Desde 2013 no había una ratio jubilado-pensionista inferior a 1,92. El agujero de la Seguridad Social alcanza 45.000 millones. Las nuevas prestaciones son 350 euros más altas que las que se dan de baja.
La Caja Única de la Seguridad Social, la principal garantía para que todos los pensionistas -9,8 millones-, independientemente de dónde residan, cobren su prestación, pasa por uno de sus momentos más delicados y hay que remontarse a los peores años de la crisis para encontrar una ratio afiliado-pensionista similar al actual -1,92-.
La pandemia del coronavirus ha dejado muy tocado el mercado laboral, con miles de empresas que han echado el cierre, cientos de miles de trabajadores en ERTE y un millón y medio que definitivamente se han quedado en paro, un contexto que hace cada vez más complicado que las pensiones lleguen el día 25 de cada mes.
Los datos contrastados de la estadística de afiliación -a 30 de diciembre- y la de pensiones en vigor a 1 de enero, ambas elaboradas por la Seguridad Social, muestran una situación insostenible, que hace muy difícil mantener las futuras pensiones con solo tres comunidades –Madrid, Canarias y Baleares- en las que la Seguridad Social ingresa más de lo que gasta y el número de afiliados es superior a dos por pensionistas.
Además, de estas tres regiones, Murcia y Navarra tienen un número de trabajadores con respecto a pensionistas ligeramente superior a dos, pero no es suficiente para evitar los números rojos. Tener una ratio elevada ya no es suficiente garantía para mantener unas pensiones cada vez más elevadas y que deben ser compensadas con bajos sueldos y precariedad laboral.
Con un déficit de la Seguridad Social de 45.000 millones de euros en 2020, según el Plan Presupuestario enviado a Bruselas; con una cotización media por trabajador de apenas 7.200 euros y que crece a mucho menor ritmo que las pensiones; y con salarios promedios -los más habituales- inferiores a 1.200 euros anuales a los de las nuevas pensiones, el panorama se presenta desolador. La puntilla será la jubilación de la generación ‘baby boom’, con amplias carreras laborales y elevados sueldos.
Andalucía y Cataluña presentan los mayores déficits de España y tanto País Vasco y Navarra, que buscan la gestión de la Seguridad Social de la mano del Partido Nacionalista Vasco (PNV), presentan números rojos y un porcentaje de afiliados con respecto a pensionistas inferior a la media nacional. Sus pensiones se están pagando en este momento gracias a la solidaridad del resto de regiones. La caída de la ratio hace saltar todas las alarmas. Ya ocurrió en 2011 y forzó a dos ‘duras’ reformas del sistema de la Seguridad Social.
Reducir el gasto con las pensiones subiendo
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, tiene sobre la mesa una profunda reforma de las pensiones y del mercado de trabajo supeditadas a la entrega de 70.000 millones del plan de recuperación por parte de Bruselas. Pese a todo y, sobre el papel, el contexto no hace fácil un incremento de ingresos, por mayores cotizaciones y durante más tiempo, ni de un gran recorte del gasto, aunque el ministro estima que podría ahorrarse 30.000 millones.
No ayuda que cada vez haya más pensionistas y también con pensiones más altas. Los últimos datos ponen de manifiesto que las nuevas pensiones de jubilación, que son mayoritarias en el sistema, son ya un 33% más elevadas que las que causan baja. Lo que quiere decir que los que están accediendo a la jubilación tienen de media ingresos mensuales equivalentes a 1.406 euros, mientras que quienes causan baja percibían de media 1.055 euros.
La tasa de dependencia
Este indicador se ve fuertemente condicionado por la evolución demográfica, que conduce a una población fuertemente envejecida. Según el INE, en 2052 el grupo de población de más de 64 años se habrá incrementado en más de 7 millones de personas, mientras que el grupo comprendido entre 16 y 64 años habrá perdido casi 10 millones. El grupo de los más jóvenes (de 0 a 15 años) se habrá visto mermado en casi dos millones de individuos.
Mientras, las proyecciones muestran que, hacia el año 2022, por cada diez personas en edad de trabajar en España, habrá casi seis inactivas, bien por ser menores de 16 años o por ser mayores de 65 años. A mediados de siglo, la tasa de dependencia será prácticamente del 100%, lo cual implica que cada persona en edad de trabajar sostendrá a una persona inactiva.
