El aumento de las transferencias del Estado, que ya el año pasado superaron los 30.000 millones para afrontar la pandemia, aminoró el deterioro del saldo del sistema.
El sistema de Seguridad Social cerró 2020 con unos ingresos de 152.044 millones de euros y unos gastos de 171.883 millones de euros, lo que arroja un saldo negativo de casi 20.000 millones de euros (19.839 millones concretamente), prácticamente el 1,8% del PIB. Se trata de unos números rojos que marcan un récord histórico, en el marco de la crisis del Covid-19, según las cifras extraídas del Informe Económico Financiero de la Seguridad, a la espera del cierre de la Contabilidad Nacional a finales de marzo.
Habría que remontarse a 2017 para encontrar el segundo déficit más abultado en términos absolutos (18.675 millones) y a 2016 para hallar el segundo déficit sobre el PIB más elevado (1,66%).
Este resultado es fruto del mayor incremento de los gastos en lo que va de siglo, ya que avanzaron casi un 9%, frente a un incremento de los ingresos que, aun siendo elevado (7,6%), fue superior en los años de bonanza 2006 y 2007, previos a la anterior crisis financiera y en 2019 (7,73%).
Esos casi 20.000 millones, no obstante, son solo la cifra que la Seguridad Social está reconociendo como saldo negativo. Si bien, analizado sus cuentas se observa que en 2020 se duplicó el capítulo de transferencias del Estado, que es el dinero que la Administración estatal transfiere a la Seguridad Social en teoría para el pago de prestaciones universales, no contributivas y otros gastos que se costean con impuestos (como el ingreso mínimo vital u otras ayudas familiares) y, por tanto no aflora como deuda de la Seguridad Social. Pasó de los 15.687 millones de transferencias estatales en 2019 a 30.364 en 2020, 14.677 millones más, gracias a una ampliación aprobada por el Gobierno.
Si no se excluyera esa transferencia extraordinaria del saldo final de las cuentas, el déficit del sistema superaría los 34.000 millones de euros. Sin embargo, pese a que estas transferencias ampliadas no aparecen en la deuda de la Seguridad Social porque es el Estado el que abona la cuantía con la imposición general, sí debería contabilizarse en el déficit estatal final, al que podría añadir hasta 1,4 puntos en 2020 (con lo que se espera que supere el 11% del PIB a cierre del año).
De esta ampliación de transferencias, unos 7.000 millones se destinaron al pago de las prestaciones extraordinarias y cotizaciones de los autónomos por la pandemia. Pero descontado este gasto extra, quedarían algo más de 7.000 millones de gasto estructural que se sumaría al que podría denominarse como déficit ordinario, que se elevaría al entorno de los 28.000 millones de euros, frente a los 20.000 reconocidos por la Seguridad Social para 2020.
Asimismo el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) abonó también el pasado año 9.784 millones por las cotizaciones de los beneficiarios de las prestaciones por desempleo (entre ellos los afectados por ERTE), lo que supuso 4.237 millones más que en 2019.
Así, el saldo negativo de la Seguridad Social en 2020 se habría deteriorado aún más si no hubiera sido por las transferencias específicas de más de 30.000 millones y el pago de cuotas por parte del SEPE por valor de casi 9.800 millones de euros.
Resultado de explotación
Otra lectura de estas cuentas refleja la dudosa salud de un sistema contributivo como el español, en el que por definición las cotizaciones sociales pagan las pensiones.
De esta manera, si se analiza lo que en términos empresariales sería un resultado de explotación, que trasladado a la Seguridad Social sería la resta entre las cotizaciones que pagan empresas, ocupados y beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo y todas las prestaciones económicas (contributivas y asistenciales) se obtienen unos números rojos mucho mayores. Exactamente de 45.927 millones de euros.
Las cuentas públicas que finalmente el Gobierno logró aprobar para el presente ejercicio, ahondan, en el camino de financiar más gastos de la Seguridad Social con transferencias del Estado. En concreto, dicha partida asciende a casi 31.222 millones de euros, de los cuales casi 10.000 millones están destinados a “cumplir la recomendación primera del Pacto de Toledo para financiar otros conceptos”, sin precisar cuáles serán estos conceptos.
