Una mejora metodológica destapa que Hacienda ha infraestimado durante 20 años la pérdida de ingresos derivada de una veintena de beneficios fiscales en el Impuesto sobre la Renta.
Hace unos años el equipo de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda confesó al Tribunal de Cuentas que no disponía del personal suficiente para realizar el en apariencia necesario trabajo de evaluar si los estímulos fiscales aprobados por los sucesivos gobiernos en impuestos como el IRPF, el Impuesto de Sociedades o el IVA cumplían o no la función para la que fueron creados. Hacienda admitió también en aquella ocasión que no disponía de información precisa y fehaciente sobre el coste real para las arcas públicas de esos incentivos fiscales y que la información que se incluía en la Memoria de Beneficios Fiscales de los Presupuestos se basaba en aproximaciones y estimaciones de los técnicos del Ministerio.
Desde 2002, hace casi veinte años, la metodología con la que se ha venido estimando el coste presupuestario de los beneficios fiscales apenas ha variado, pero de cara a los Presupuestos Generales del Estado de 2021 los técnicos del Ministerio de Hacienda han aprovechado la nueva información disponible en la serie de declaraciones informativas que la Agencia Tributaria ha venido introduciendo en los últimos años para sofisticar y afinar sus estimaciones en relación con una veintena de beneficios fiscales del Impuesto sobre la Renta que ahora se pueden calcular con mayor precisión. Y lo que se han encontrado es que la metodología antigua infraestimaba en 1.800 millones de euros el coste real para las arcas públicas de esa batería de estímulos, que en el año 2019 se calculó que detraían 623,2 millones de euros de los ingresos por IRPF, pero que ahora se sabe que se llevan más de 2.400 millones al año.
Las diferencias son abismales en algunos casos. Es el caso por ejemplo de la exención sobre los primeros 60.100 euros ingresados por trabajos realizados en el extranjero por contribuyentes españoles, de la que se benefician 68.000 personas, según los datos que maneja el Ministerio de Hacienda, y cuyo coste se estimaba en 2019 en menos de 10 millones de euros y que ha resultado ser diez veces más costosa, rondando los 100 millones. Algo similar ocurre con la exención en el IRPF sobre las indemnizaciones y ayudas económicas a las víctimas del terrorismo, cuyo coste estimado ha pasado de poco más de un millón de euros a más de 12 millones.
En términos cuantitativos, sin embargo, la mayor diferencia se observa en la exención total sobre las pensiones de invalidez, a la que se acogen más de 850.000 contribuyentes. Hacienda estimaba que esa ayuda fiscal le suponía un coste en forma de menos ingresos por IRPF de poco más de 200 millones de euros. La nueva información incorporada a la metodología de cálculo de este beneficio fiscal ha revelado que su coste es en realidad casi seis veces mayor, de en torno a 1.200 millones de euros.
Hacienda admite, en su informe sobre los beneficios fiscales de 2021, que el procedimiento utilizado hasta ahora no reflejaba la realidad actual, “ya que desde 2002 el IRPF ha sido de objeto de diversas reformas y la cuantía media de cada prestación exenta ha variado ostensiblemente desde entonces”. La metodología antigua partía de la información en las declaraciones anuales de contribuyentes y el resumen de retenciones presentados en el año 2002 y actualizaba esa información con carácter anual a partir de una serie de parámetros sobre la evolución de las ayudas y de los potenciales beneficiarios. Bajo esas premisas, la incidencia virtual que hubiera resultado de eliminar esas exenciones fiscales se traducía en un tipo adicional del 2%. Con la nueva metodología ese tipo, que traduce de algún modo la intensidad de la ayuda fiscal, oscilaría según el incentivo entre el 4,8% y el 16,4%.
El cambio metodológico ha variado de forma significativa el coste atribuido a medidas como la exención fiscal sobre las indemnizaciones por despido, sobre las prestaciones a la dependencia, sobre las vigentes para los parados que deciden capitalizar su prestación de desempleo en un pago único para emprender un negocio u otras como las orientadas a deportistas de alto nivel, estudiantes becados o por la participación de militares españoles en misiones de paz (ver gráfico).
La norma ha sido que se ha destapado un mayor coste respecto a lo previsto, pero hay casos que operan en dirección contraria. La exención sobre la Renta Mínima de Inserción se calculaba en algo más de nueve millones y su incidencia se rebajó a siete millones con el cambio metodológico y algo similar ha ocurrido con la exención a los estudiantes becados, en la que se descontaba un coste fiscal de 25 millones y ha resultado ser de 15.
