La Diputada del PP valenciano Elena Bastidas ha solicitado la intervención del Parlamento Europeo por los presuntos casos de abusos, prostitución y agresiones sexuales a menores tuteladas por la Consejería de Mónica Oltra en la Comunidad Valenciana.
Desde la formación que dirige Isabel Bonig, y tras conocer que la Eurocámara ha abierto una investigación por hechos similares ocurridos en Baleares, se ha encomendado a Bruselas.
En el escrito enviado por Bastidas también se hace referencia al caso de los presuntos abusos a una menor tutelada por el que ha sido juzgado por segunda vez el exmarido de Oltra, y por el que la Fiscalía de Valencia solicita una pena de prisión de cinco años.
En el escrito Bastidas dice que ejercitan el derecho de petición, amparado por el artículo 227 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Explica a la presidenta de la Comisión de Peticiones que, en su condición de diputada “he recibido numerosas informaciones de extraordinaria gravedad que afectan a una pluralidad de personas menores de edad bajo tutela de la Generalitat Valenciana, que en los últimos años han sido objeto de abusos sexuales en las instalaciones públicas de acogida en distintos lugares del territorio de la Comunitat”.
Como ejemplo de esos abusos, en su escrito se mencionan varios: que la Generalitat deberá abonar 6.000 euros por dar en acogida un niño a un pederasta reincidente, la violación de una niña de tan solo 13 años que se había fugado de un centro de menores; la detención de una mujer en la ciudad de Alicante que posteriormente fue acusada de facilitar drogas a menores tuteladas con la intención de conseguir que se prostituyeran; la violación de otra menor tutelada en el interior de una casa ocupada; el arresto de tres menores tutelados que presuntamente abusaron de dos niñas, el juicio al ex marido de Oltra y otros abusos de un cuidador en un centro; el caso de un hombre que ha sido detenido por violar a su sobrina tutelada y los casos de las menores tuteladas que presuntamente fueron prostituidas en Valencia.
Dice Bastidas que: “Estos ejemplos son solo algunos de los números casos que desgraciadamente ocurren con una frecuencia intolerable en los centros de menores de la red asistencial pública valenciana, poniendo en peligro la integridad física y la indemnidad sexual de las personas más vulnerables, que son los menores que se encuentran bajo la tutela de la Administración valenciana por no tener progenitores o tutores que se hagan cargo de ellos”.
Y apostilla la ‘popular’ que, hechos de esta gravedad trascienden al ámbito regional o estatal, y “suponen una clara vulneración de los derechos fundamentales de esas personas menores de edad que se encuentran tuteladas por los poderes públicos, tal y como los reconoce el derecho de la Unión, siendo un asunto que reviste de trascendencia suficiente para su conocimiento por la Comisión de Peticiones en aras a recabar datos y testimonios suficientes para adoptar unas conclusiones que sirvan para compeler a las autoridades nacionales a proteger a los menores víctimas de abuso”.
