La Audiencia Provincial de Tenerife ha suspendido dos causas de IRPH en espera de que el TJUE se pronuncie respecto a las prejudiciales presentadas por dos juzgados tras la sentencia del Supremo.
Tal y como venimos publicando en Diario16, el Tribunal Supremo despreció al propio sistema democrático al negarse a paralizar la paralización de todos los recursos en espera de lo que vuelva a determinar Europa respecto a las dos cuestiones prejudiciales presentadas. Por tanto, seguirá haciendo su trabajo, es decir, continuará archivando todas las causas de los afectados mientras, como ya ha ocurrido, admitirá a trámite los interpuestos por los bancos.
Sin embargo, en estas páginas también hemos dado cuenta respecto a la rebelión que se está produciendo en distintas instancias de la Administración de Justicia española contra la decisión del Supremo respecto al IRPH que, recordemos, reconocía que el índice se había comercializado con falta de transparencia pero que ese hecho no conllevaba que la cláusula fuera abusiva, y que provocaron reacciones desde distintos ámbitos, que van desde la investigación abierta por la Comisión Europea tras la denuncia de un bufete de abogados hasta la presentación de dos cuestiones prejudiciales por el magistrado Francisco González de Audicana y la magistrada María del Carmen Robles.
La Audiencia Provincial de Tenerife ha sido la última instancia judicial que se ha incorporado a la «rebelión de los jueces justos» y ha decidido paralizar los procedimientos que tiene pendientes de resolver en relación con el IRPH en espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncia sobre estas dos cuestiones prejudiciales. Esta decisión es la mejor muestra de cómo aún existen tribunales en España que tienen la prudencia de no adoptar decisiones que, en este caso, pueden ser irrevocables o que puedan caer en las fauces del Tribunal Supremo que, en los grandes casos de la banca, siempre dictaminará en favor del sector financiero hasta que Europa les para los pies. Lo que ha hecho la Audiencia Provincial de Tenerife no es más que la definición perfecta de la Justicia justa. Luego, tras lo que dictamine el TJUE, hará lo que hará, pero, de momento, ha preferido anteponer los intereses de la ciudadanía a los de la banca y evitar consecuencias para los consumidores prácticamente irremediables.
En realidad, se trata de una medida preventiva para no enfrentar a los afectados contra un Supremo que todo el mundo ya sabe lo que hará cuando, como bien afirmó la magistrada Carmen Robles, el Alto Tribunal había reinterpretado la doctrina emanada de la sentencia del TJUE del 3 de marzo de 2020 «en exclusivo beneficio de las entidades financieras predisponentes […] quebrando toda posibilidad de defensa a los consumidores pues no existe otra instancia donde recurrir tal decisión judicial convirtiéndose en firme. Esta tramitación acelerada de recursos de casación para intentar que queden inadmitidos no se ha conocido nunca en la historia del Tribunal Supremo español, que escapa a toda lógica jurídica y a los principios de protección de los derechos de los consumidores, que provoca necesariamente un enriquecimiento y beneficio de las entidades financieras en detrimento de los consumidores afectados por esta cláusula».
