Sucesiones, diésel, trasvase de productos al IVA general… El plan enviado a Bruselas lleva implícitas más subidas fiscales de lo que aparenta.
Las 348 páginas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que envió el Gobierno la semana pasada a Bruselas están cargadas de eufemismos. Eso sí, en realidad el verdadero documento consta de más de 2.000 folios que todavía no han salido a la luz (y que es muy probable que no lo hagan hasta después de las elecciones autonómicas de este martes). Esta extensa documentación contiene “el detalle” de las medidas publicadas relativas a las inversiones, “fechas”, “objetivos”…, aseguran fuentes del Ejecutivo a Libre Mercado.
Su misión es justificar los 140.000 millones procedentes de Europa que España recibirá entre los años 2021 y 2026. Unos 70.000 millones llegarán vía transferencias. Las prioridades del Gobierno para sacar a España de la peor crisis económica del periodo de paz serán: la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género. Eso es lo que quiere la Unión Europea (UE) y, por suerte para Pedro Sánchez, esos objetivos cuadran a la perfección con sus preferencias.
El plan consta de 212 medidas repartidas en 110 inversiones y 102 reformas. Una de las “reformas” más polémicas ha sido la eliminación de la reducción por la tributación conjunta del IRPF. Que el Gobierno pretenda darle un hachazo a las familias de 2.293 millones de euros (cálculo de la Airef) ha copado buena parte de los titulares de la prensa desde el pasado fin de semana. Tal ha sido la oleada de críticas, que el Ejecutivo de Sánchez se ha visto obligado a desdecirse de lo prometido por escrito a Bruselas. Otro mazazo más a su credibilidad.
Subida fiscal escondida entre eufemismos
La idea de llevar a cabo “la paulatina desaparición” de la reducción por tributación conjunta del IRPF “debido a que genera un desincentivo a la participación laboral del segundo perceptor de la renta (principalmente mujeres)” está dentro del plan de reformas que el Ejecutivo ha bautizado como “Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI“.
Con este eufemismo, el Gobierno se compromete a aumentar los ingresos del Estado y eso implica subir los impuestos. Así lo venden:
Se persigue hacer más equitativo, progresivo, sostenible y justo el sistema tributario español, al mismo tiempo que se profundiza en el diseño de una fiscalidad verde, se incorpora la perspectiva de género y se potencian políticas públicas de interés general, como la protección de la salud o la educación. La persecución de los principios anteriores se realizará prestando la debida atención a la necesidad de garantizar el adecuado equilibrio entre la consolidación a medio plazo de las finanzas públicas y la contribución de la fiscalidad al crecimiento económico. Ello pasa necesariamente por acercar los niveles de tributación de España a la media de los países de nuestro entorno, garantizando así la sostenibilidad a medio plazo del Estado del bienestar.
Se requiere mejorar la recaudación y la eficiencia del sistema fiscal a través del ensanchamiento de las bases tributarias reducidas por las numerosas exenciones y deducciones, evaluando si los beneficios fiscales existentes logran los objetivos para los que fueron creados, o si deben revisarse. Asimismo, deben analizarse en profundidad las figuras tributarias actuales para adaptarlas al contexto económico, y avanzar en la incorporación de nuevos tributos de acuerdo con las tendencias más recientes.
Hacienda necesita hacer caja para poder hacer frente a la estratosférica cifra de gasto público que está asumiendo España, así como al fin de la suspensión de los objetivos de estabilidad por la pandemia, que, en el caso de España, mantienen desbocados el déficit y la deuda pública.
Pero además de la eliminación de la deducción por la tributación conjunta del IRPF, dentro del epígrafe “Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI” hay más medidas que podrían suponer un importante sablazo al bolsillo del contribuyente de llevarse a cabo. Están escritas con buenas palabras, casi sin detallar. Tampoco dan cifras de lo que pretenden recaudar. Ni las darán en los más de 2.000 folios presentados, según fuentes consultadas por este periódico. Solo ampliarán la información de las “inversiones”.
¿IVA?
El Gobierno ya ha puesto en marcha en 2021 algunas de estas subidas fiscales (todas las que están en los PGE), pero hay otras nuevas o, al menos, pequeñas pistas. El Ejecutivo las ha escondido con eufemismos entre la lista infinita de medidas enviadas a Bruselas. Eso sí, no hay duda de que, cuando se las está prometiendo a Europa, es que las tiene, como mínimo, encima de la mesa. Y son las siguientes:
El apartado de “Análisis de beneficios fiscales” es el primero que llama la atención. “Se realizará una revisión exhaustiva de los beneficios fiscales existentes con el fin de verificar si cumplen los objetivos para los que fueron aprobados y si el coste que suponen, en términos de merma recaudatoria, resulta justificado”, reza el texto, que no concreta qué beneficios fiscales son los que pretenden “revisar” (o eliminar). Está claro que la eliminación de la reducción por la tributación conjunta del IRPF estaría incluida en ese punto, pero, al redactarlo de forma tan genérica, invita a pensar que no será el único beneficio fiscal que fulminarán. Desde el año pasado, el Gobierno lleva analizando un informe de la AIReF en el que analiza el coste-beneficio para el Estado de la tributación conjunta en el IRPF, pero también uno de los impuestos más polémicos: el IVA.
En dicho informe, la AIReF sugería el trasvase de productos de los tipos reducidos del IVA al general del 21%, como ya publicó Libre Mercado. En el texto, la AIReF asegura que son las rentas altas las que más se benefician de los tipos de IVA reducidos por el mayor consumo, sobre todo, en restauración y turismo. Por ejemplo, en los restaurantes españoles las bebidas alcohólicas están gravadas al IVA reducido, así como los mariscos, el caviar o el chocolate. El IVA de la educación o el de la sanidad privada también fue puesto en entredicho por la AIReF y el Gobierno también estuvo estudiando subirlo antes de redactar los Presupuestos. Finalmente, decidieron no abrir el melón del IVA, ya que tendría un elevado coste electoral. Por eso, este año, solo han incrementado el IVA a los refrescos con azúcar.
Pero ahora, ¿lo estarían intentando comprometer en Bruselas sin que se note en España? No sería nada descabellado, teniendo en cuenta que han sido muchas las veces que Bruselas le ha dado un toque de atención a España por la cantidad de bienes que están dentro de los tipos reducidos y superreducidos del IVA en lugar de en el general.
Sucesiones, Patrimonio…
Siguiente punto: “Creación de un Comité de personas expertas para la reforma fiscal”. Según el texto del Gobierno, “su cometido será realizar un examen de las diferentes figuras de nuestro sistema fiscal, con la finalidad de asesorar al Ministerio de Hacienda en la adopción de las decisiones adecuadas en la reforma del sistema tributario”. Esta frase tan poco relevante esconde otra realidad: que el Gobierno ya ha activado la maquinaria para subir los impuestos autonómicos.
Tal y como confirmó la propia María Jesús Montero recientemente, “el encargo del Gobierno” a los expertos “es una revisión global del sistema fiscal, pero con especial atención a las figuras que tienen un menor rendimiento, como el impuesto de Sociedades”, así como “las vinculadas a la imposición a la riqueza —Patrimonio, Sucesiones y Donaciones—, ya que hay una situación asimétrica en el territorio porque alguna comunidad autónoma prácticamente ha dejado sin contenido estas figuras”.
Aunque Montero no mencionó a ninguna comunidad autónoma, este mensaje va sin duda dirigido a la Comunidad de Madrid por sus impuestos bajos. 2022 es la fecha que se bajara para que los expertos que ha elegido la propia ministra tomen una decisión sobre la “armonización” de los impuestos de las CCAA. Y todo apunta a que estos sabios van a tener la misma opinión que la ministra de Hacienda…
Subida del diésel
Siguiente punto: “Reforma de medidas fiscales que contribuyen a la transición ecológica” en la que el Gobierno contempla revisar “las bonificaciones de los hidrocarburos utilizados como carburante“. Es este punto no hay duda de que el Ejecutivo de Sánchez ha prometido a Bruselas recuperar el impuesto al diésel. El Gobierno había previsto incrementar la tributación de este hidrocarburo para recaudar 450 millones este año, pero las negociaciones de Presupuestos Generales para 2021 con el PNV le obligaron a retirar el sablazo a los conductores. Ahora, lo recuperan ante Bruselas.
Por último, las últimas cinco subidas de impuestos de la tabla ya han sido aplicadas por el Gobierno este año: Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (Tasa Google), Impuesto sobre las Transacciones Financieras (Tasa Tobin), impuestos personales (como la subida del IRPF a las rentas altas), subida de Sociedades y subidas de los impuestos indirectos (como la subida del IVA a las bebidas azucaradas).
