todos los lados.
La reforma de las pensiones, que pretende dar estabilidad al sistema y garantizar las prestaciones a largo plazo, es el proyecto más relevante que contempla el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en esta legislatura, tras años de retraso. Con los informes del Pacto de Toledo en la mesa, infinitos cálculos y proyecciones estadísticas y tras numerosos encuentros -y desencuentros- con agentes sociales, asociaciones, expertos y partidos, el ministro, José Luis Escrivá, que tiene una hoja de ruta clara, se ha fijado como objetivo que los cambios entren en vigor en enero de 2022.
Pese a que en muchos aspectos de los hasta ahora planteados hay coincidencias, también son bastantes los cuestionados, puesto que la meta es el ahorro y la transparencia y en ese camino será necesario tirar de recortes y ‘ajustes’. Toda una carrera de obstáculos en la que el titular de la cartera se ha encontrado con Unidas Podemos, demandas de asociaciones, sindicatos, partidos e, incluso, Bruselas, que reclama un trabajo ‘fino’, que dure en el tiempo, y cuyo resultado está condicionado, en parte, a la llegada de fondos millonarios.
Más de 9,9 millones de pensionistas se benefician del sistema, de los cuales el 53% cobra menos de 600 euros. Pero el Gobierno mantiene la vista puesta en el aluvión de jubilados que llegará en los próximos años, en un contexto de retroceso de la natalidad y aumento de la esperanza de vida. Uno de cada tres ocupados -6,45 millones- tiene en la actualidad 50 años o más y durante los próximos 15 años tendrán la edad legal para jubilarse.
El ‘enemigo’ está en casa
Unidas Podemos, el socio de Gobierno de Pedro Sánchez, aliado en muchos momentos con los sindicatos, se ha convertido en una auténtica piedra en el zapato del ministro José Luis Escrivá, que no ha podido ocultar su malestar con la actitud de algunos dirigentes morados en el Ejecutivo, con los ataques de responsables de la formación de Pablo Iglesias y con las filtraciones ‘malintencionadas’ de algunas iniciativas.
Sin duda, el roce más importante ha tenido que ver con la ampliación del período del cálculo de la pensión. Un asunto que sin duda perjudica a los que han tenido carreras largas y su sueldo ha ido aumentado de forma progresiva año a año. Mientras, perjudica notablemente a los que contaban con un trabajo bien retribuido y lo perdieron durante o después de la crisis. En cualquier caso, la idea de Escrivá sigue en la mesa, aplazada, pero desde luego no olvidada, y se llevará adelante de forma progresiva.
Otro frente abierto que tiene el ministro con el vicepresidente ‘social’ Pablo Iglesias es la eliminación los coeficientes reductores con carácter retroactivo de los pensionistas afectados por la crisis. Desde el Ministerio se asegura que supone un coste altísimo, pero Iglesias tiene detrás a numerosos colectivos que representan a los trabajadores que se jubilaron anticipadamente con 40 o más años cotizados o a los que tuvieron que adelantar su retiro, a la fuerza, con importantes penalizaciones.
Las grandes empresas, a la contra
Mientras Escrivá busca resortes y mecanismos para incentivar la jubilación más allá de la edad legal en un momento que la edad de retiro medio es de apenas 64,6 años y trata justificar las penalizaciones a los que se retiren pronto, las grandes empresas, muchas de ellas ‘beneficiadas’ desde hace meses por los ERTE, parecen haber pactado una carrera contrarreloj para ver quién prejubila a más trabajadores y con menos años.
BBVA, Santander, Telefónica, Heineken, Sabadell, Indra, Coca-Cola… La lista de grandes compañías que están haciendo o proyectan hacer prejubilaciones o sacar adelante Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) es interminable. Con grandes incentivos, la mayor parte de los empleados saldrá con entre 50 y 55 años. Es un mecanismo del que las grandes compañías le cuesta prescindir y al que los sindicatos no saben renunciar.
Otro freno, la jubilación forzosa
La jubilación obligatoria o forzosa sigue presente en los convenios colectivos de sectores como la construcción -que ocupa a 1,5 millones de trabajadores-, el metal -que da empleo a 200.000 personas- y el de las empresas de seguridad, pero también en los de muchas de las grandes compañías, como Iberdrola, Telefónica, Mahou, Orange, Ilunion o RTVE, en el del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) o en los de pequeñas y medianas empresas. También muchos convenios del sector público ponen como límite la edad para jubilarse, normalmente 65 años.
El Ministerio de Seguridad Social quiere acabar con esta práctica, demasiado habitual y perjudicial para las pretensiones de Escrivá, que quiere, cueste lo que cueste, que la jubilación a los 65 años pase a ser cosa del pasado, mediante incentivos o con penalizaciones que frenen el adelanto. Sin embargo, las empresas y las patronales defienden la jubilación forzosa, a la que Escrivá quiere poner coto, pero que curiosamente reactivó hace apenas dos años Sánchez, y que afecta a más de tres millones de trabajadores. La justificación de los empresarios es que permite la renovación de plantillas, sobre todo en sectores como el industrial o la construcción.
Los que buscan pensiones ‘a la carta’
Durante una media de 20 años, las pensiones se convertirán para muchos en su única fuente de ingresos y la defensa de su cuantía y de incrementos periódicos, aunque sean unos euros para mantener el nivel de vida, o de nuevos complementos, como el de maternidad, se defienden con ímpetu. Cualquier mejora es bienvenida, pero tiene un coste, que puede frenar la reivindicación de otro, en un contexto en el que se trata de gastar menos e ingresar más.
Unidas Podemos y numerosas asociaciones buscan recuperar en su pensión el dinero que perdieron por jubilarse anticipadamente, lo que implica una jubilación ‘a la carta’ en un sistema de reparto y solidaridad. Las cotizaciones de los trabajadores no sirven solo para pagar su pensión y todos los excesos de cotización permiten compensar a otros jubilados de forma solidaria.
En las redes sociales nacen cada día plataformas en las que pensionistas, jubilados o los que en breve lo serán se aconsejan sobre las gestiones a seguir o simplemente se fijan los objetivos de sus demandas. Predominan las plataformas de jubilaciones anticipadas, en las que se solicita que no se penalice la salida del mercado a los 63 con 40 años cotizados, pero hay otras que fijan esa edad en 35 e incluso en 31.
El ministro Escrivá tendrá que mostrar en breve su parecer sobre esta cuestión, que tiene un coste importante -afecta a 530.000 jubilados, según Asjubi40, y a más de dos millones, según el Gobierno-. La partida para contentar a estos jubilados podría multiplicarse por cuatro, dependiendo de la fuente, pero también se deberá tener en cuenta que en pocos años millones de trabajadores con largas carreras y sueldos importantes, procedentes del ‘baby boom’, se jubilaran. Todo un escollo en el objetivo de Escrivá de ajusta las cuentas.
Funcionarios, policías, bomberos…
Con mayor o menor justificación, existen numerosos colectivos que tienen privilegios y cláusulas de jubilación que la mayoría de los trabajadores no disfruta. Pese a todo, surgen voces de manera constante denunciando estas diferencias. La Seguridad Social deja claro que la edad ordinaria de jubilación puede ser rebajada o anticipada en aquellos grupos o actividades profesionales, cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa, tóxica o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad. “La aplicación de los coeficientes reductores no puede dar lugar a que el interesado acceda a la pensión de jubilación con edad inferior a 52 años…”, asegura.
Esto supone que varios colectivos pueden retirarse por diversas circunstancias casi 25 años antes que la inmensa mayoría de los trabajadores. Los funcionarios, adscritos al régimen de clases pasivas que ahora gestiona la Seguridad Social, no han podido evitar que ciertos rumores apuntasen a un ‘tijeretazo’ en sus pensiones y a un retraso de la edad de jubilación.
Sin embargo, esta hipótesis fue descartada de forma contundente por Escrivá y por los representantes del PSOE y PP en la Comisión del Pacto de Toledo, que acordaron en noviembre blindar por escrito la jubilación de los funcionarios, pero no ha impedido poner nuevamente en el foco el régimen de clases pasivas. Los 630.000 funcionarios y militares adscritos a las clases pasivas se pueden retirar cuando cumplen los 60 y con prestaciones medias brutas de 2.185 euros, 814 euros más que las nuevas pensiones del sector privado, y justificado al menos 30 años cotizados en la Administración -con penalización- o 35 o más, que permitirían obtener el 100% de la prestación.
Lucha por eludir los gastos impropios
Es un punto en el que todo el espectro político y social parece estar de acuerdo, sin embargo, la burocracia y los tiempos juegan en contra de Escrivá. El Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo, publicado en el Boletín de las Cortes el pasado 10 de noviembre, constataba la apuesta por la separación de las fuentes de la Seguridad Social. Todavía existen múltiples gastos de naturaleza no contributiva que siguen sufragándose con las cotizaciones de los trabajadores, que solo deberían ir destinadas a pagar las pensiones contributivas.
Según el Tribunal de Cuentas, la Seguridad Social tuvo que asumir con recursos propios la financiación de gastos que deberían haber sido financiados en su totalidad mediante una aportación del Estado al presupuesto de la Seguridad Social. La Seguridad Social dedica cada año 22.871 millones (el 1,6% del PIB) a pagar partidas que no le corresponden.
Compromiso y exigencias de Bruselas
En un momento en el que el gasto en pensiones no contributivas supera los 10.000 millones mensuales -en 14 pagas-, Bruselas presiona para que España aborde una reforma profunda y sostenible en el tiempo. “La reforma de las pensiones es clave para acceder a los fondos de la UE y está en el propio interés de España”, aseguraba recientemente en el diario El Mundo el responsable de las pensiones . Y es que las pautas que a muchos incomodan son las que se están siguiendo en el resto de los países europeos, que tienen incluso mejores ratios de natalidad y menos mortalidad. Retrasar el retiro ahora es la clave.
La Unión Europea reclama a España, de forma urgente, un plan sostenible, creíble y coherente. Tanto la reforma de pensiones como la laboral, que supondrán recortes, están condicionadas a los fondos de recuperación de la Unión Europea (Next Generation EU) y no quiere que los cambios que se introduzcan sean un simple maquillaje para salvar la cara.
