La asociación “Todos los niños robados son también mis niños” celebra con gran entusiasmo la publicación hoy, martes 16 de marzo, del Informe de Amnistía Internacional: TIEMPO DE VERDAD Y DE JUSTICIA. VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN LOS CASOS DE ‘BEBÉS ROBADOS’.
El Informe, elaborado durante los últimos 3 años y en el que nuestra asociación, Todos los niños robados son también mis niños, ha colaborado estrechamente con los investigadores de Amnistía Internacional, llega a las siguientes conclusiones fundamentales, entre otras, que confirman lo que las asociaciones de víctimas siempre hemos defendido:
- El robo de niñas y niños en el Estado español da cuenta de hechos que “podrían constituir un crimen desaparición forzada”, de conformidad con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Lo que tiene claras consecuencias en cuanto al estatuto de la prescripción. Según el Derecho Internacional de Derechos Humanos, el delito de desaparición forzada es un crimen continuado en el tiempo que no prescribe hasta que se esclarezca la suerte y paradero de las personas desaparecidas, y se les garantice la posibilidad real y legal de restablecer su verdadera identidad.
- El Estado tiene la obligación de investigar estos crímenes, y al no hacerlo se mantiene la impunidad incluso hoy, al seguir vulnerando los derechos fundamentales a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición de las víctimas del robo de niñas y niños. No es, por tanto, un crimen del pasado sino del presente al estar estas niñas y niños, hoy adultos, todavía desaparecidos.
Las recomendaciones del Informe son resultado de una objetiva y exhaustiva investigación y coinciden plenamente con nuestras reivindicaciones. Entre otras:
1. Al Poder Legislativo
- “Promulgar una ley específica destinada a la búsqueda e identificación de las personas que podrían haber sido víctimas de apropiación, desaparición forzada y/o sustitución de identidad”.
- Establecer las reformas necesarias del Código Penal para “asegurar que el cómputo del plazo de prescripción en casos de desaparición forzada no comience sino hasta que se determine la suerte y paradero de la persona desaparecida. Muy especialmente, para garantizar que dicho cómputo, en el caso de los ‘bebés robados’, no comienza sino hasta que a la víctima se le garantiza la posibilidad real y legal de restablecer su identidad y, en su caso, los lazos familiares”. Así como revisar “los Concordatos con la Santa Sede, en particular el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, firmado el 3 de enero de 1979, para que no constituya un impedimento a las investigaciones de violaciones de derechos humanos”.
2. Al Poder Ejecutivo
- En concreto, al Gobierno central se le recomienda aplicar plenamente las recomendaciones de los órganos internacionales de Derechos Humanos “en relación con casos de posibles sustracciones ilegales de menores”. Citando expresamente en el Informe al Relator Especial sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, al Comité contra las Desapariciones Forzadas y al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
- También le recomienda que reconozca de manera pública que nunca se dio a las víctimas una respuesta adecuada “por parte del Estado con relación a los procesos de búsqueda de posibles sustracciones ilegales de menores; dicho reconocimiento debe realizarse teniendo en cuenta las causas e impacto que ha tenido la violencia sufrida por las mujeres por razón de género”.
3. Al Poder Judicial y Ministerio Fiscal
- Realizar investigaciones de oficio “de manera exhaustiva, independiente e imparcial”; asumir los dictados del derecho internacional en cuanto a la interpretación de la prescripción “de tal forma que no comience a computar hasta que se garantice la posibilidad real y legal a la víctima para restablecer su identidad y, en su caso, los lazos familiares”; y reexaminar los casos que ya estuvieran archivados y en aquellos donde “exista prueba indiciaria de la comisión de una desaparición forzada, reactivar las investigaciones o, en su caso, instar a la reapertura de las investigaciones judicializadas”.
A todos los Poderes se les recomienda que asuman un papel activo en la resolución de este crimen, coordinación entre todas las instituciones y con las asociaciones de víctimas y, en definitiva, que implementen todas las medidas precisas, descritas exhaustivamente en el Informe, para que las víctimas puedan disfrutar de sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición.
El Informe también hace recomendaciones a la Santa Sede, en cuanto a la revisión de los Concordatos con el Estado español y las disposiciones que puedan estar vulnerando los derechos de las víctimas; así como en relación con el libre acceso a los archivos, por parte de las víctimas, de “las entidades y asociaciones eclesiásticas y las congregaciones y órdenes religiosas dependientes de la Santa Sede”, recomendación que hace extensiva a la Conferencia Episcopal.
Queremos destacar que todas estas recomendaciones, además de otras que se exponen en el Informe, están recogidas en el articulado de la “Proposición de Ley sobre bebés robados en el Estado español” que se tramita actualmente en el Congreso de los Diputados y que promueve CeAqua (Coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina contra los crímenes del franquismo) a propuesta de nuestra asociación, Todos los niños robados son también mis niños. Una iniciativa que contó con el apoyo de Amnistía internacional desde sus inicios en 2017 y con otras entidades como la asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y la Red Argentino Europea por el Derecho a la Identidad (representantes de las Abuelas de Plaza de Mayo en España), a las que se suman entidades memorialistas, feministas y académicas. Y con el destacable respaldo de asociaciones de víctimas por el robo de niñas y niños de diferentes partes del Estado español.
Confiamos en que este Informe, y todas sus recomendaciones, sea tomado en consideración por todos los Poderes del Estado y suponga un determinante impulso a la tramitación de dicha Proposición de Ley.
Consideramos este Informe un documento clave de apoyo a las víctimas, y pionero en la investigación veraz sobre la causa del robo de niñas y niños. Que esta investigación haya sido realizada por Amnistía Internacional, organización en defensa de los Derechos Humanos, aporta un valor añadido. Sus recomendaciones deberán servir a los diversos Poderes, todos interpelados en este Informe, para dar soluciones a las víctimas de este crimen con la debida diligencia. Sin olvidar, la necesaria perspectiva de género que debe aplicarse a todas las investigaciones y bajo la cual se ha realizado este Informe. Una perspectiva que nuestra asociación siempre ha defendido.
Queremos trasladar a Amnistía Internacional todo nuestro agradecimiento por el trabajo elaborado, por el tiempo que sus investigadoras/es han empleado, por el cariño y empatía con los que trataron a las víctimas durante las entrevistas, por el esfuerzo realizado que ha ido mucho más allá de lo que esperábamos, y por la valentía que han demostrado al escribir este Informe, fruto de años de dura, intensa y rigurosa investigación.
Soledad Luque Delgado, Presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños.
Entidad integrante de la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella argentina contra los crímenes del franquismo (CeAqua) y del Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo.
La monja que repartía bebés
Madres que la han denunciado y padres que lo son gracias a ella retratan a sor María Gómez Valbuena: “Era fría, calculadora. Una mujer con dos caras”.
“Fría”, “calculadora”, “como Jekyll y Hyde”. Así es como recuerdan a sor María Gómez Valbuena, de 87 años, única imputada por un juez por presunto robo de niños, madres que la acusan de quitarle a los suyos. Matrimonios que se convirtieron en padres gracias a ella cuentan que acudieron a verla tras oír hablar de “la monja que daba niños”. Y algunos de esos bebés dados en adopción recuerdan hoy que mantenía el contacto con ellos, incluso les preguntaba por las notas. Este es el retrato de una monja acusada de robar bebés.
“Yo estaba muy asustada y me tranquilizó. Me habló de guarderías. Confié en ella. Fue tejiendo una tela de araña hasta que me atrapó”, recuerda María Luisa Torres, la responsable de que sor María esté imputada. Era 1982, acaba de separarse de su marido y estaba embarazada y sola. Acudió a la monja tras ver un anuncio en una revista en el que prometía ayudas madres en apuros. “Cuando me desperté tras el parto, ella era otra persona diferente. Tenía dos caras. Como Jekyll y Hyde. Cruel, altiva. Se quedó con mi bebé. Me amenazó con quitarme a mi otra hija, por adúltera. Y mientras lo decía, yo veía cómo ella estaba imaginando ese momento”.
La religiosa trabajaba como asistente social en la clínica Santa Cristina y colaboraba en la de San Ramón, dirigida por el doctor Eduardo Vela, otro de los nombres que más se repiten en las denuncias por robo de niños. Estaba muy solicitada. A ella acudían matrimonios de distintas partes de España frustrados por la dificultad de adoptar por los cauces tradicionales —en 1980 la Diputación de Madrid acumulaba más de 6.000 solicitudes— y embarazadas en apuros, como María Luisa, o jóvenes solteras que se habían quedado embarazadas trabajando de sirvientas o a las que sus padres habían echado de casa al conocer la noticia. La religiosa las enviaba a una pensión en Madrid donde siempre había habitaciones reservadas a su nombre, o a un piso en el barrio de Salamanca. Apenas salían, salvo para las revisiones con el doctor Vela. Algunos de los padres que luego adoptaron a esos bebés guardan las facturas que sor María les pasaba por la estancia de las chicas. En 1978 ascendían a 500 pesetas por día. Alejandro Alcalde, que adoptó a la hija de María Luisa, Pilar, pagó casi 100.000 en 1982 por “gastos de parto, anestesia…”. Él recuerda a sor María como “de una terrible frialdad”. Le ofreció cambiar al bebé por otro porque Pilar había nacido enferma.
Muchos matrimonios que querían adoptar llegaban a sor María derivados de la Agencia Española de la Protección de la Adopción, fundada en 1969 por el fiscal del Supremo Gregorio Guijarro, padre adoptivo de gemelas. En 1980, cuando ya se hablaba de un mercado ilegal de bebés, Guijarro declaraba a EL PAÍS: “Hoy por hoy, el sistema más rápido para conseguir un niño en adopción es ganarse la simpatía de las personas relacionadas directamente con el tema: asistentes sociales, monjitas… En cuestión de adoptantes, un buen fichero está en manos de sor María Gómez Valbuena”.
Los padres adoptivos de Camino, nacida en San Ramón en 1979, estuvieron a punto de denunciarla. “Sor María debió de ver que no tenían mucho dinero”, cuenta Camino, “y les dijo que la única posibilidad que tenían de adoptar era llevándole otra mujer embarazada que no fuera a quedarse el bebé”. La monja utilizó el sistema del trueque en al menos otra ocasión. Mari Carmen Rodríguez, madre adoptiva de David, nacido en San Ramón en 1981, también relató a este diario que sor María le dijo que tenían que llevarle “otra embarazada a cambio, y que lo hacía así para que las madres no tuvieran pistas y no dieran la lata buscando”.
Sor María dio largas a los padres adoptivos de Camino. “Les dijo que ya llamaría cuando hubiese otro niño disponible. Mi madre dice que ‘ella hablaba de bebés como si fueran manzanas’. Hasta que la amenazaron con denunciarla, y entonces les citó media hora más tarde en San Ramón. Mi madre compró un pijamita azul porque pensaba que le iba a dar al bebé de la embarazada que ella había llevado, que había sido niño, pero sor María les entregó envuelta en una toalla a una niña, yo. Mi madre siempre ha pensado que me tenían preparada para otros con dinero”.
Los padres adoptivos de Alfonso, de Alicante, tampoco entraron con buen pie con sor María en 1983. “Fueron a verla porque una amiga del Opus que había adoptado a tres hermanos en San Ramón les dio su nombre. Me han contado que sor María se enfadó mucho cuando les vio. Ya había salido en los medios la noticia del tráfico de niños en aquellas clínicas y estaba nerviosa. Les dijo que era imposible. Pero casi un año después les llamó. ‘Tienen ustedes amigos muy importantes’, les dijo, y les dio al niño, yo”. La entrega se produjo horas después del parto, de forma ilegal. “Todas las Navidades sor María mandaba una postal y mis padres una cesta con comida. Recuerdo haber hablado con ella por teléfono. Me preguntó si me gustaban mis padres, si iba a misa, qué notas había sacado…”.
A Enriqueta Pelayo oír el nombre de la monja le pone “la piel de gallina”. “Sor María me dijo: ‘La criatura ha muerto. Es un angelito de Dios’. Yo grité que quería verla. Me tiró encima de la cama la ropita que yo había llevado y me dijo: ‘Mejor que se te haya muerto esta y no las otras tres que ya tienes criadas”. Esta semana presentará denuncia. Juan
Antonio Martínez Camino, portavoz de la Conferencia Episcopal, declaró recientemente: “En esa congregación [las Hijas de la Caridad, a la que pertenece sor María] puede haber y hay pecadores y delincuentes (…) la Iglesia no va a oponer resistencia a que se aclaren, en justicia, las cosas”.
Me dijo que mi madre era una viuda indigente
La última vez que vio a sor María, a María José le dio una crisis de ansiedad. Entonces tenía 22 años y había acudido a visitarla al convento con sus padres adoptivos porque deseaba conocer a su madre biológica y quería preguntar a la religiosa que facilitó su adopción si recordaba algo. “Al principio pensó que estábamos allí para darle las gracias y estaba muy contenta. Pero cuando empecé a hacerle preguntas de mi madre biológica reaccionó muy mal”, relata María José —nacida en 1978 en la clínica Santa Cristina—, 16 años después de aquel encuentro con sor María.
En aquella entrevista, la religiosa se empleó a fondo en convencerla de que ella no se acordaba de nada y que, por tanto, no podía darle ninguna pista para que conociera su madre y que en cualquier caso, mejor que no lo hiciera. “Empezó a meterme miedo contándome unos casos horribles. Me decía que esas madres odiaban a sus hijos. Que una vez le habían llevado un bebé a una para que se decidiera [a quedárselo o no] y que la habían tenido que sujetar porque quería estallarlo contra el suelo. ‘Cada dos por tres tenía aquí a una con otro niño. Ya le di tres de sus hijos a una familia, pero como ya no podían quedarse con más, tuve que entregar otros dos a otra’, decía… Insistía en que había pasado mucho tiempo, y que no recordaba nada de mi madre, pero me dio la sensación de que sabía perfectamente quién era yo”, relata María José.
“Me hablaba de la divina providencia. Decía que Dios me había enviado a aquellos padres [los adoptivos] y que mi madre [biológica] me odiaba. Y entonces me dijo: ‘Si te la encuentras por la calle, te reconocerá. Ayúdala’. Dijo que mi madre biológica era una indigente. ‘Y tu padre, vete a saber’, añadió, insinuando que se acostaba con cualquiera. Al salir, me dio un ataque de ansiedad. No me esperaba aquella falta de ética, de sensibilidad, de humanidad. Pensé que si tantos años después me intentaba manipular a mí de esa manera, qué no haría con las madres en el momento”.
María José siguió buscando. “Cuando al final la localicé, a finales del año pasado, mi madre no tenía nada que ver con lo que sor María me había contado”. No era una indigente, sino una viuda y madre de cinco hijos que quedó embarazada de otro hombre. “Me contó que estaba muy asustada. No quería que se enterase nadie de su entorno y sor María la convenció sin mucho esfuerzo de que lo mejor era darme en adopción porque ella tenía un matrimonio muy bueno que no podía tener hijos y que se iba a encargar de mí. Eso era mentira, porque entonces ella aún no sabía a quién me iban a entregar”.
La madre de María José regresó a casa y actuó como si nada hubiera pasado. “A su familia le había dicho que iba a Madrid a hacerse unas pruebas en el hígado y que iba a estar hospitalizada unos días”, recuerda María José. Ese no es su verdadero nombre. Pide uno ficticio porque su madre biológica aún no ha contado lo ocurrido a nadie. “Mis hermanos aún no saben que existo”.
