Empleados que cobran sin trabajar y empresas ‘fantasma’ fueron claves en tramas como los falsos ERE o Taula. Ahora, 193.000 autónomos y miles de empresas siguen vivos hasta que finalicen las ayudas.
La pandemia del coronavirus ha hecho que trabajadores y empresas ‘zombis’ -que cobran sin ir a trabajar o reciben ayudas sin tener actividad-, vuelvan a dar señales de vida ante la lluvia de millones procedentes de las administraciones públicas, muchos pagados con fondos de Bruselas, con el objeto de que puedan seguir delante pese a la crisis generada por la Covid. El fenómeno de la economía y el empleo ‘zombi’ se hizo visible en las principales tramas de corrupción política de los últimos años, desde los falsos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) andaluces a la Operación Taula, en la Comunidad Valenciana.
Precisamente ayer, uno de los investigados de Taula, el ya ex subdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, el socialista Rafael Rubio, fue detenido por otro presunto delito relacionado con ‘mordidas’ urbanísticas. En la pieza B de esta trama Taula, descabezada en 2016 con la detención de una veintena de cargos y ex cargos del Partido Popular, se investiga a Imelsa, una empresa pública dependiente de la Diputación de Valencia, en la que había empleados que cobraban, pero no acudían a su lugar de trabajo.
Una de las patas del caso de los falsos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) andaluces fue también precisamente esa, el reparto de fondos entre empresas en crisis, algunas inexistentes; prejubilados que nunca habían trabajado en las sociedades afectadas; e incluso empresas ‘fantasma’. Durante nueve años se entregaron de forma discrecional y arbitraria 680 millones de euros de las arcas públicas andaluzas a empresas en crisis.
Los beneficiarios tenían nombre y apellido y muchos filiación política. Antonio García Torres, alcalde socialista de la localidad sevillana de Lebrija hasta 2003, se incorporó como directivo de la extinta Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo (Faffe) apenas un mes después de perder en las elecciones municipales. Durante ocho años, García cobró más de medio millón de euros y cotizaron por él sin que nadie pueda constatar que acudiese a su trabajo durante ese tiempo.
Lejos de la sombra de la corrupción política presente en los casos anteriores, con reparto de dinero de forma discrecional, ahora, el aluvión de ayudas y subvenciones que tramitan las diferentes administraciones suscita riesgos y muchos temores de que una parte importante de estos fondos sean hayan destinado a unos fines muy distintos para los que fueron diseñados. Más de 29.000 empresas han sido ya inspeccionadas y en una de cada seis se detectó algún tipo de fraude, informó el diario Público. Las multas superaron los 21 millones de euros.
Mientras, casi 200.000 autoasalariados, según reconoce la principal asociación de autónomos, ATA, seguirán ‘vivos’ mientras continúen recibiendo ayudas. La advertencia tenía el objetivo de reflejar la mala situación por la que están pasando cuatro de cada diez de los autónomos dado de alta en la Seguridad Social, pero al tiempo mostraba, que pese a las ayudas ya desembolsadas, muchos negocios no seguirán adelante.
Este colectivo, según reconoce ATA, ha dejado de ingresar 75.000 millones de euros debido a los cierres, las restricciones horarias, la falta de demanda o los problemas con proveedores. La prestación por cese de actividad da cobertura a los autoasalariados que pueden acreditar una caída de su facturación del 50% o más comparado con el mismo semestre del año precedente. Es compatible con la actividad, pero va descontando las cotizaciones acumuladas que hubiera pagado el autónomo previamente.
También las empresas ‘zombi’ -las que siguen adelante gracias a las ayudas de las administraciones y los bancos pese a tener pérdidas de forma sistemática-, son protagonistas en esta crisis. Según recoge un informe de Iberinform, filial de Crédito y Caución, 2020 dejó el total de estas empresas en el entorno del 18%, duplicando el 9% que se registraba a comienzos del año. Están muertas aunque aparentemente siguen activas, pero sin posibilidades de resucitar. Mientras, los trabajadores en ERTE, que siguen recibiendo su prestación, desaparecerán en el momento que acaben.
Según informaba Bruno Pérez en La Información, el Ministerio de Hacienda tiene en su punto de mira a las empresas ‘zombi’ y maneja evidencias de que entre los cientos de miles de empresas que siguen dadas de alta en los registros pero que no presentan actividad alguna desde hace años hay sociedades que se mantienen vivas con el único objetivo de evacuar pérdidas de manera fraudulenta o, en el peor de los casos, enmascarar la titularidad real de las mismas en tramas de blanqueo de capitales.
Según recoge el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Estado gastará desde el comienzo de la pandemia y hasta mayo, la última prórroga para el pago de los ERTE 50.283 millones de euros en estas prestaciones y en las ayudas a autónomos y empresas. Solo a los ERTE fueron más 30.000 millones de euros en 2020 y este año serán casi 8.000 millones, una cantidad que podría aumentar si, como ha admitido la ministra de Trabajo y Economía Social, si las ayudas se prolongan más allá de mayo.
