Alberto Royuela Fernandez (82 años) ha ido obteniendo información detallada sobre más de mil trescientos asesinatos por encargo, incluyendo el de uno de sus hijos en 1993 y más de 600 encargados por el PSOE. Este conjunto documental se conoce como Expediente Royuela (ER).
Alberto Royuela, ayudado en los últimos años por su hijo Santiago (licenciado en física), han estado veinticinco años investigando esta metamafia institucional y la ingente documentación que ha sido peritada por dos grafólogos judiciales, uno de Austria y otro de Francia.
Para quienes quieran conocer el contenido del ER, pueden leer numerosas publicaciones en medios digitales y en varios canales de YouTube. Gran parte de la documentación del ER está en la página de Javier Royuela Samit y en el canal de YouTube de Santiago Royuela Samit.
El 10 de noviembre de 2020, El País publicó un artículo con el titular El bulo del ‘Expediente Royuela’, donde se habla del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Las falsedades, la falta de rigor y el hecho de que el artículo hablara de otras cosas sin relación, así como que sea una noticia de El País -siendo el PSOE el mayor contratante de los asesinatos-, son motivos suficientes para pensar que el ER es cierto.
Tres años después del asesinato de su hijo, Alberto Royuela interpuso una querella que fue registrada en el Tribunal Supremo el 17 de abril de 2006. Se denunciaba a José María Mena Álvarez, Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña, seis policías y otra persona, por 34 asesinatos, escuchas ilegales, obstrucción a la justicia, deslealtad profesional, amenazas, delitos contra la salud pública, tráfico de drogas, tráfico de influencias, infidelidad en la custodia de documentos, encubrimiento, malversación de caudales públicos, omisión del deber de promover la persecución del delito y el soborno de Felipe González a Conde-Pumpido cuando era Magistrado del Tribunal Supremo, para que se archivara su implicación en los GAL. También se relacionan numerosas prevaricaciones judiciales de varios juzgados catalanes y en la Audiencia Provincial de Barcelona.
La querella se basa en manuscritos y se aportan tres informes de peritación que acreditan que 119 documentos aportados han sido escritos por Mena. El peritaje lo realiza un perito judicial del Tribunal de Apelación de Toulouse (Francia) y otro de Austria.
La querella de Royuela fue tramitada en el Tribunal Supremo en la Causa Especial número 003/0020206/2006. Es relevante, a efectos de su credibilidad, el uso descarado del Lenguaje de la Corrupción Institucional (LCI o LCJ por Judicial) por parte de la Fiscalía y de los magistrados.
La Fiscalía pide el archivo de la querella y que el Supremo denuncie al querellante, en lugar de hacerlo el propio Ministerio Fiscal. En otras palabras, presionan al Supremo para que los magistrados denuncien presionando al juzgado de turno y aparente que todo es legal, pero el Supremo no lo denunció.
La querella fue inadmitida a trámite mediante Auto del 9 de enero de 2007, porque el fiscal Mena ya no estaba aforado por haberse jubilado. Resulta descarada esta demora de casi siete meses y que el Supremo no hubiera ordenado en pocas semanas que un juzgado de instrucción comprobara la veracidad de la documentación aportada. Las sorprendentes causas de la tardanza están documentadas en este procedimiento judicial, en escritos ampliatorios a la propia querella además de evitar entrar a juzgar el asunto.
Todo el mundo que quiera conocer el funcionamiento de las instituciones españolas, debería dedicar un par de horas a leer esta querella y su tramitación que forma parte del Expediente Royuela.
En 2009, Alberto Royuela encontró en el ER que Mena había asesinado al padre de María Eugenia Alegret Burgués, Presidenta del TSJ de Cataluña, y la envió a esta parte del ER. Mena ya no era el Fiscal Jefe del TSJ.
La Presidenta decidió investigar el asunto personalmente, abriendo las Diligencias Indeterminadas/09 con Número de Referencia ATC, citando a declarar a 60 presuntos criminales, la mayoría autoridades públicas: fiscales, jueces, policías, forenses y algunos abogados, así como a 57 familiares de asesinados y al propio Alberto Royuela.
Con esta investigación el TSJ encontró la documentación de más de trescientos asesinatos y pidió la documentación a todos los juzgados que habían instruido los fallecimientos.
Sin recibir las declaraciones, cinco meses después (en noviembre de 2009) la Sala de Gobierno del TSJ acuerda el archivo de estas Diligencias y la Fiscal Jefe del TSJ se allana, cerrando también la investigación. Mena había intentado asesinar a la Presidenta del TSJ, desistiendo por la dificultad. También secuestrar a sus hijos, desistiendo por falta de preparación de sus sicarios, según consta en el ER.
El Consejo General del Poder Judicial no hizo nada, a pesar de que el TSJ había instado su actuación para revisar las actuaciones judiciales relacionadas con esta investigación.
En esta investigación, María Teresa Compte Massachs, Fiscal Jefe de este TSJ, en escrito del 13 de octubre de 2009, responde a la orden de la Presidenta del TSJ, con un informe que recoge la investigación de la Unidad de Policía Judicial sobre las cuentas bancarias en el extranjero del fiscal José María Mena Álvarez y los miembros de la Guardia Civil Rafael García Ruiz y Juan Manuel García Pena, “dando positivas dichas investigaciones en el estado de México, todo ello con las carencias y dificultades de este tipo de averiguaciones al no hacerse por vía judicial”. Debe aclararse que este procedimiento del TSJ es un procedimiento gubernativo y no judicial que crean unas diligencias en la Fiscalía y unas diligencias policiales en la Unidad de Policía Judicial.
Continúa el informe diciendo que los tres investigados “son titulares de diversas cuentas corrientes y depósitos bancarios” en siete entidades en México “se sabe con certeza que en cualquiera de los tres investigados supera con creces la cifra de TRES MILLONES DE EUROS”, teniendo 5, 6 y 9 “cuentas de orden y depósitos”.
El 7 de septiembre de 2009, el Capitán Jefe de la Policía Judicial de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Catalunya, responde a la orden de la Fiscal Jefe de este TSJ, donde informa que en el expediente de la muerte de Javier Royuela Samit, ha desaparecido el informe, “sin que haya constancia de quien lo cogió”. Este escrito tiene N.º de Registro 12422/PJ/AS. En el documento del mismo día, de esta Fiscalía, con N.º de Registro 3266/09/TF se dice que este y una treintena de expedientes más, “fueron entregados personalmente al entonces Fiscal Jefe Don José María Mena Álvarez” y este no los devolvió. Cabe decir que estos expedientes fueron obtenidos por Alberto Royuela, pagando 80.000 euros, cuando Mena ordenó que se tirara a la basura su fichero secreto.
La Fiscal Jefe del TSJ también pidió a la Policía Judicial que la informaran de la situación de los agentes de la Policía Judicial, denunciados por Royuela en 2006, como miembros de esta banda criminal. Tres de ellos estaban en prisión provisional a la espera de juicio por “su implicación en la desaparición de 400 kilos de cocaína de un contenedor situado en el Puerto de Barcelona”, concretamente Cristóbal Lucas Roman Matas (N.º Registro 12323/PJ/AS), Miguel Ángel Higuera de la Fuente (N.º Registro 12324/PJ/AS), Jesús Javier Martín Calvo (N.º Registro 12325/PJ/AS), Roberto de Prádena Castello (N.º Registro 12326/PJ/AS). En la querella se denunciaba a la banda de Mena por tráfico de drogas.
Mena cobró 21.576.000 euros por 200 asesinatos. Tras pagar a los miembros de la Guardia Civil que se encargaban de los sicarios, Mena ingresó 16.301.650 euros, principalmente en la cuenta bancaria 4407-3020-6021-1889-3387-4056 del UBS Credit Suisse.
Mena hizo una campaña de desprestigio contra Alberto Royuela, mediante un escrito a numerosos fiscales y jueces, y Royuela le denunció ante los 599 juzgados que habían archivado los asesinatos.
En los últimos meses, el ex juez Presencia (ex juez de Instrucción y Juez Decano de Talavera) ha presentado varias denuncias contra esta metamafia, basadas en el ER y en los referidos procedimientos judiciales del ER.
El ex agente de la Policía Nacional José Antonio Serrano Balaguer, ha tenido la mayor condena de un policía, siendo condenado por delitos que no ha cometido y pasando varios años en prisión. El ER acredita que fue una represalia y el ex juez Presencia ha denunciado a las autoridades judiciales implicadas. En el canal de YouTube hay varias entrevistas de Santiago Royuela a este ex agente, donde explica lo sucedido.
En enero de 2021, Royuela ha anunciado que el ex juez Luis José Sáenz de Tejada Vallejo, ex Juez de lo Penal en Ciudad Real, está ayudando en la defensa judicial del ER.
El Expediente Royuela ha pasado con creces el test de veracidad y cabe concluir que es cierta su documentación y, por tanto, la mayor trama criminal, terrorista y mafiosa de la democracia española.
Denuncia ante el Defensor del Pueblo
El 9 de marzo de 2021, Javier Marzal solicitó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), copia del expediente donde se tramitó la denuncia de María Teresa Compte Massachs, Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), por la investigación que se estaba haciendo en este TSJC de 1.128 asesinatos.
La solicitud fue tramitada por José Ignacio Atienza López, de la Unidad de Atención Ciudadana. Este funcionario incumplió la legalidad ocultando que es el Jefe de dicha Unidad.
15 días después, Atienza respondió que: “Debido a la pluralidad y la diversidad de hechos que relata, no nos es posible darle una respuesta concreta”. Es evidente que se demoró dos semanas porque, dada la gravedad del asunto, consultó con la cúpula del CGPJ para que le dijeran lo que tenía que hacer. Cabe decir que no existe esa diversidad y que el escrito es claro, conciso y directo.
Tras varios escritos, Atienza siguió sin atender la solicitud, con alegaciones cada vez más peregrinas.
Antes de las respuestas de Atienza, se remitió la solicitud al Presidente del CGPJ para que hiciera que el expediente fuera entregado, previendo la respuesta corrupta.
Por otro lado, como se ha publicado, el 18 de marzo de 2021, la alianza DENUNCIANTES DEL AUTORITARISMO JUDICIAL, remitíó una denuncia a la Fiscal General del Estado contra los participantes del expediente donde fue tramitada la denuncia de la Fiscal Jefe del TSJC, incluyendo a todos los Vocales del CGPJ de 2009, destacando Margarita Robles, Ministra de Defensa, por encubrir 1.128 asesinatos que se estaban investigando en el TSJC.
La denuncia fue contestada por Álvaro García Ortiz, Fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y antiguo Fiscal del Tribunal Supremo, de una forma irregular, propia de un régimen totalitario.
Por ello, en la tarde del martes 13 de abril, Javier Marzal solicitó la intervención del Defensor del Pueblo en estas dos actuaciones de este grave asunto. Sobre la respuesta del Fiscal jefe se dice que contiene las siguientes irregularidades:
- Nuestra denuncia iba dirigida a Dolores Delgado, Fiscal General del Estado y no a la Fiscalía General del Estado ni a su Secretaría Técnica.
- Envía su escrito por correo ordinario, a un domicilio privado que ha investigado para intimidarme, a pesar de que en la denuncia se incluía un email para las notificaciones.
- Se dice que “Acuso recibo de su escrito”, ocultando que es una denuncia.
- Afirma que “no se deduce la existencia de indicios suficientes que justifique una investigación por parte del Ministerio fiscal”, sin siquiera solicitar al CGPJ el procedimiento referido.
Resulta significativo que tanto el CGPJ como la Fiscalía General del Estado, encubran de esta forma tan burda a sus predecesores.
En breve se denunciará al Presidente del CGPJ y al mencionado Atienza ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que ya ha condenado a numerosos funcionarios corruptos. Lógicamente, la denuncia tiene mucho más recorrido.
