El Parlamento Europeo ha solicitado a Pablo Iglesias y a Fernando Grande-Marlaska que den explicaciones por el escándalo de prostitución de menores tuteladas en Baleares.
En dos cartas remitidas por la Comisión de Peticiones, el organismo comunitario se dirige al vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y al ministro del Interior para comunicarles la apertura de una investigación tras la queja planteada por un ciudadano de Ibiza, José Luis Sánchez-Saliquet, que fue candidato de Vox al Senado.
En su denuncia, Sánchez-Saliquet señalaba que los trabajadores del centro en el que residían las menores prostituidas habían avisado de los abusos, sin recibir respuesta por parte del organismo responsable, el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).
«Los superiores jerárquicos del IMAS no dieron continuidad a estos avisos ni realizaron las preceptivas acciones para investigar, denunciar, esclarecer y evitar que se reprodujeran», destacó este ciudadano, que añadía que «pese a la magnitud de los hechos y los intentos de la oposición por esclarecer e investigar los hechos tanto por la vía judicial como en sede parlamentaria, el gobierno balear –incluso habiendo aparecido nuevos casos recientemente-se ha mantenido inactivo y trata de ocultar lo sucedido».
Saliquet llamaba la atención en la denuncia sobre el hecho de que «ninguna acción fuera realizada por los responsables del IMAS ni por los responsables del gobierno balear, salvo el reconocimiento, el 28 de enero, por parte de la consejera de Asuntos Sociales y Deporte, Fina Santiago, de ser conocedora de la existencia de menores tutelados que estaban siendo prostituidos».
Y añadía: «Desde entonces, el gobierno de las Islas Baleares, con el apoyo del gobierno central cuyo signo político es el mismo, han rechazado toda acción enfocada a esclarecer los hechos y a evitar que se sigan produciendo».
«Once meses después de la denuncia ante la policía por abusos sexuales de una menor de 13 años, el gobierno no ha hecho nada para resolverlo, y lo más dramático es que nuevos casos de abuso sexual y prostitución de menores tutelados han emergido, siendo el silencio de los responsables políticos del gobierno balear todavía más atronador», proseguía la denuncia.
Veto a la investigación por parte de PSOE y Podemos
Ahora, el Gobierno deberá explicar las medidas que ha adoptado para proteger a los menores. Igualmente, la Comisión podría enviar a sus representantes a Baleares para investigar a fondo el asunto.
Por parte del PSOE se intentó evitar que la investigación prosperase, al considerar que, con ello, se sometería a las chicas a una «doble victimización» por la exposición de sus casos. Desde Podemos se destacó el archivo de las diligencias abiertas.
Cabe recordar que los partidos que gobiernan en Baleares -PSOE, Podemos y Més- votaron en contra de la creación de una comisión de investigación en el Parlament para depurar responsabilidades sobre estos abusos, que afectaron, al menos, a 16 menores tutelados por la Administración pública.
Posteriormente, los socios del Gobierno socialcomunista vetaron en el Congreso la admisión de una solicitud de PP y Ciudadanos para crear en la Cámara alta una comisión que investigase los abusos.
El caso se conoció cuando una niña de 13 años fue víctima de una violación grupal en Palma, en la Nochebuena de 2019. Desde entonces, y pese a la repercusión y gravedad del tema, no se ha producido ninguna dimisión de cargos públicos.
En un debate en el Congreso, Pablo Iglesias abroncó incluso a la oposición al reclamarle explicaciones sobre qué haría su vicepresidencia para defender a las menores tuteladas. Iglesias acusó al PP de «demostrar su indignidad en este tema» al convertirlo en una «disputa política». En ningún momento quiso esclarecer el asunto ni aportar datos.
El asunto ha sido objeto de enfrentamientos entre el Gobierno y la oposición. En otra intervención, la diputada de Vox, Macarena Olona, reprochó a la ministra de Igualdad, Irene Montero, la «perspectiva de género» que tanto defiende desde su Ministerio y le preguntó por el caso de las menores tuteladas: «¿En nombre de qué perspectiva de género vetaron la investigación de las niñas abusadas en Baleares?».
La Comisión Europea advirtió a Sánchez sobre los abusos de menores en Baleares: «Estamos preocupados»
El escándalo de los abusos a menores tuteladas en Baleares ha llegado a Europa e implica de lleno al Gobierno de Pedro Sánchez. Después de solicitar por escrito explicaciones al Ejecutivo, en concreto a Pablo Iglesias y Fernando Grande-Marlaska, sobre este asunto. La UE ha abierto una investigación tras la queja recibida de un ciudadano de Ibiza. Pero ya el pasado enero desde la Comisión Europea se trasladó la seria preocupación de las instituciones comunitarias por estos hechos.
Durante la reunión de la Comisión de Peticiones, celebrada el 26 de enero, el representante de la Comisión Europea, Antonio Labrador, no ocultó la inquietud que genera el caso. Labrador, que lidera el grupo de trabajo encargado de la problemática de los abusos sexuales, expresó: «Reconozco la preocupación que plantea esta petición» y recordó con vehemencia que «combatir los abusos sexuales es una prioridad para la Comisión».
El pasado julio, como expuso Labrador en su intervención, la Comisión Europea publicó una estrategia para proteger a los menores y luchar contra estos delitos. Bruselas pidió una actuación determinada, más investigaciones y una mejor asistencia a las víctimas y se avisó de la necesidad de asegurar que cada país aplicase «de forma total» la actual legislación, cuyo epicentro es la directiva, del año 1993, para luchar contra la explotación sexual de menores.
«La directiva exige que los Estados miembros tomen una serie de medidas para evitar los abusos sexuales, como programas de intervención o campañas para aumentar la concienciación, así como formación de funcionarios», advirtió el representante europeo.
España no ha adaptado aún a su normativa interna esta directiva. Por esta razón, en enero de 2019, la Comisión abrió un procedimiento de infracción, que aún no se ha resuelto. El Gobierno español remitió su respuesta a ese expediente, que ha sido analizada por las autoridades de la UE. Actualmente Bruselas «sigue controlando el progreso de este asunto».
Fuentes comunitarias confirman que «la Comisión inició hace unos años un procedimiento de infracción contra España por no aplicar las normas de la UE contra el abuso y la explotación sexual de menores y la pornografía infantil». «Estamos en contacto con las autoridades Españolas para resolver todas las cuestiones pendientes», destacan a este periódico.
PSOE y Podemos siguen ocultando los hechos y ahora además rechazan de plano la intervención de la UE en el asunto
Durante el debate, PSOE y Podemos mostraron su disconformidad con que Bruselas investigase el asunto de las menores en Baleares. Cabe recordar que ambos partidos, junto a Més, forman el tripartito que gobierna las islas. En su momento, las formaciones ya rechazaron la creación de una comisión de investigación en el Parlament. Pese al escándalo tras conocerse que al menos 16 menores habían sufrido abusos no se han producido dimisiones.
La representante socialista en la Comisión de Peticiones, Alicia Homs, llegó a afirmar durante el debate que «los máximos responsables son los abusadores».
Consideró que «el daño que han sufrido las víctimas de abusos es doble, por los propios abusos y la exposición pública de sus casos para intentar obtener rédito político» y reprochó que esa «mediatización» ha «perseguido desacreditar a las instituciones protectoras, como el IMAS, vertiendo dudas sobre su funcionamiento y sus responsables».
«El IMAS y sus profesionales son fundamentales para proteger a niños vulnerables», aseveró la eurodiputada.
Por parte de Podemos, Idoia Villanueva se remitió al archivo del caso y destacó que «no existe una red de prostitución como tal». La formación de Pablo Iglesias también se opuso a que la UE se interesase por el asunto.
El escándalo de las menores de Baleares es un tema incómodo para los socios en el Gobierno socialcomunista. Iglesias nunca ha asumido responsabilidades en el asunto, remitiéndose a que el asunto estaba judicializado. En una sesión en el Congreso, Iglesias llegó a calificar a PP y Vox de «indignos» y «repugnantes» por exigirle explicaciones. Hay que destacar que el vicepresidente segundo ostenta las competencias de derechos sociales y de protección de la infancia.
Irene Montero, por su parte, ha insistido en el único argumento de que la oposición utiliza el tema como «arma arrojadiza».
«Les pediría un poco menos de uso partidista y un poco más de humanidad. No están teniendo en cuenta a esos niños y, sobre todo, niñas», señaló también en el Cámara Baja.
Condenados dos hombres por corrupción de menores tuteladas en Baleares
La Audiencia Provincial de Baleares ha dado por probado lo que el gobierno de la socialista Francina Armengol se negó a investigar: la corrupción de menores tuteladas. Así, la Audiencia ha condenado en Palma a dos hombres, uno de nacionalidad española y otro nigeriano, por su implicación en los delitos de corrupción de las menores tuteladas.
Hace ahora exactamente un año, que el Gobierno dirigido por Armengol votaba en contra de crear una comisión de investigación en el Parlament de Baleares para investigar los casos de explotación sexual de menores tuteladas por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS). Una comisión que solicitaron desde la oposición ejercida por Vox y Ciudadanos, pero que se encontró con el voto en contra de los socialistas.
Pero no solo la Justicia ha entrado en el escabroso tema de las menores tuteladas obligadas a prostituirse, el Parlamento Europeo también le exigía esta semana explicaciones al Gobierno de España y al balear, en relación al caso de las 16 menores tuteladas que fueron víctimas de explotación sexual en dicha Comunidad Autónoma.
«Llevo un año presidiendo la Comisión y esta es una de las peticiones que más me han impactado», aseguraba la eurodiputada del Partido Popular, Dolors Montserrat tras un bronco debate en el que el PSOE, partido al que pertenece Armengol, y Podemos, acusaron a los representantes de PP, Ciudadanos y Vox de instrumentalizar políticamente el caso.
Sin embargo, el caso llegó al Europarlamento de manos de un particular, José Luis Sánchez-Saliquet, quien reclamó acciones a la Cámara para que actúen «lo antes posible» para que este caso no vuelva a repetirse. Incluso la Fiscalía acreditó los hecho en un informe.
Aunque la Armengol no quiso investigar el caso, la Justicia sí lo hizo, y la Audiencia Provincial, en una sentencia hecha pública este sábado, considera probado que el acusado de origen español estuvo, al menos durante el año 2019 y hasta que le detuvieron, manteniendo contacto vía móvil y concertando citas con las menores tuteladas a través de otra menor, amiga de ellas.
También se considera acreditado en el fallo, que este hombre “mantuvo conductas de naturaleza sado o fetichista con las menores”, una de ella de 14 años, entregándoles a cambio dinero, invitándolas a comer o al cine. Unas niñas que debían estar protegidas por el Gobierno de Francina Armengol, pero que no lo estuvieron.
La Sala ha condenado al hombre de 64 años, 50 más que su víctima, a dos años de prisión, después de haber reconocido que varias veces dio a las víctimas billetes de 20 o 50 euros o les invitó a cenar o al cine, a cambio de prácticas fetichistas en las que él actuaba como ‘esclavo’ y las chicas como sus ‘amas’. Al reconocer los hechos, la acusación se redujo de los cinco años iniciales que solicitaba la Fiscalía, a los dos a los que finalmente ha sido condenado.
Junto con la condena de prisión, la sentencia también impone un alejamiento de las niñas de 300 metros, así como la prohibición de comunicarse por cualquier medio con las víctimas. Por otro lado, los magistrados también le imponen la obligatoriedad de someterse a un programa formativo de educación sexual y al pago, tanto de 5.000 euros en concepto de responsabilidad civil, como de la mitad de las costas procesales.
En el caso del segundo acusado, la Audiencia Provincial considera acreditado que el segundo de los acusados, un hombre de origen nigeriano de 39 años, también mantuvo contacto con las menores tuteladas durante el año 2019. Contacto que se mantuvo hasta que fue detenido.
En el caso de este hombre, primero trató de mantener relaciones sexuales con una de las niñas, pero esta se negó aunque él le ofreció dinero. Aunque con la primera de las menores no consiguió sus própositos, sí que lo hizo con otras niñas, una de ellas de 14 años. La sentencia explica que como pago, el ahora condenado les regalaba ropa y dinero, pero que, además, también les proporcionaba drogas que consumía junto a las víctimas.
Debido a todo lo anterior, los magistrados le han impuesto una pena de ocho años y seis meses de prisión; así como a ocho años de libertad vigilada; también ha sido condenado a pagar a cada una de las víctimas 2.500 euros en concepto de daños morales y a abonar las 4/5 partes de la mitad de las costas.
En el caso de esta última pena, uno de los tres magistrados que conforman el Tribunal ha emitido un voto particular en el que, pese a no discrepar de los hechos probados, “considera que esta condena debería de ser de cuatro años y tres meses de prisión”.
