En plena polémica por el rescate entregado a la aerolínea Plus Ultra y tras el rotundo dictamen del Consejo de Estado que exigió más controles en el reparto de los fondos europeos contra el Covid, Pedro Sánchez se ha negado a que un auditor externo garantice la correcta asignación de las ayudas comunitarias contra la pandemia. La iniciativa partió del PP. Y la respuesta del PSOE en el Congreso ha sido un rotundo portazo.
La portavoz ‘popular’ en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, tramitó la petición al Grupo Socialista. Gamarra explicó por escrito que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha negado a ese control externo del reparto de los fondos europeos porque, según el criterio del PSOE, «la aprobación de la Proposición de ley es susceptible de producir en los Presupuestos Generales del Estado en vigor un aumento de los créditos presupuestarios». Es decir, que contratar un controlador para evitar derroche e ineficacia en la asignación de los fondos europeos, según la doctrina socialista, es caro.
El PP señala que «no estando conformes con el criterio del Gobierno y el consiguiente acuerdo de la Mesa es por lo que solicitamos reconsideración del mismo» dado que en el propio informe del Gobierno para vetar la Proposición de ley con base en el artículo 134.6 de la CE, no se afirma expresamente que su aprobación suponga un aumento de los créditos, sino que “es susceptible de producir en los Presupuestos Generales del Estado en vigor un aumento de los créditos presupuestarios”. Susceptible, término jurídico indeterminado que encierra un criterio subjetivo y, por tanto, arbitrario.
El PP da más argumentos sobre la falsedad del argumento de que ese control pueda suponer un gasto en vez de un ahorro: “No es cierto que suponga un incremento en el Capítulo 1” porque, como establece el artículo 12 de la Proposición de ley, que sin justificación jurídica sólida, sino con ánimo netamente político y torticero, el propio Gobierno admite que «el nuevo órgano no tiene por qué generar costes de personal», ya que «el centro directivo del Ministerio de Hacienda con competencia en materia de fondos europeos se incorporará en bloque, con todos sus efectivos y medios materiales, a la estructura de la Autoridad Independiente para la Recuperación Económica», pero antepone una apreciación muy subjetiva, «dando a entender que el nuevo órgano no tiene por qué generar costes».
El texto añade que “es intolerable que en un informe que debe ser netamente jurídico se utilicen juicios de valor sobre supuestas intenciones volitivas del Grupo proponente de la iniciativa, lo que viene a ratificar nuestra opinión de que el criterio de disconformidad es inaceptable”.
Desde el PP remarcan que “la estructura inicial de la Autoridad Independiente no supone ningún incremento en el Capítulo 1, ya que se propone la baja en el Ministerio de Hacienda y alta, por adscripción, en el Ministerio de Economía en la misma cuantía; por lo tanto, el impacto presupuestario neto es cero, nulo”.
Por todo ello, desde el PP solicitan a la Mesa de la Cámara “la reconsideración del acuerdo adoptado por la Mesa del Congreso de los Diputados con fecha 20 de abril de 2021, por el que se acuerda que no procede la toma en consideración por el Pleno de la Proposición de Ley relativa a la creación de la Autoridad Independiente de Recuperación Económica y la mejora de la gobernanza de los Fondos Europeos de Recuperación, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, ya que no se produce impacto presupuestario alguno, tratándose de una clara decisión arbitraria del Gobierno que no se ajusta al artículo 134.6 de la Constitución, sino a los habituales modos de restringir la iniciativa legislativa de los grupos de la oposición”.
El dinero de la UE no es tuyo, Pedro Sánchez
El presidente de Gobierno quiere controlar de forma absoluta los fondos europeos contra el Covid, una lluvia de millones que Pedro Sánchez pretende repartir a su antojo, olvidando que la ayuda comunitaria obliga a distribuirlos con criterios objetivos. Pero el jefe del Ejecutivo está dispuesto a hacer un uso partidista de los mismos y se niega en banda a que un auditor externo garantice la correcta asignación del multimillonario rescate.
Se piensa que el dinero es suyo y quiere utilizarlo como poderosa baza electoral. El argumento socialista para negarse a que un auditor independiente impida el reparto discrecional de los fondos es que saldría caro: esto es, que «produciría un aumento de los créditos presupuestarios». Hace falta tener cara.
El PP ha desmontado la burda excusa del Gobierno, porque el mismísimo Ejecutivo socialcomunista reconoció en su día que la creación de un órgano de control no implica mayor coste de personal, pero ahora que una parte del dinero de la UE puede llegar en breve, Pedro Sánchez quiere repartirlo a su antojo. Esto supone primar a los afines perjudicando a quienes no le bailen el agua. Es una utilización perversa de unos fondos que otros países, como Italia, repartirán con criterios objetivos después que su asignación se haya alcanzado por consenso.
Aquí todo lo contrario: Sánchez los utilizará como le venga en gana. Dispondrá de ellos sin ningún tipo de control, porque el Gobierno ha impedido que el reparto fuera fruto del consenso parlamentario. Una mera comparación entre el programa presentado por Italia ante la UE y el de España provoca melancolía: el Gobierno de Mario Draghi ha presentado un informe con los gastos detallados por sectores, orientado a la modernización del país y bajo la premisa de no subir impuestos. Contiene ayudas a las familias y a las empresas penalizadas por la pandemia. El programa de Sánchez, sin embargo, es el único de la UE que aboga por subir impuestos, algo que ni el Gobierno socialista portugués se ha atrevido a hacer por considerar que sería perjudicial para una economía machacada por la pandemia. Vamos por dirección contraria, pilotados por un presidente que quiere utilizar los fondos como catapulta electoral.
