España supera en cinco puntos la media del dinero que destinan los países de la OCDE a sufragar los impuestos y las cotizaciones en los salarios.
Casi cuatro de cada diez euros de los salarios de los españoles acaban sufragando el pago de impuestos. El estudio Taxing Wages de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha revelado que el 39,3% de la remuneración de los trabajadores se destinó en 2020 a abonar tanto los impuestos como los costes de la Seguridad Social. Son casi cinco puntos más de la media de los países que conforman la organización (34,6%).
Es cierto que el peso de los impuestos de los empleados españoles se redujo en el último curso en España con un retroceso de 0,12 puntos con respecto al año 2019. Sin embargo, este descenso se produjo de forma mucho más suave a la media de la OCDE, donde la reducción fue de 0,39. Comparativamente, España cuenta con una carga fiscal mayor después del año de la pandemia.
Las cifras colocan al país por encima de la media mundial, aunque ocupa el puesto número 16 en la clasificación que mide qué porcentaje del salario destina cada territorio a los impuestos. El número uno se lo lleva Bélgica con un 51,5%. Es el único estado que destina más a la Administración Pública de lo que se llevan los propios trabajadores.
La lista la completan varios países europeos que también tienen una considerable carga fiscal como Alemania (49%), Austria (47,3%), Francia (46,6%), Italia (46%), República Checa (43,9%) y Hungría (43,6%). Todos por delante de España.
Por el contrario, lejos de las fronteras europeas es donde se aprecia un menor peso de los impuestos: Colombia (0%), Chile (7%), Nueva Zelanda (19,1%), México (20,2%), Suiza (22,1%), Israel (22,4%), Corea del Sur (23,3%), Estados Unidos (28,3%) y Australia (28,4%) lideran la clasificación a la baja.
La cotización de las empresas a la Seguridad Social condena a España
Buena parte de esta clasificación se explica por el alto porcentaje de dinero que las empresas destinan en forma de cotizaciones a la Seguridad Social para mantener en plantilla a sus trabajadores. Las compañías abonan en este apartado hasta un 23% del salario total neto del empleado. Son casi diez puntos más que la media de la OCDE, fijada en un 13,1%.
Donde si que sale mejor parada España es en las cotizaciones que abonan los empleados que alcanzan de media el 4,9%, lo que representa casi tres puntos y medio menos que la media mundial del grupo de países desarrollados.
España también sale bien parada en la comparativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que representa de media el 11,4% del salario de los empleados del país, frente al 13,1% de la media internacional. Buenas noticias para los que todavía tengan pendiente hacer la declaración de la renta este año.
El debate sobre los impuestos se cuela en la campaña electoral madrileña
Precisamente la carga impositiva ha sido uno de los puntos centrales de la actual campaña electoral de la Comunidad de Madrid y aspira a convertirse en un tema habitual de discusión en la política nacional en pleno debate sobre cómo afrontar la recuperación tras la crisis del coronavirus.
Isabel Díaz Ayuso ha lanzado este jueves una página web con una calculadora de impuestos para que los madrileños conozcan los beneficios fiscales que les repercute vivir en Madrid, frente a otras comunidades autónomas. Un dardo directo al Partido Socialista por su gestión autonómica.
El propio Ángel Gabilondo se ha mostrado en su campaña electoral a favor de no tocar los impuestos con discurso que rompe algunas de las líneas básicas del Gobierno de Pedro Sánchez. Una postura que no comparte Más Madrid, su socio preferente que sí que apuesta por incrementar la carga fiscal en las mayores fortunas de la región.
El debate se sucede después de un año marcado por los enfrentamientos territoriales en materia de impuestos. Regiones como Cataluña o la Comunidad Valenciana le han declarado abiertamente la batalla a Madrid por sus bonificaciones sobre el Impuesto de Patrimonio. Buscan acabar con el dumpling fiscal con una nueva ley que armonice los pagos en todo el territorio.
