El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha dado un primer paso contra los planes de pensiones privados: quitarles los incentivos fiscales. Y ya prepara el segundo y más obsceno: el de crear “un fondo de pensiones de promoción pública que se extienda a todos los trabajadores a través de la negociación colectiva y pueda ser potenciado mediante incentivos fiscales”, tal y como ha comunicado ya el Ejecutivo a Bruselas.
Es decir, que el Gobierno de Sánchez e Iglesias prepara una sustitución de facto de los planes privados de pensiones para sustituirlos por uno controlado desde la órbita pública, al que, ahí sí, pretende aplicar incentivos fiscales con tal de hacerse con el control de esa bolsa de ahorro.
El texto remitido a la UE no es otro que el documento de reformas anexo al Plan de Recuperación de España. Y es, nada menos, que el conjunto de promesas del Gobierno nacional remitido a Europa para demostrar que son capaces de financiarse y evitar un impago de la deuda tras recibir los 70.000 millones de ayudas directas incluidas en el rescate.
El texto deja muy clara la medida: “Como tercer objetivo se plantea el impulso a los sistemas complementarios de pensiones en el ámbito empresarial y profesional. En particular, se trabajará en el desarrollo de un fondo de pensiones de promoción pública que se extienda al conjunto de trabajadores a través de la negociación colectiva y pueda ser potenciado mediante incentivos fiscales”.
El documento da más detalles: “El sistema actual de previsión social complementaria, sustentado en incentivos fiscales a los planes de pensiones privados, es ineficaz e ineficiente, además de regresivo, según ha constatado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)”. Y lo dice el mismo Gobierno que los ha eliminado. A partir de ahí plantea “como alternativa” el “desarrollo de nuevos mecanismos voluntarios que favorezcan la capacidad de ahorro y de inversión, contribuyendo además a la movilidad laboral de sus beneficiarios. Su articulación a través de la negociación colectiva sectorial puede contribuir a corregir problemas estructurales del mercado laboral”.
Lo cierto es que el cobro del rescate europeo por parte de España tendrá consecuencias y sonadas. El Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se ha comprometido ante Bruselas a infinidad de reformas legales con tal de percibir los 70.000 millones de ayudas directas de la UE. Y no solo se centran en los planes de pensiones.
Hachazo a los prejubilados
Otra de las medidas incluidas en este documento remitido por Pedro Sánchez e Iglesias a la UE afecta al cobro de las pensiones por parte de las personas que pasan a la jubilación antes de la edad legalmente establecida: los conocidos como prejubilados.
A todos ellos, el Gobierno socialcomunista pretende recortarles las pensiones por medio de un incremento de los coeficientes reductores que regula la Seguridad Social, precisamente, por no haber llegado al nivel de años trabajados determinado por la Administración.
El texto señala un punto que ya era conocido: «Se persigue la aproximación de la edad efectiva de jubilación a la edad legalmente establecida». Pero, a continuación, diseña puntos que no se habían hecho públicos hasta el momento: «Paralelamente la reforma pretende mostrar a la población la conveniencia de retrasar la edad de jubilación y crear incentivos para ello».
En esta línea, añade el documento, «se hace preciso realizar cambios en el sistema de coeficientes reductores de la jubilación anticipada para eliminar distorsiones, incluyendo su carácter regresivo, y racionalizar el recurso a esta modalidad». Traducido: penalizar más el acceso a estas prejubilaciones por medio de unos coeficientes reductores más duros que disuadan a los trabajadores y empresas de usar este mecanismo de acortamiento de la vida laboral.
Subida de las cotizaciones
Y hay que recordar que en el peor momento para los autónomos y en plena crisis, el Gobierno se ha comprometido ante la UE también a una fuerte subida de las cotizaciones sociales de los autónomos. El documento elaborado por el Gobierno contiene un apartado con un representativo título denominado: «Nuevo sistema de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos por sus ingresos reales». El documento no deja lugar a dudas: «Se trata de implantar gradualmente un nuevo sistema de cotización en el régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) basado en los rendimientos por la actividad económica desempeñada. De este modo se ha de corregir la distorsión generada por la facultad de elección de la base de cotización que supone una merma de recursos para el sistema y un nivel bajo de acción protectora para los autónomos», añade el documento que ya conoce Bruselas.
El texto prosigue con los detalles y aclara que, efectivamente se trata de una subida recaudatoria: «El resultado del reconocimiento a los trabajadores autónomos de la facultad de elección de la base de cotización es que casi el 85 % del colectivo lo hace por la base mínima. Junto a este problema de insuficiencia de recursos, la lógica contributiva del sistema se traduce en que las prestaciones económicas son sensiblemente inferiores a las del régimen general, hasta el punto de que un 36% de los pensionistas del RETA no alcanzan la pensión mínima, y por tanto, son beneficiarios de complementos a mínimos en las cuantías de suspensiones».
Por todo ello, «la reforma se dirige a los trabajadores autónomos del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), aunque su puesta en marcha se hará de forma gradual para permitir una adaptación al nuevo régimen».
Fondo público de pensiones: competencia desleal contra los privados
El Gobierno socialcomunista pretende sacar adelante un proyecto de creación de un fondo público de pensiones de empleo como alternativa a los planes «extraordinariamente caros» del sector privado. En palabras del ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, las comisiones del sector privado son «inaceptablemente altas» en los planes individuales, y además resultan «muy regresivos» y benefician principalmente a las rentas altas.
Lo que no dice el Gobierno es que el fondo público de pensiones contemplará los incentivos fiscales que Pedro Sánchez ha decidido quitarle a los fondos privados, de modo que el Ejecutivo hace gala de competencia desleal, al perjudicar a estos últimos en beneficio del fondo diseñado por el Ministerio de Seguridad Social. O sea, condena a los planes individuales de pensiones y, al mismo tiempo, crea un fondo público de pensiones con los beneficios impositivos que les niega a los particulares. La idea del Ejecutivo es promover unos planes de aportación definida compartida entre la empresa y el trabajador. Cada mes la empresa invertiría en el plan de ahorro colectivo un tanto por ciento de la nómina de dicho empleado y una parte similar correría de parte del trabajador.
Lo que se trata, en suma, es de utilizar el BOE para cargarse los planes privados de pensiones con el argumento demagógico de que son un instrumento financiero de ricos, cuando las estadísticas demuestran lo contrario. En España hay casi 10 millones de planes de pensiones abiertos: un total de 7,5 millones de trabajadores cuentan con uno individual, que suma 79.850 millones de inversiones, y casi 2 millones de empleados están adscritos a un plan colectivo, cuyo patrimonio ascendía a 35.170 millones.
Hasta ahora, los trabajadores realizaban aportaciones a estos activos financieros con el fin de ahorrarse una parte de su factura de IRPF, ya que era el principal instrumento de deducción, pero la aviesa mano del socialcomunismo que nos gobierna decidió reducir sus beneficios fiscales para beneficiar a los planes públicos de pensiones de empleo. Poco le ha importado que el establecimiento de diferentes límites de aportación a sistemas de previsión social resulte discriminatorio. Con este Gobierno eso de que todos los españoles somos iguales ha pasado definitivamente a la historia.
