Las decisiones de los últimos años no han sido acertadas; han sido manifiestamente mejorables y con efectos de futuro de incalculable riesgo.
La Intervención General de la Seguridad Social ha cerrado las cuentas del sistema público de pensiones con un déficit en 2020 de 19.839 millones de euros, una cantidad jamás alcanzada, y que supone un porcentaje del PIB también desconocido, del 1,79%. Un saldo al que se llega tras un crecimiento de los gastos de casi el 9%, un avance inédito en lo que va de siglo, aunque ello se deba en parte a la excepcionalidad del Covid. Pero se trata de un desequilibrio que, además de ser el más elevado de la historia, no refleja la realidad, puesto que un análisis en detalle de las cuentas permite aventurar que el desequilibrio financiero puede superar con holgura los 30.000 millones, únicamente neutralizados por una aportación extraordinaria de la transferencia pública para cubrir las necesidades del sistema. En concreto, además de los créditos extraordinarios aportados por el Tesoro para financiar la falta de recursos, y que se consignan como deuda en el balance de la Seguridad Social, en 2020 la transferencia corriente pasa de los 15.687 millones a los 30.364 para poder equilibrar los números y enjugar el déficit real.
Páguese con deuda o con transferencias, al final la factura se gira al contribuyente, actual o futuro, en una práctica negligente de los últimos años, lustros casi ya, que consiste en mirar para otro lado mientras las cuentas se descosen por falta de decisiones reformistas que atajen el déficit. Un objetivo ausente que se debería lograr bien por incremento de los ingresos, bien por recorte de los gastos, bien por ambas cosas a la vez. Las decisiones de los últimos años no han sido acertadas; han sido manifiestamente mejorables y con efectos de futuro de incalculable riesgo. Se mantiene la banal revalorización según el IPC de las prestaciones y se abandona con ligereza la rigurosa reforma aprobada en 2013 que intentaba imponer disciplina en el gasto desde 2019; y aunque la suspensión del factor de sostenibilidad que proporcionaría el inevitable equilibrio finalizaba en 2023, nadie da hoy un euro porque se retome en aquella fecha.
Bruselas ha exigido a España reformas concretas en la materia como condición inexcusable para acceder a los fondos europeos, y España ha enviado una serie de enunciados reformistas tan polivalentes que cuesta adivinar por dónde irán los verdaderos tiros. Pero el tiempo para evitar recortes realmente dolorosos en las pensiones futuras se agota, como demuestran las cuentas que hoy desvela este periódico. Es obligación perentoria de los políticos resolver el problema, y del Gobierno proponer soluciones creíbles y consensuables con los demás. Un sistema de pensiones de creciente insostenibilidad financiera es una bomba de relojería.
