El Estado asume la mayor parte de déficit tras el ‘auxilio’ a CCAA y Seguridad Social, y el gasto público subió en 53.000 millones.
El déficit del conjunto de las administraciones públicas se disparó el año pasado a 123.072 millones de euros, cifra que cuadruplicó a la del ejercicio anterior al elevarse en 87.435 millones por la crisis y la Sareb, el equivalente al 10,97% del PIB, casi cuatro veces más que el 2,86% del PIB de 2019. Sin las ayudas financieras y Sareb, se elevó al 10,09% del PIB.
Así lo ha confirmado este lunes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una rueda de prensa para presentar los datos de cierre de la ejecución presupuestaria del conjunto de las administraciones públicas del ejercicio 2020, que reflejan el enorme impacto de la pandemia en las cuentas públicas.
De esta forma, el desequilibrio fiscal es el mayor desajuste desde la crisis pasada en el año 2009 (11,2% del PIB), pero se sitúa más de tres décimas por debajo de la previsión del 11,3% del PIB que tenía el Ejecutivo, del 12,2% previsto por Bruselas o del 11,7% que calculaba el FMI.
En concreto, el desajuste cerró en 113.172 millones de euros, el 10,09% del PIB sin incluir las ayudas financieras, sumando 77.557 millones de euros al desajuste, si bien contemplando las ayudas y especialmente la consolidación de Sareb dentro del perímetro del sector público, como ha exigido Eurostat, el déficit alcanza los 123.072 millones de euros, el 10,97% del PIB. El alza es del 217,8% en el primer caso y del 245,3% en el segundo.
No obstante, Montero ha asegurado que la inclusión del ‘banco malo’ no tendrá repercusión en los próximos ejercicios, y ha aclarado que en el déficit se incluyen los 1.400 millones del coste del proyecto ‘Castor’.
Este déficit público registró en un contexto marcado por la crisis y la suspensión de las reglas fiscales en 2020 y 2021, siguiendo las recomendaciones de Bruselas, que prevé volver a dejar sin validez sus normas fiscales (que el déficit no supere el 3% del PIB) también en 2022.
El Estado asume buena parte del déficit de CCAA y Seguridad Social
Por subsectores, todas las administraciones, salvo ayuntamientos, elevaron notablemente el desajuste fiscal de sus cuentas como consecuencia del aumento de las medidas, especialmente por parte del Estado, que asumió la mayor parte del coste de la pandemia.
En concreto, el déficit de la Administración Central alcanzó los 83.051 millones de euros, el 7,49% del PIB, por encima de la previsión del Gobierno 5,2%. Asimismo, las CCAA elevaron su déficit al 0,21% del PIB, unos 2.306 millones, cuando el Ejecutivo calculaba un 0,6% del PIB.
Mientras, las entidades locales lograron volver a registrar equilibrio, con un superávit de 2.870 millones de euros, el 0,26% del PIB, el menor desde el año 2011, cuando registraron un desajuste del 0,4% del PIB. Desde entonces los ayuntamientos registran superávits.
Por su parte, la Seguridad Social marcó un desajuste de ingresos y gastos de 29.685 millones de euros, el 2,65% del PIB, como consecuencia de los gastos asumidos por algunas medidas contra la Covid-19. El déficit final de este subsector es inferior al 4,1% que preveía el Ejecutivo.
Este elevado déficit del Estado se debe a las transferencias realizadas por el Estado, que subieron un 35,2%, con 42.000 millones más. Estas fueron a las CCAA, con el fondo Covid de 16.000 millones, así como a los 22.000 millones transferidos a la Seguridad Social para financiar gasto extraordinario y 2.300 millones al SEPE para transferencias u cuotas de subsidios de desempleo.
Sin esas transferencias, las CCAA habrían registrado un déficit del 2,6% del PIB, en lugar del 0,21%, y la Seguridad Social un desajuste del 4,6%, en vez del 2,65% marcado finalmente. En sentido contrario, sin el “auxilio” del Estado a CCAA y Seguridad Social el deficit del Estado se habría limitado al 2,3% del PIB, frente al 7,49% alcanzado.
De hecho, nueve regiones registraron superávits: Andalucía (0,14% del PIB), Aragón (0,17%), Asturias (1%), Baleares (0,23%), Canarias (0,55%), Cantabria (0,51%), Castilla-La Mancha (0,41%), Castilla y León (-0,04%) y La Rioja (1,07%). El resto presentaron déficits: Cataluña (-0,35% del PIB), Extremadura (-0,18%), Galicia (-0,08%), Madrid (-0,05%), Murcia (-1,13%), Navarra (-0,95%), Valencia (-1,16%) y País Vasco (-1,12%).
Las CCAA registraron el mayor aumento de sus ingresos públicos desde 2012, con un alza de recursos del 9,4%, hasta 203.586 millones, superior al de los gastos, que se elevó un 6,6%, hasta 205.892 millones. Las transferencias han permitido reducir el periodo medio de pago a su nivel más bajo jamás registrado.
En la Seguridad Social los recursos subieron un 14%, hasta los 190.520 millones, gracias a las transferencias y un repunte del 0,9% de las cotizaciones, pero los gastos crecieron en mayor medida, un 20,3%, hasta 220.205 millones. En el caso de los ayuntamientos, los ingresos cedieron un 5,7%, hasta 73.853 millones, y los gastos bajaron un 4,8%, hasta 70.983 millones.
En todo caso, Hacienda trabaja en un mecanismo compensatorio pro la caída de ingresos en transporte urbano en los próximos días, previa certificación de la caída.
Gasto público récord: sube en 53.000 millones
Según ha explicado Montero, el alza del 77.057 millones de déficit público se debe a una caída de ingresos totales de 24.487 millones (-5%) y al aumento del gasto público para combatir la emergencia sanitaria y paliar los efectos sociales de las restricciones, que alcanzó los 576.489 millones, un 10,1% más.
En detalle, el gasto de las administraciones subió en 53.070 millones, de ellos el 85% correspondiente a medidas para mitigar los efectos de la pandemia, de forma que 9 de cada 10 euros del incremento del gasto público fueron para sufragar los ERTE, las prestaciones por cese de actividad de autónomos, incapacidad temporal o refuerzo sanitario y educativo de CCAA.
Del alza de gasto público, la mayor parte fue a gasto en subvenciones, con un repunte del 71%, hasta 21.420 millones, por las bonificaciones y exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social; a lo que se suma el alza del 15,9% de las prestaciones sociales, hasta 228.115 millones por los ERTE o prestaciones por desempleo.
Las ayudas a la inversión se elevaron un 46,2%, hasta 12.198 millones y la remuneración de asalariados avanzó un 4,5%, hasta los 140.470 millones. Las CCAA efectuaron 8.284 millones adicionales de gasto en el ámbito sanitario y social.
El gasto sanitario y de política social del Estado subió en 2.015 millones, un 77% más, y solo hubo un capítulo presupuestario con bajada, el referido a los intereses de la deuda, que disminuyó un 11,1%, hasta 25.192 millones, para afrontar el coste de la deuda pública.
Dentro de la Seguridad Social, los ERTE conllevaron un gasto de 15.549 millones con un ahorro a las empresas por la exención de cotizaciones de 5.543 millones y de 2.248 a autónomos, en tanto que las prestaciones por cese de actividad supusieron 3.859 millones. Por incapacidad temporal por Covid el gasto fue de 2.112 millones. Hacienda cifra en 5.700 millones lo destinado. autónomos entre prestaciones y exoneraciones.
La recaudación cae un 8,8%: se desploma Sociedades y sube IRPF
De su lado, la recaudación tributaria bajó un 8,8%, hasta los 194.051 millones de euros, el mayor retroceso en once años. Por impuestos, la recaudación por IRPF subió un 1,2%, hasta los 87.972 millones por los ERTE que han permitido “salvar el empleo”, así como por el alza de pensiones y del sueldo de los empleados públicos.
En otras figuras fiscales el patrón de paro de la actividad y consumo repercutió de forma más clara, ya que los ingresos por IVA bajaron un 11,5%, hasta 63.337 millones, por el menor gasto de las familias, que también explica el descenso de los ingresos de los impuestos especiales, con una merma del 12,1%, hasta 18.790 millones.
El peor comportamiento lo registró el Impuesto de Sociedades, con una caída del 33,2%, hasta 15.858 millones de euros, debido a la reducción de los beneficios empresariales y por las devoluciones fiscales, ya que el año pasado aumentaron en 3.000 millones, algo que Montero achaca porque el año pasado aumentaron mucho los pagos fraccionados, una vez liquidados.
A ello se suma, ha recordado Montero, que una sentencia del Tribunal Constitucional declaró inconstitucional decreto ley del Gobierno de Mariano Rajoy que exigía calcular los pagos fraccionados sobre el resultado contable, lo que generó devoluciones por importe de 500 millones. Si solo se tuviesen en cuenta beneficios empresariales, la recaudación habría caído un 23%, 10 puntos menos que el descenso real registrado.
En paralelo, los pagos fraccionados han descendido hasta un 54% en el caso de las entidades financieras, frente a la caída del 37% de media en los grupos consolidados.
La ministra ha achacado la menor caída de la recaudación (-8,8%) respecto a la del PIB nominal (-9,8%) a la “garantía de rentas”, ya que con los ERTE se han conservado parte de la renta, si bien Hacienda ha encargado un estudio al respecto.
Posterga el plan de ajuste y revisará objetivo del 7,7% de 2021
Más allá del elevado desajuste, Montero ha vuelto a postergar el plan de reequilibrio fiscal a cuando haya recuperación y lo exija Bruselas, a pesar de las peticiones de AIReF y Banco de España, teniendo en cuenta que la Ley de Estabilidad obliga a ello dando como margen un mes tras la suspensión de las reglas fiscales, que se produjo el pasado octubre.
En todo caso, ha afirmado que continúa la consolidación fiscal y este año bajará el déficit gracias al crecimiento económico previsto. Eso sí, ha aclarado que se mantendrá el escudo social y la política expansiva el tiempo que sea necesario porque lo contrario sería peor. En este sentido, ha apuntado que se revisará la previsión de la tasa de referencia de déficit público del 7,7% del PIB para este año en el momento del envío del Programa de Estabilidad que España debe remitir a Bruselas antes del 30 de abril, lo que dependerá de la vacunación y de los fondos europeos.
Del déficit total del 7,7% del PIB previsto para 2021, su previsión apuntaba que seguiría siendo asumido en su mayor parte por el Estado, que registrará un déficit del 5,5% del PIB tras realizar unas transferencias de 18.396 millones a la Seguridad Social y de 13.486 millones a las comunidades autónomas, aminorando así el agujero de estos subsectores.
En consecuencia, el déficit de la Seguridad Social bajaría este año al 1,3% del PIB, el de las comunidades autónomas al 1,1% del PIBy las entidades locales presentarán un leve superávit de una décima, según las tasas de referencia de Hacienda pendientes de actualización.
Lo que sí ha avanzado Montero es que el Gobierno aprobará en las próximas semanas en el Consejo de Ministros las áreas de la tercera fase del denominado ‘spending review’ de la AIReF, que evaluará nuevos ámbitos del gasto público con un horizonte a tres años recogido en las ‘fichas’ que remitirá en breve España a Bruselas en el marco del Plan de Recuperación.
Mantiene fechas para fondos UE y ampliará sectores de ayudas
La ministra ha trasladado además “tranquilidad” respecto a los fondos europeos tras el recurso del Tribunal Constitucional alemán que ha paralizado la llegada de los fondos europeos de reconstrucción a toda la UE, ya que las noticias que ha recibido del Gobierno alemán son de “calma”.
Por ello, ha mantenido que el Gobierno español trabajará conforme al calendario previsto, más allá de los posibles retrasos que puedan producirse en la llegada de los fondos, ya que el momento para su ejecución “es ahora y no dentro de uno o dos años”, por lo que remitirá a Bruselas el Plan de Recuperación con las 107 reformas e inversiones “antes de que acabe abril“.
Por último, sobre el paquete de ayudas de 11.000 millones aprobado por el Gobierno hace dos semanas para la solvencia empresarial, del que ya ha anunciado el reparto del fondo de 7.000 millones para las CCAA destinado a ayudas a pymes y autónomos, ha mantenido que el Ejecutivo firmará en un mes los convenios con las regiones para hacer entrega de esos montantes, que han despertado polémica ante las críticas de Madrid por el reparto.
Al margen de la tramitación parlamentaria del decreto, que se tramitará como proyecto de ley y por tanto incluirá cambios vía enmiendas, ha indicado que se firmarán los convenios en un mes y ha dejado la puerta abierta a la incorporación de nuevos sectores como beneficiarios de las ayudas, más allá de los 95 actuales.
