787.000 contribuyentes más se ven obligados a presentar declaración. Las liquidaciones a pagar al fisco crecerán en más de 300.000 y el saldo a favor de Hacienda se disparará un 38%.
Si la pandemia marcó las formas de la campaña de la Renta del ejercicio 2019, que comenzó telemáticamente bajo el Gran Confinamiento del año pasado, esta vez marcará también el fondo de la del ejercicio 2020, que arrancó ayer marcada por las consecuencias económicas de la crisis del Covid-19.
Hasta su conclusión, el 30 de junio, la Agencia Tributaria espera recibir 21,570 millones de declaraciones, un 2,1% más que los 21,12 millones del año anterior. Una cifra récord que se alcanzará por la obligación de presentar declaración que pesa sobre 787.000 nuevos contribuyentes. De un lado, los 460.000 beneficiarios del nuevo ingreso mínimo vital De otro, los 327.000 afectados por expedientes de regulación de empleo (ERTE), de un total de 3,5 millones, que al recibir prestación del Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) superan el umbral de ingresos desde el que se exige hacer la renta. Este se sitúa en general a partir de los 22.000 euros, pero se rebaja a 14.000 euros cuando se tiene al menos un segundo pagador, incluido el SEPE, que aporte 1.500 euros o más.
Como resultado de la campaña, la Agencia Tributaria espera 5,96 millones de declaraciones con resultado a su favor (un alza del 5,7%, casi 320.000 más), por las que ingresaría 12.976 millones (2% más). A su vez, habrá 14,33 millones de declaraciones a devolver (un 1% menos), que le costarán 10.857 millones (un 3% menos). El ajuste neto será de 2.119 millones a favor del fisco, un 38% más.
“La explicación de estas variaciones estriba en el hecho de que, como consecuencia de la generalización del sistema de ERTE, hay un número muy elevado de contribuyentes”, sujetos a una prestación sobre la que el SEPE no suele aplicar retención, “que al tener dos pagadores están obligados a declarar y a menudo les saldrá a ingresar”, explicó ayer el director de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, en la rueda de prensa de presentación de la campaña.
En todo caso, Gascón restó importancia a estas variaciones, recordando que el año pasado se recaudaron 88.000 millones de euros por IRPF por lo que un ajuste neto de apenas 2.000 millones entre ingresos y gastos indica que la declaración supone una corrección mínima, pues el 98% de la recaudación se logra mediante las retenciones ya aplicadas.
Gascón también se refirió a los errores cometidos por el SEPE en el pago de prestaciones por ERTE, que en algunos casos se han saldado con un pago excesivo de unos 1.000 euros de media. El director de la Agencia Tributaria no quiso detallar el número de errores notificados por el SEPE hasta la fecha alegando que tras la recepción de un primer fichero de datos, la Agencia Tributaria está a la espera de una segunda remesa informativa que, previsiblemente la próxima semana, permita identificar mejor el volumen de casos. Probablemente se tratará de “unas pocas docenas de miles” de casos en un océano de 21 millones de contribuyentes, se limitó a ilustrar. No obstante, el fisco confía en contar con toda la información oportuna antes del fin de la campaña.
En estos casos, “recomendamos al perceptor declarar lo correcto, como si ya hubiera reintegrado la cantidad satisfecha indebidamente con independencia de que todavía no haya reintegrado el importe, incluso aunque no haya recibido notificación del SEPE comunicándole” la devolución que debe hacer, dijo Gascón. “Si no conoce el dato”, agregó, “nuestro consejo es que se espere a que la información se actualice”. “Nosotros tenemos un sistema de intercambio de información con el SEPE, que nos va a seguir mandando ficheros, la semana que viene se seguirá actualizando la información, y esa persona que sabe que ha habido un error podría saber en unos días el importe correcto”, dijo. A partir de ahí, el propio contribuyente podrá modificar el importe del borrador, si bien si no logra contar con la información a tiempo podría tener que pagar impuestos por la cuantía indebidamente percibida y subsanar el error luego con una rectificación de la declaración en la que reclame la diferencia al fisco.
En paralelo, el Ministerio de Hacienda publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una orden ministerial para permitir que los afectados por ERTE con declaraciones a pagar puedan fraccionar el abono en seis meses (del 20 de julio al 20 de diciembre), sin intereses, si la deuda no excede de 30.000 euros. El resto de contribuyentes, como siempre, puede fraccionar el pago en dos: abonando el 60% en julio y el 40% en noviembre, o fraccionar a 12 meses con intereses de demora.
Otras novedades de la campaña son que el programa incorpora facilidades para los autónomos que tributan por módulos (facilitándoles reducciones o eliminando del cómputo los 99 días del estado de alarma), que se eleva la deducción por donativos y crece la información
La campaña de la Renta arrancó a las 00:000 horas de ayer y a media mañana ya se habían presentado 422.000 declaraciones, un 34% más que en las primeras horas de la de 2020, “lo cual constata la absoluta normalidad”, valoró Gascón, pese a la persistencia de la pandemia.
En paralelo a la Renta, se celebra la campaña del impuesto de patrimonio, en la que se esperan 218.596 declaraciones (1,5% más) que aporten 1.239 millones (un 1% más). Un alza, en plena crisis, que Gascón achacó a que buena parte de la riqueza, como la inmobiliaria, no ha perdido valor en términos impositivos.
Control sobre rentas foráneas, pisos de alquiler y criptodivisas
Más de un millón de contribuyentes habían revisado ayer los datos fiscales que la Agencia Tributaria puso a su disposición el 24 de marzo. Estos incluyen algunos avisos para incentivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. Así, el fisco ha advertido a 14.800 contribuyentes de que tiene constancia de que poseen criptomonedas; a 961.000 de que está al corriente de que tienen rentas y cuentas bancarias en el extranjero; y a 400.000 de que poseen pisos en alquiler. Las cifras fueron mayores en años previos porque el fisco ha puesto el foco solo en lo que afecta al ejercicio 2020 y porque la justicia tumbó el modelo de información de pisos de alquiler.