España ha roto la barrera de los 4 millones de parados, pero la realidad es que hay más de 6 millones de personas sin trabajar.
Las personas desocupadas que se encuentran actualmente bajo un Expediente de Regulación Temporal de Empleo rozaron en 900.000 personas, aunque las cifras se vienen actualizando mes a mes, con tendencia al alza.
Desde finales de 2020 los ERTE se han incrementado debido a los cierres de hostelería y servicios que han llevado a cabo muchas CCAA. Aunque el Gobierno ha venido insistiendo mucho en que los ERTE «no son parados«, su cronificación aumenta, y la idea que ronda entre los afectados es: «un ERTE de hoy es el ERE de mañana».
Si sumamos esas 900.000 personas en ERTE a los 4.008.789 parados oficiales, las cifras se van incrementando. Pero no es la única forma de ocultar la realidad que tiene la «cocina» del Servicio de Empleo Público Estatal.
Desde hace más de una década, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió sacar de las listas del paro a todas las personas que estaban realizando algún cursillo del paro, que son los denominados «demandantes de empleo no ocupados» (DENOS) y que en febrero eran 297.346. Tampoco cuentan como parados los demandantes de empleo con «disponibilidad limitada» o con «demanda de empleo específica» que son aquellos parados que indican en su solicitud de empleo condiciones especiales de trabajo. Por ejemplo, solo trabajar a domicilio, con teletrabajo, en el extranjero o en unos determinados días. En febrero, esta categoría ascendió a 408.853 personas.
Por tanto, si a esos casi 5 millones de personas sin trabajar (entre los parados y los ERTE) le sumamos más de 700.000 que afloran en esta otra cocina del SEPE y que tampoco trabajan, el resultado es de 5,6 millones de personas, una cifra muy por encima de la estadística oficial.
Pero además, si tenemos en cuenta que en febrero había más de 500.000 autónomos con el negocio cerrado y cobrando la prestación por cese de actividad por parte de la Seguridad Social, ya estamos hablando de más de 6 millones de personas sin actividad laboral, es decir, dos millones de personas más de las reconocidas. Y esto sin contar con el llamado «paro informal», es decir, el paro no registrado.
