El Periodo Medio de Pago (PMP) es uno de los indicadores de la morosidad de las Administraciones Públicas para con sus proveedores de bienes y servicios.
La evolución de este parámetro desde abril de 2018, primer mes de la serie que publica el Ministerio de Hacienda, es positiva en general, pero los ayuntamientos han vuelto a disparar su retraso en el arranque de 2021, que casi triplica el tope legal.
Hace ahora tres años, ninguna de las cuatro administraciones (central, autonómica, local y Seguridad Social) cumplía el precepto legal de no superar los 30 días entre la entrega del bien o la prestación del servicio y el pago de la factura. En febrero de 2021, las comunidades autónomas presentaron un PMP de 29 días y la Seguridad Social, de 12,3 ya con datos de marzo. La Administración Central arrojó en marzo un PMP de 33,1 días, con variaciones mensuales, pero con una tendencia a la baja desde abril de 2018.
Sin embargo, las corporaciones locales (ayuntamientos, diputaciones y cabildos insulares), cuyo PMP ha mantenido una tendencia ascendente en los últimos tres años, alcanzó los 83,2 días en febrero de 2021, más de 10 días extra respecto al mes de enero. El incremento, que se debe mayoritariamente a los consistorios, ha sido constante desde 2014 cuando su periodo medio de pago se situaba en 25 días.
En todo caso, es la primera vez que las comunidades autónomas cumplen con su obligación legal. Todavía Aragón (49 días), Cataluña (45), Asturias (33) y Navarra (31) incumplen el plazo de 30 días. Pero ninguna llega a los 60 días, periodo que si se repite más de dos meses seguidos da lugar a las medidas correctoras previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
El Ministerio de Hacienda afirma que el inédito descenso por debajo del umbral legal logrado durante tres meses consecutivos (diciembre, enero y febrero) en el PMP de la administración autonómica es consecuencia de “las medidas de liquidez que en favor de las autonomías ha puesto en marcha el Estado”.
Fondos adicionales
Entre dichas medidas, destacan el Fondo Covid de 2020 (16.000 millones de euros) y los recursos destinados a cubrir la desviación del objetivo de déficit de 2019 a través del Fondo de Liquidez Autonómica y Facilidad Financiera (5.856 millones), que han sido determinantes según el departamento que dirige María Jesús Montero.
Para explicar la disminución del PMP de las administraciones, excepto de la local, la firma Equipo Económico apunta otra razón: “La relajación de las reglas fiscales a causa de la pandemia no ha afectado al cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en lo que se refiere al pago a proveedores y sus plazos”.
La excepción está en los ayuntamientos, si bien tradicionalmente son también las administraciones más saneadas. En Hacienda señalan que, en el caso de las corporaciones locales y al tratarse de tantas entidades, “el PMP no es una media simple, está ponderada por el volumen de deuda, lo que significa que las entidades locales, independientemente de su tamaño, elevan el PMP del subsector”. Las mismas fuentes aseguran que, por ello, un grupo reducido, menos del 15% del total, que tiene una deuda alta, tiene un efecto distorsionador del PMP del conjunto de las corporaciones locales, porque tienen más peso aquellos con más deuda con los proveedores. Si no se utilizara este media ponderada, explican, “la media simple de los PMP individuales muestra un dato de 42,1 días”.
Añaden que, en la legislación española, el PMP registra tanto los plazos de pago como la evolución de la deuda comercial. “En consecuencia, si los pagos que realiza una administración cumplen los plazos, pero no se reduce el stock de deuda pendiente en gran medida, el PMP seguirá resultando elevado”. Lo cierto es que en el apartado municipal hay casos de demora en los pagos a proveedores excesivamente altos.
Grandes capitales como Barcelona (16,8 días), Madrid (20,4), A Coruña (20,8) o Valencia (24,5) han descendido de modo considerable sus PMP. De las capitales de provincia destaca negativamente Las Palmas, con 121,58 días. Sin embargo, hay casos de municipios que no son capitales de provincia, pero que cuentan con más habitantes que muchas de ellas que disparan sus PMP. El más llamativo es Jaén, cuyo ayuntamiento tardó en febrero en pagar 652,6 días. A continuación, se encuentran el ayuntamiento gaditano de Jerez de la Frontera, con 385,1 días, y el madrileño de Parla, con 360,6 días.
Otros consistorios grandes como Cartagena, Getafe, Leganés o El Puerto de Santa María superan los 50 días de plazo.
