El plan prevé una rebaja a la mitad de la correlación entre personas en edad de trabajar y potenciales pensionistas.
De aquí a mediados de siglo, según las diferentes simulaciones que se han llevado a cabo para elaborar el Plan 2050, el gasto público en pensiones en España podría incrementarse en hasta cinco puntos de PIB. La mayor parte de este aumento vendría de las pensiones contributivas, que se comerían entre el 15,2% y el 16,9% del PIB de aquí a 30 años frente al 10,8% de 2019, seis puntos más en el peor de los casos. Con todo, señala el documento, este alza podría ser menor en función del impacto de las medidas que se están discutiendo en la actualidad para hacer sostenible el sistema o retrasar la edad de jubilación.
El plan de futuro presentado este jueves por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encomienda al diálogo social para intentar poner solución a una situación mediada a su vez por la evolución demográfica o del empleo. Basta señalar que el propio plan prevé que en 2050, por cada persona mayor de 64 años, haya 1,7 personas en edad de trabajar frente a las 3,4 actuales.
“El nivel actual de gasto en pensiones no supone, per se, una carga desproporcionada para el sistema. El porcentaje de PIB que España dedica hoy al pago de pensiones públicas totales es similar al de la media de la UE-27 e inferior al de países de la UE-8 como Austria o Francia”, explica a modo de introducción del documento. No obstante, el aumento previsto para las tres próximas décadas, una vez lleguen las cohortes más pobladas de la generación del baby boom a la edad de la jubilación, “sí constituye un desafío importante, que tendrá que ser resuelto mediante el diálogo social, el rediseño de las políticas públicas y una revisión de las realidades materiales e inmateriales que rodean a la jubilación”.
El texto apunta a revisar los tres pilares sobre los que se sustenta el debate que concierne a las pensiones. El primero de ellos es la edad de jubilación, y aunque el plan no saca conclusiones en claro, sí sugiere que “la mayoría de análisis coinciden en que es necesario reducir prácticas como las jubilaciones anticipadas y aumentar la tasa de participación laboral de la población en edad avanzada a fin de acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal”. Con todo, deja de nuevo en manos del diálogo social las discrepancias respecto a si habrá que seguir o no retrasando esa edad legal de jubilación (más allá de los 67 años pactados para 2027) a medida que la esperanza de vida siga aumentando.
Aunque el documento no se moja a la hora de revisar la edad de jubilación, sí sugiere que el límite actual “no se adecúa a una época en la que la mayoría de las personas llegan a esa edad en buenas condiciones físicas y psíquicas”. La edad de jubilación a los 65 años se estableció en España en 1967. Hoy, la situación es muy distinta, ya que la mayoría de la ciudadanía llega a los 65 en buena forma, “extendiendo la vida media en jubilación de 12 a 24 años”. Por todo ello, el texto sugiere que una vía alternativa para atajar el problema puede ser actuar sobre la edad efectiva de jubilación, ofreciendo incentivos que logren fomentar la permanencia en el mercado de trabajo después de la edad ordinaria.
El segundo pilar es la evolución de la tasa de sustitución, entendida como el porcentaje que supone la pensión sobre los ingresos recibidos antes de la jubilación. En esta línea, el texto solo recalca que se debe conseguir que la tasa de sustitución “responda adecuadamente a la necesaria relación que debe existir entre la suficiencia y sostenibilidad de las pensiones públicas, y la equidad intergeneracional que debe perseguir el sistema”.
La tercera y última cuestión es la de la financiación. En España, la práctica totalidad de las pensiones de jubilación son financiadas por el sistema público, ya que no existe un sistema de pensiones de previsión social complementaria extendido ni sistemas mixtos que complementan la pensión pública con pensiones privadas obligatorias, cuasi-obligatorias o voluntarias pero muy generalizadas. “Todas estas opciones tienen sus pros y sus contras”, argumenta el texto, por lo que de nuevo habrá de ser el diálogo social, en el marco del Pacto de Toledo, quien encuentre un consenso respecto a cuáles son las medidas “apropiadas para lograr el triple objetivo de la sostenibilidad del sistema, la suficiencia de las pensiones cobradas y la equidad intergeneracional”.
