Un estudio advierte de la alta concentración de alumnos vulnerables en los mismos centros educativos. La segregación escolar subió entre 2015 y 2019.
España es el tercer país de la OCDE con mayor concentración de alumnado en desventaja socioeconómica en los mismos colegios. Es lo que se conoce como segregación o baja diversidad escolar, un fenómeno que crea escuelas gueto y que provoca dificultades en la gestión, ineficiencia en el gasto público y, sobre todo, fracaso y abandono en el alumnado. Entre un niño que tiene compañeros procedentes de familias con rentas heterogéneas y otro que va a un aula de alta complejidad pueden registrarse hasta 30 puntos de diferencia en PISA, el equivalente a casi un año de escolarización.
El think tank EsadeEcPol ha publicado un estudio en el que por primera vez se analiza la segregación por origen socioeconómico en España para la etapa de Primaria (de seis a 12 años) a partir de los microdatos del informe TIMSS, que dan cuenta del rendimiento en Matemáticas y Ciencias de los alumnos de una veintena de países de la OCDE.
Los autores han establecido un índice que va del 0 al 1 donde la media de la OCDE se sitúa en 0,266. En la cola en desigualdad figuran Finlandia (0,194), Dinamarca (0,203) y Japón (0,204), mientras que en cabeza se encuentran Turquía (0,402), Lituania (0,344) y España (0,324). De 2015 a 2019 hemos empeorado.
Los datos españoles son muy malos en relación con el alumnado sin recursos de Primaria, pero mejoran mucho en la ESO, donde España está casi en la media. ¿Por qué? “Hay menos institutos que colegios, lo que obliga a los alumnos a mezclarse. Además, los estudiantes eligen irse al instituto con sus amigos, que no son necesariamente los de su clase social”, responde Lucas Gortázar, director de Investigación de EsadeEcPol. Uno de cada 10 centros de Secundaria españoles son guetos.
El trabajo reconoce que la estructura residencial de las ciudades es un condicionante “muy relevante” de cómo se distribuye el alumnado en las escuelas. “Hay barrios con características socioeconómicas propias y es muy difícil cambiarlas”, expresan fuentes de la Consejería de Educación de Madrid, la región que peor parada sale en segregación escolar.
Pero los autores añaden que la falta de diversidad “es también una cuestión de políticas educativas”. Por ejemplo, dar menos puntos para entrar en un colegio a la renta familiar y valorar que el padre haya sido antiguo alumno agrava el problema. Por otro lado, el sistema más utilizado para asignar las plazas, el llamado mecanismo de Boston, lleva a las familias a no priorizar el colegio que realmente les interesa, sino aquel en el que tienen más opciones reales de entrar. “Este sistema aumenta la desigualdad en la elección, al favorecer el comportamiento estratégico de las familias con mayor nivel educativo y renta”, señala el trabajo.
Tampoco ayuda la gestión de la denominada matrícula viva del alumnado que se incorpora en periodo extraordinario, con el curso ya empezado, y que “suele ser enviado a colegios que sufren problemas de concentración, a menudo sin posibilidad de elegir”.
“Esos chicos están yendo a centros que ya concentran alumnado desfavorecido, que son a los que quedan vacantes. La matrícula viva en centros de alta complejidad de Cataluña es el doble que el resto de colegios”, apunta Álvaro Ferrer, responsable de Educación de Save the Children y coautor de la investigación junto a Gortázar.
También afectan otros factores, como la prevalencia de la jornada continua en los colegios públicos y la ausencia de servicios en esta red, que lleva a muchas familias a elegir la concertada porque les favorece la conciliación familiar y laboral. De hecho, solo un 11% de los institutos públicos dispone de comedor frente al 85% de los colegios privados. Además, cuatro de cada 10 centros con elevada concentración de alumnos desfavorecidos no oferta ninguna extraescolar.
El trabajo también plantea dotar a los concertados de «financiación suficiente y control para evitar el cobro de cuotas», porque «limitan las posibilidades reales de elección y generan segregación por nivel de renta».
«No existe por ley ninguna selección del alumnado en los centros concertados y la normativa sobre admisión de alumnos es igual para centros públicos y concertados», recuerda Luis Centeno, secretario general adjunto de la patronal Escuelas Católicas, defendiendo que esta red, en donde estudia el 25% del alumnado, «cumple su función de servicio público». Añade que la Lomloe «va en sentido contrario a una mayor diversidad y vulnera la libertad de elección».
El estudio propone llegar a un término medio entre la «libertad de elección de los padres» y «la igualdad de oportunidades de las familias para ejercer esa libertad» y plantea reservar plazas para el alumnado en desventaja socioeconómica, mejorar la información para que estas familias puedan elegir mejor colegio, intervenir en las escuelas gueto con financiación proporcional dirigida a los alumnos y con medidas de acompañamiento a la mejora y apostar por la jornada partida en vez de la continua.
