El número de funcionarios y empleados públicos ha crecido con fuerza en los últimos años en España hasta alcanzar su cota más alta en el primer trimestre de 2021 y el Covid ha sido determinante en esta escalada.
Los empleados de las Administraciones Públicas suponen ya un 21,1% del total de la población ocupada, lo que se traduce en que uno de cada cinco trabajadores corresponde al ámbito público. Según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), a finales de marzo había cerca de 3,4 millones de asalariados públicos, la cifra más alta registrada, superando incluso los 3,3 millones conseguidos bajo el segundo mandato de Zapatero, a finales de 2011.
Alrededor de 100.000 de ellos ingresaron en la nómina pública durante el año pasado, en plena pandemia, acorde a la EPA. La mayor parte de estas contrataciones tuvo lugar en las administraciones autonómicas, en las que el personal creció nada menos que un 9,34% y fue especialmente notorio en educación y sanidad, en el que se dispararon los contratos como respuesta desesperada a la crisis sanitaria. Sin embargo, también se pudo observar un aumento entre el personal de servicios sociales, organismos autónomos y justicia, tal como señala el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas publicado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Este impulso en el número de trabajadores se dio especialmente en las regiones de La Rioja, Navarra, País Vasco y la Comunidad Valenciana, siendo las comunidades donde más contratos públicos se firmaron durante el año del confinamiento.
La administración estatal, por su parte, tan solo creció un 2,34% en el último año, que se distribuyó entre los diferentes ministerios y las Cortes Generales. Los Ayuntamientos y cabildos también crecieron en el último año un 1,42%.
Muy diferente es el panorama que el Covid dejó en el sector privado, cuyos efectos han sido nefastos, ya que provocó la destrucción de 605.000 empleos, sin contar con los 420.000 trabajadores que se encuentran en ERTE.
Este crecimiento del empleo público sigue una trayectoria paralela a la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa en junio de 2018. Hasta entonces y como consecuencia de la recesión económica de 2008, el número de efectivos al cargo de las Administraciones se redujo significativamente. Fueron los años en los que Mariano Rajoy, como presidente, y Cristóbal Montoro al mando de los Presupuestos llevaron a cabo una serie de medidas para controlar el gasto, entre las que estaba reducir las plantillas públicas a mínimos, por debajo de los tres millones. Con la vuelta del socialismo llegó también la mayor oferta de empleo público y en total fueron 246.900 efectivos los que se incorporaron a las plantillas públicas en los últimos tres años.
Sin embargo, este aumento del empleo público se debe a una mayor contratación de interinos que de funcionarios de carrera, algo que, cuando se señala la temporalidad como uno de los mayores males del mercado laboral español, apunta directamente a la puerta de las administraciones. Es decir, el sector público lleva años ocupando las plazas con contratos temporales en lugar de cubrirlas con personal que ha conseguido su puesto mediante el correspondiente proceso de selección. Según la EPA, durante los primeros meses del año, hubo 1.033.700 personas asalariadas con un contrato temporal en las administraciones públicas, 140.900 más respecto al mismo periodo del año pasado, el dato más alto desde que se tienen registros. El problema no es que haya crecido el número de interinos, sino el peso que ocupan respecto al total de la plantilla, que hoy es del 27,5%.
Es así como la temporalidad del trabajo en la Administración llega a producir efectos estacionales en el empleo tan potentes como los que genera la primera industria nacional, el turismo, o actividades que no se pueden disociar de periodos de trabajo muy marcados, como las campañas agrícolas. Entre los casos más destacados está la educación, con centenares de miles de bajas en el mes de junio y una oleada de altas en los meses de comienzo de curso, en septiembre y octubre. Hace tiempo que trabajar en la Administración dejó de ser sinónimo de estabilidad laboral. De hecho, mientras que en el sector privado la tasa de temporalidad es del 23,2%, en el sector público roza el 30%, la más elevada de Europa, de acuerdo a las últimas estadísticas de Eurostat sobre empleo. Los jóvenes son los más afectados y los que tienen más dificultades de optar a un contrato indefinido, de tal manera que el 58% de los que actualmente tienen trabajo, este tiene fecha de caducidad. Es otro de los males endémicos de la Administración. La falta de personal joven ha derivado en plantillas envejecidas, en las que la edad media es de 51 años, lo que significa que en una década se jubilará la mitad de los efectivos. Es paradójico que organismos como la Seguridad Social, que gestionan día a día esta cuenta atrás y que hace tiempo que prevén sus consecuencias, figuren entre los más afectados. En esta administración el número de funcionarios ha bajado en torno a un 30% en la última década y la mitad de los 22.000 trabajadores que tiene su plantilla es mayor de 45 años con lo que se preve una oleada de retiros. La falta de medios humanos, por ejemplo, llevó a Hacienda a contratar personal temporal a través de la empresa pública Tragsa para ayudar en la tramitación del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Este tipo de “parcheos” es el que ha llevado a los sindicatos a convocar el pasado viernes una huelga en el organismo.
Los sectores públicos en los que la temporalidad es especialmente alta y que se ha visto agravada por la crisis sanitaria son los dos principales pilares de nuestro Estado de bienestar: la sanidad y la educación. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas advierte que durante 2020 se ha alcanzado una cifra histórica en la contratación de profesores y de personal sanitario, como refuerzos para afrontar la epidemia del Covid-19. Y en este aspecto, han sido las comunidades autónomas, que por tener transferidas las competencias en estas materias, han incrementado sus plantillas en 92.000 trabajadores públicos. Además, son las administraciones autonómicas las que concentran la mayoría de los empleados, representando el 57% de todos los trabajadores del sector público que hay en España; las locales, que engloban ayuntamientos, diputaciones, consejos y los cabildos insulares, suponen el 20%; y con tan solo el 18% del total, la Administración Central y de la Seguridad.
Andalucía es la comunidad autónoma con más funcionarios en términos absolutos, pero no es la región en la que los empleados públicos tienen más peso con respecto a su población ocupada, sino todo lo contrario. A pesar de sus más de tres millones de habitantes, los asalariados de la Administración apenas llegan al 20%. En cambio, y sin contar con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, las comunidades con mayor representación en empleo público son Castilla y León, Extremadura y Asturias con más de 23%. Cataluña, por su parte, es el territorio en el que los funcionarios no tienen demasiado peso entre sus trabajadores, tan solo representan el 13,7% del total; y en el caso de Madrid la cifra tampoco es demasiado representativa, roza el 17%.
El crecimiento del empleo público trae consigo un importante aumento del gasto en el pago de salarios a los empleados de las administraciones públicas. En 2020 esta cifra superó los 140.000 millones de euros, que representa el 12,5% del PIB español, y que supone un incremento del 33% con respecto a 2008, cuando estalló la pasada crisis. Lo que muestra que la trayectoria que sigue el empleo público es diferente a la realidad económica de nuestro país. Desde 2018 los salarios de los funcionarios y empleados públicos han experimentado una subida progresiva en sus nóminas, que empezó con un incremento del 1,75% ese mismo año y con un 0,9% en el ejercicio actual. Pero fue en el año de la pandemia cuando se produjo la subida más alta desde 2008, de un 2,5%. Durante el primer gobierno de Mariano Rajoy (2011-2015) los sueldos públicos estuvieron congelados y la nómina era de 14.677 euros anuales, un 10% menos que actualmente, donde la retribución media anual es de 16.071 euros, según las cifras publicadas por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Como consecuencia de las medidas que tomó Rajoy, CSIF asegura que “los empleados públicos perdieron entre el 12,9 y el 17,9% de su poder adquisitivo”.
En comparación con el resto de los países de Europa, tomando las estadísticas del Banco Mundial con datos de 2018, España se encuentra dentro de la media en cuanto al gasto salarial, por debajo de Noruega, Islandia, Dinamarca o los países de la zona este como Rumanía o Estonia; y se sitúa por delante de Portugal, Alemania, Francia, Italia y Grecia. En cambio, la situación cambia si se toman como referencia los datos sobre la retribución media anual de las administraciones públicas. En este caso, España se sitúa por debajo de la media europea, ocupando la posición número 20, solo por delante de Francia, Polonia o Hungría, de acuerdo a Eurostat.
