Fuentes del Ministerio aseguran que los resultados provisionales de la medida reflejan una aceptación por parte de profesores y alumnos.
Queda menos de un mes para que más de 30.000 estudiantes españoles se presenten a las pruebas de acceso para la universidad (EBAU o EVAU, la antigua Selectividad). Se trata de una evaluación decisiva que este año hará oficial un cambio instaurado en 2020 a causa de la Covid: alumnos que tengan hasta tres asignaturas suspensas podrán obtener el título de bachillerato y, en consecuencia, presentarse al examen.
La modificación -que generó un gran revuelo durante la anterior convocatoria- se ha asentado de forma permanente tanto por el Real Decreto publicado por el Ministerio de Educación en el mes de septiembre, como por la nueva ley de educación, Lomloe, conocida como Ley Celaá.
Así, lo que parecía una modificación puntual por las complicaciones que podía ocasionar la pandemia a los estudiantes (estuvieron el último trimestre sin acudir a clase), llega para quedarse. La decisión está avalada por el Gobierno de España e incluso por las propias Comunidades autónomas.
El proceder para que los alumnos obtengan el título es que suspendan un máximo de dos asignaturas, siempre que no sean Lengua y Matemáticas a la vez, y que la media total del curso sea superior a cinco. Existe una excepción de promocionar incluso con tres asignaturas suspendidas, siempre y cuando no sean las dos citadas.
Fuentes del Ministerio de Educación explican a EL ESPAÑOL que, aunque algunas regiones se mostraron contrarias a dejar pasar a alumnos con asignaturas suspensas, los claustros de toda España lo permitieron. Es decir, ya que la potestad recaía en los profesores, eran ellos los que tomaban la decisión de promocionar al alumno.
Hay que recordar que, durante la reunión del pasado curso, fueron cuatro las Comunidades autónomas que lo rechazaron: Madrid, Murcia, Castilla y León y País Vasco. “Pero en la práctica -explican fuentes cercanas al proceso-, todas las Comunidades lo permitieron, tanto las que suscribieron el acuerdo como las que no”.
Además, desde el Ministerio aseguran que están recogiendo resultados provisionales de la medida, pero que el sentir general es bueno. “Era lo más justo para los alumnos y para los profesores”, explican.
Con ello, las autoridades educativas han avalado que no se trataba de pasar a gente que no lo merecía, sino compensar las capacidades del alumno. Recuerdan que, en la pasada convocatoria de la EBAU, el porcentaje de aprobados se incrementó un 8%.
Más aprobados
Comúnmente esta forma de evaluar al alumno se llama evaluación colegiada y viene a ir más allá del examen y de su calificación numérica. Pone el foco en el análisis que el profesor hace del alumno y de su trayectoria durante el curso, sin dejarse guiar por una puntuación de una prueba.
La medida generó un gran revuelto entre la opinión pública. Incluso, partidos de la oposición se manifestaron en contra. Los expertos ven aspectos positivos y negativos, pero sobre todo insisten en la importancia de “confiar” en los docentes como el mejor método para conocer la proyección educativa de un alumno.
Carmen Pellicer, pedagoga, teóloga y presidenta de la Fundación Trilema, reclama ese voto de confianza hacia los profesores como una forma de ver más allá de la nota. “Es el sentido que tienen las sesiones de evaluación conjunta que se hacen en los centros educativos. Valorar el avance y las dificultades que pueda tener el alumno, en su conjunto”, reivindica.
La experta es defensora de que a un alumno no se le puede evaluar solo por un examen sino por “su aprendizaje y su progreso”. Además, insiste en que aunque esta medida ahora cree revuelo es algo que se ha hecho “siempre”. Se explica: los claustros siempre han tenido el poder de aprobar a un alumno más allá de su examen.
La diferencia sustancial es que ahora, en el boletín de notas no aparecería un aprobado que no corresponde al examen, sino el susodicho suspenso con el que podría pasar de curso. En este sentido, también reivindica el papel de la EBAU como método evaluador externo al claustro que decidirá si la decisión tomada era la correcta, o no.
Pellicer, que ha participado en la elaboración del documento España 2050 en el área educativa, critica muchas partes del modelo de bachillerato, pero no la promoción de alumnos con asignaturas suspensas. Entre sus demandas reclama la necesidad de “rediseñar el bachillerato”. A su juicio, repleto de asignaturas y donde la profundización es “muy compleja”.
“Los bachilleratos internacionales tienen menos asignaturas pero con una mayor profundidad. Las nuevas carreras y titulaciones requieren un alumno más autónomo, independiente y flexible”, reivindica.
Uno de los grandes fallos de la educación en este nivel, a ojos de la experta, es que sigue siendo la misma que hace 30 años. “Mientras que ha habido un cambio en el perfil de las carreras universitarias, no ha ocurrido ni en las materias ni en lo que se evalúa en el bachillerato”, lamenta acusando al sistema de ser “pura memoria”.
“Necesitamos ir a un perfil mucho más competencial; con competencias de investigación, rigor. Debemos preparar a los alumnos en habilidades de pensamiento crítico y creativo”, apunta.
Uno de los puntos negativos de que aprobar o no el curso dependa del alumno es que puede crear ciertas desigualdades entre regiones. Así lo han criticado siempre colectivos como el sindicato Anpe.
Brecha educativa
La agrupación de profesores considera que disposiciones como esta, “aumentarán la brecha educativa entre Comunidades autónomas porque cada una seguirá criterios distintos”. “Lo que hacen es abrir una puerta peligrosa a una mayor descentralización del sistema educativo”, insisten.
“Obtener el mismo título o acceder a unos estudios con exigencias distintas dependiendo de la Comunidad autónoma en la que se resida, es un agravio para miles de estudiantes a la hora de continuar su formación o acceder al mundo laboral, puesto que el disfrute de todos los derechos y el cumplimiento de todos los deberes deben tener los mismos requisitos”, explica el último informe de la Unión Sindical de inspectores de Educación, USIE.
Además, estas mismas fuentes apuntan que, si el Estado delega tanto las competencias de la gestión educativa y no se hace competente de la expedición de títulos “está delegando su trabajo” y no asegurando la correcta educación de los españoles.
Los detractores de permitir promocionar con suspensos también se apoyan en el informe de la OCDE “El Estado de la Educación en las escuelas: un año dentro de la pandemia Covid”. En él se asegura que el incremento de titulados en España durante el pasado curso no indica jóvenes más cualificados, “sino que se rebajaron los criterios de éxito”.
Del mismo modo, se recuerda que el informe de la USIE deja constancia de que eliminar la necesidad del aprobado es “expulsar la cultura del esfuerzo de la educación”.
Ahora bien, en dicho documento se asegura que aquellos profesores que “a menudo” tienen menos confianza en las métricas y se basan en el juicio tienen a privilegiar a los estudiantes “de entornos más favorecidos”.