El Parlamento de las Islas Baleares ha rechazado este martes la creación de una comisión no permanente de investigación por la explotación sexual de menores tutelados. Se ha rechazado por los 30 votos en contra del PSOE, Podemos, los nacionalistas de Més por Mallorca y el Grupo Mixto. Los 25 votos a favor han sido de PP, Ciudadanos, Vox y El Pi-Propuesta por las Islas Baleares.
Esta comisión había sido solicitado por el PP a través de una moción que se ha defendido este martes en la Cámara de Baleares. El primer punto es el que pedía la creación de esta comisión, que finalmente ha sido rechazado por los partidos que forman el Gobierno de coalición que preside la socialista Francina Armengol.
Margalida Durán, diputada del PP, ha sido la encargada de defender esta moción. «Hoy un año y medio después, es más importante que nunca votar a favor de una comisión de investigación, no solo para depurar responsabilidades, sino para buscar entre todos soluciones de futuro», ha asegurado.
«Una comisión es la única herramienta de la que disponemos los parlamentarios para realizar nuestras aportaciones y, velando por el interés de los menores, es fundamental que este Parlament no mire hacia otro lado», ha apostillado Durán.
El pleno de la cámara balear también ha rechazado revisar y modificar el Protocolo de actuación en casos de abuso sexual infantil y explotación sexual infantil en las Islas; así como a instar al Consell de Mallorca, y al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), a promover con campañas el conocimiento este protocolo.
En este sentido, el Parlament se ha opuesto a exigir al Govern de Armengol convocar reuniones de coordinación con los Consejos, Fiscalía, Policía y entidades implicadas para examinar el cumplimiento del protocolo de actuación en casos de abuso sexual infantil. Estas reuniones hubiesen tenido una periodicidad mínima trimestral.
Por otro lado, sí que se ha aprobado instar al Ejecutivo regional a personarse en los casos judiciales abiertos que impliquen explotación sexual de menores tutelados o en guarda y reforma. Otro punto aceptado ha sido el de que los Consejos y el Govern de Armengol sigan con los cursos de formación específicos y actualizados sobre explotación sexual infantil y adolescente a todos los trabajadores de los centros menores.
Vox ha recordado durante el pleno de este martes que ya pidieron hace más de un año la creación de una comisión de investigación sobre la explotación sexual de menores tutelados. «Esta comisión no se ha creado aún por culpa de los grupos de izquierdas que se niegan a ejercer su función de control sobre los gobernantes», ha señalado durante su intervención Idoia Ribas, diputada de Vox.
Ribas ha recalcado que «los partidos de izquierdas, los del ‘hermana yo sí te creo’, que tienen bajo su responsabilidad a decenas de niñas que son prostituidas, en vez de activar los mecanismos legales para investigar lo que está pasando aquí con esas niñas, que son las más vulnerables de nuestra sociedad, los rechazan».
El Parlamento Europeo pide explicaciones a Pablo Iglesias sobre los abusos a menores tuteladas en Baleares
El Parlamento Europeo ha solicitado a Pablo Iglesias y a Fernando Grande-Marlaska que den explicaciones por el escándalo de prostitución de menores tuteladas en Baleares.
En dos cartas remitidas por la Comisión de Peticiones, el organismo comunitario se dirige al vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y al ministro del Interior para comunicarles la apertura de una investigación tras la queja planteada por un ciudadano de Ibiza, José Luis Sánchez-Saliquet, que fue candidato de Vox al Senado.
En su denuncia, Sánchez-Saliquet señalaba que los trabajadores del centro en el que residían las menores prostituidas habían avisado de los abusos, sin recibir respuesta por parte del organismo responsable, el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).
«Los superiores jerárquicos del IMAS no dieron continuidad a estos avisos ni realizaron las preceptivas acciones para investigar, denunciar, esclarecer y evitar que se reprodujeran», destacó este ciudadano, que añadía que «pese a la magnitud de los hechos y los intentos de la oposición por esclarecer e investigar los hechos tanto por la vía judicial como en sede parlamentaria, el gobierno balear –incluso habiendo aparecido nuevos casos recientemente-se ha mantenido inactivo y trata de ocultar lo sucedido».
Saliquet llamaba la atención en la denuncia sobre el hecho de que «ninguna acción fuera realizada por los responsables del IMAS ni por los responsables del gobierno balear, salvo el reconocimiento, el 28 de enero, por parte de la consejera de Asuntos Sociales y Deporte, Fina Santiago, de ser conocedora de la existencia de menores tutelados que estaban siendo prostituidos».
Y añadía: «Desde entonces, el gobierno de las Islas Baleares, con el apoyo del gobierno central cuyo signo político es el mismo, han rechazado toda acción enfocada a esclarecer los hechos y a evitar que se sigan produciendo».
«Once meses después de la denuncia ante la policía por abusos sexuales de una menor de 13 años, el gobierno no ha hecho nada para resolverlo, y lo más dramático es que nuevos casos de abuso sexual y prostitución de menores tutelados han emergido, siendo el silencio de los responsables políticos del gobierno balear todavía más atronador», proseguía la denuncia.
Ahora, el Gobierno deberá explicar las medidas que ha adoptado para proteger a los menores. Igualmente, la Comisión podría enviar a sus representantes a Baleares para investigar a fondo el asunto.
Por parte del PSOE se intentó evitar que la investigación prosperase, al considerar que con ello se sometería a las chicas a una «doble victimización» por la exposición de sus casos. Desde Podemos se destacó el archivo de las diligencias abiertas.
Cabe recordar que los partidos que gobiernan en Baleares -PSOE, Podemos y Més- votaron en contra de la creación de una comisión de investigación en el Parlament para depurar responsabilidades sobre estos abusos, que afectaron, al menos, a 16 menores tutelados por la Administración pública.
Posteriormente, los socios del Gobierno socialcomunista vetaron en el Congreso la admisión de una solicitud de PP y Ciudadanos para crear en la Cámara alta una comisión que investigase los abusos.
El caso se conoció cuando una niña de 13 años fue víctima de una violación grupal en Palma, en la Nochebuena de 2019. Desde entonces, y pese a la repercusión y gravedad del tema, no se ha producido ninguna dimisión de cargos públicos.
Pablo Iglesias ha rechazado asumir responsabilidades en este asunto. En un debate en el Congreso, el líder de Podemos abroncó incluso a la oposición al reclamarle explicaciones sobre qué haría su vicepresidencia para defender a las menores tuteladas. Iglesias acusó al PP de «demostrar su indignidad en este tema» al convertirlo en una «disputa política».
El asunto ha sido objeto de enfrentamientos entre el Gobierno y la oposición. En otra intervención, la diputada de Vox, Macarena Olona, reprochó a la ministra de Igualdad, Irene Montero, la «perspectiva de género» que tanto defiende desde su Ministerio y le preguntó por el caso de las menores tuteladas: «¿En nombre de qué perspectiva de género vetaron la investigación de las niñas abusadas en Baleares?».
La Unión Europea abre una investigación al Gobierno balear por el caso de los abusos a 16 menores
El Parlamento Europeo ha exigido este martes explicaciones al Gobierno de España y al balear, liderado por la socialista Francina Armengol, en relación al caso de las 16 menores tuteladas que fueron víctimas de explotación sexual en dicha Comunidad Autónoma.
La Eurocámara se ha comprometido a seguir de cerca el caso, a pesar de las peticiones por parte del PSOE de cerrar este proceso de investigación. La presidenta de Peticiones en el organismo europeo, la popular Dolors Montserrat, ha decidido mantener abierta la petición y exigir a las autoridades españolas, tanto a nivel estatal como regional información sobre las garantías de protección de los menores tras el caso de abusos y explotación de menores.
«Llevo un año presidiendo la Comisión y esta es una de las peticiones que más me han impactado», ha argumentado Montserrat tras un bronco debate en el que el PSOE y Podemos han acusado a los representantes de PP, Ciudadanos y Vox de instrumentalizar políticamente el caso.
La explotación sexual de 16 menores tutelados por los servicios sociales de Baleares ha llegado a la Eurocámara de la mano del ciudadano español José Luis Sánchez-Saliquet, quien ha reclamado acciones a la Cámara para que actúen «lo antes posible» para que este caso no vuelva a repetirse. Este particular detalló la gravedad de este caso de explotación sexual a menores, que se ha venido produciendo desde hace años y respecto a la cual los partidos de la oposición ya pidieron una investigación rechazada por el Gobierno formado por PSOE y Podemos.
Los socialistas han insistido este martes en cerrar la petición de explicaciones desde Europa. La vicepresidenta de la Comisión de Peticiones, Cristina Maestre, ha asegurado sentirse «abochornada» por lo vertido en la comisión parlamentaria. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar y airear la vida de los menores?», ha dicho, desoyendo, según ha insistido, la opinión de los profesionales, la Policía o la Fiscalía.
En respuesta, el eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas ha acusado a la izquierda de querer silenciar el tema. «Exigimos responsabilidades políticas, claro, ¿cómo se puede usar ese argumento para negar un debate? ¿Quieren negar el derecho a la crítica política, donde se creen que están? ¿En Corea del Norte?», ha señalado en una encendida intervención.
La representante del PP, Rosa Estarás, ha lamentado el «oscurantismo» de las instituciones baleares con este caso, por lo que ha reclamado que la Eurocámara envíe una misión al terreno, al no tratarse de un «caso aislado».
Y de lado de Vox, Jorge Buxadé ha criticado que el PSOE defienda al instituto de asuntos sociales de Mallorca y ha afeado que la izquierda haya roto su eslogan de creer a la mujer víctima de abusos, por tratarse de una niña tutelada por las autoridades públicas.
Bruselas tiene abierto un procedimiento de infracción contra España y otros 22 países europeos por no haber incorporado de forma correcta una directiva para luchar contra los abusos y la explotación sexual -que exige a los Estados miembros tomar medidas para evitar este tipo de situaciónes- y, actualmente, se encuentra «evaluando» las respuestas que envió el Gobierno español justificando su retraso.
