Madrid, Cataluña, Andalucía, Aragón, Extremadura y La Rioja tienen planes para mantener la bajada que ha habido que aplicar durante la pandemia.
Todos los sindicatos de profesores rechazan la intención de la ministra de Educación, Isabel Celaá, de subir el número máximo de alumnos por aula el próximo curso. Consideran que el Gobierno ha decidido de forma unilateral esta medida sin haberse superado la pandemia y sin que haya criterios científicos que justifiquen el cambio. En las CCAA no hay una postura unánime, pero Madrid, Cataluña, Andalucía, Aragón, Extremadura o La Rioja planean consolidar en los próximos años una reducción de las ratios.
La idea de Celaá, que se debatirá mañana con las autonomías en la Conferencia Sectorial de Educación, es pasar del tope que hay ahora de 20 alumnos por grupo burbuja en los dos primeros cursos de Primaria a un máximo de 25 estudiantes en toda la etapa para el próximo curso.
En la ESO y Bachillerato también quiere reducir las distancias entre pupitres (de 1,5 a 1,2 metros) para que quepan más adolescentes en la clase, pero no ha fijado ratios. Las CCAA podrán decidirlas en función del tamaño de las aulas y de los espacios disponibles, siempre teniendo en cuenta que el objetivo es la máxima presencialidad.
El viernes, en una reunión para preparar la Sectorial de mañana, varias CCAA pidieron al Gobierno que les deje hacer y elimine del protocolo cualquier alusión a la ratio, para que no haya topes máximos.
Anoche, el Ministerio envió a las CCAA una nueva versión del protocolo sin esa mención explícita, aunque en un pie de página remite a la normativa vigente, de 2010, que sigue hablando de 25 alumnos por aula. El nuevo borrador, al que ha tenido acceso EL MUNDO, permite ahora que en 5º y 6º de Primaria puedan sustituirse las burbujas por una distancia de 1,2 metros, como en Secundaria.
Regiones como Madrid, Andalucía o Murcia defienden que los máximos «no sean obligatorios» y que se hagan «de acuerdo con sus ritmos». Porque cada realidad es distinta. Está, por ejemplo, Cataluña, que se ha comprometido a disminuir las ratios a partir del próximo curso. Están Aragón y La Rioja, que dicen que no será necesario subir el número de alumnos por clase «por la caída de la natalidad». Andalucía también augura que bajará la ratio a medio plazo, mientras que Extremadura va a defender mañana el modelo aplicado este año para que «no varíen mucho las condiciones». Así, mantendrá «las burbujas hasta 4º de Primaria y los desdobles con los que se ha garantizado el 1,5 metros de distancia de seguridad en el resto de las enseñanzas». Murcia, por otro lado, aboga por una distancia de solo un metro, frente al 1,2 del Gobierno.
Madrid dice que «adaptará las ratios a la situación derivada por la pandemia y adoptando las medidas señaladas por las autoridades sanitarias, al igual que ha hecho este curso escolar», pero la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha prometido una bajada progresiva de ratios en los próximos años en un gesto para acercar posturas con el profesorado.
Este anuncio ha dejado descolocados a todos porque la bajada de la ratio era una bandera que, hasta ahora, solo había enarbolado la izquierda. De hecho, el PP siempre había desdeñado esta medida argumentando que provocaba un gasto excesivo para el escaso efecto académico que tenía en el alumnado, en línea con las tesis de la OCDE. La promesa de Ayuso, de paso, saca los colores a Celaá, que sigue manteniendo en su Lomloe 25 alumnos en Primaria y 30 en Secundaria, cifras que escuecen a los sindicatos.
«Son ratios excesivas. No se puede volver a la normalidad cuando la situación sigue siendo excepcional. La pandemia, según los parámetros de la OMS, no está controlada», advierte Maribel Loranca, responsable de Educación de UGT. «Es un error subir las ratios; si queremos que los colegios sean seguros, tenemos que mantener las distancias», añade Francisco García, de CCOO.
Su postura es compartida por Mario Gutiérrez (CSIF), que ha pedido una «reunión urgente» con los ministerios de Educación y Sanidad para abordar las condiciones del próximo curso -que califica de «no razonables»-, y por Nicolás Fernández Guisado (Anpe), que considera «incomprensible que se relajen las actuales medidas sanitarias».
Todos están dolidos porque Celaá no les ha consultado ni informado del protocolo y argumentan que «mantener las ratios reducidas», al menos el próximo curso, se justifica «no solo por razones higiénico-sanitarias, sino de orden pedagógico». También pesa otro motivo: subir las ratios supondrá prescindir de miles de profesores que se contrataron de refuerzo para este curso.
El verano pasado hubo tensiones porque los profesores pedían ratios más reducidas mientras los gobiernos regionales presionaban para aumentarlas. Entre medias estaba Celaá, que, tras varios bandazos, pasó de prescribir un máximo de 15 alumnos por aula a subirlo a 20, como preferían entonces las CCAA
Es verdad que las autonomías ya no son tan maximalistas. Aunque el año pasado varias amenazaron con rebasar los 20 alumnos marcados por el Gobierno, al final apenas dos de ellas han superado esta ratio, según los datos recabados por EL MUNDO en las 17 consejerías.
Se trata de Andalucía, con una media de 21,79 estudiantes por grupo en Primaria durante este curso, y Cataluña, con 23,74. El resto se ha quedado por debajo: 15 alumnos en Baleares; 18 en Madrid, Canarias y Castilla-La Mancha; 18,8 en la Comunidad Valenciana; 20 en Asturias y Extremadura… Lo han conseguido, según explican en las consejerías, gracias a que han contratado a más profesores, han desdoblado grupos y han habilitado nuevos espacios.
Clases reducidas producen mejoras no cognitivas a largo plazo
Los profesores aseguran que la bajada de ratios este curso ha tenido un efecto positivo en las notas del alumnado. Pero no está tan claro. «No hay una mejora de rendimiento a cuenta de los desdobles», dicen en la Consejería de Educación de Canarias. «No se pueden sacar conclusiones de los resultados de las evaluaciones internas obtenidas durante este curso», indican en la Consejería madrileña, que cuestionan los datos de la asociación de directores de instituto Adimad sobre una hipotética subida del 15% en los aprobados asociada a clases más pequeñas.
Hasta ahora, la OCDE decía que subir o bajar el número de alumnos por aula no afectaba a las calificaciones. Argumentaba que países excelentes como Corea del Sur tienen aulas muy grandes y que lo que de verdad influye es si los profesores son buenos o no.
«La reducción de las ratios no tiene efecto en el corto plazo, pero se han ido viendo efectos en el largo plazo más recientemente», matiza Ismael Sanz, profesor de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos.
Cita a Chetty, que dice que, aunque el tamaño de la clase no parece incidir en las calificaciones, afecta en el largo plazo porque eleva la probabilidad de cursar estudios superiores o tener una casa en propiedad y ahorros en planes de pensiones.
Fredriksson, Öckert y Oosterbeek también probaron que clases reducidas mejoran la perseverancia, las aspiraciones en los estudios y la confianza en uno mismo. «Estudiar en clases con pocos alumnos mejora las habilidades no cognitivas, un efecto que no se manifiesta en las pruebas, pero que tiene un impacto a largo plazo incrementando la probabilidad de gozar de una situación financiera más estable en la vida adulta», explica Sanz.
Antonio Cabrales, catedrático de Economía de la Universidad Carlos III: «La ratio tiene un impacto muy diferente en distintos grupos de alumnos. Los de familias menos favorecidas la sufren más. Invertir en reducir la ratio en lugares de renta más baja es una estrategia útil allá donde no se puede sustituir tanto el esfuerzo docente».
