Los impuestos verdes y la armonización fiscal son el eje vertebral de la reforma fiscal que el Ejecutivo se trae entre manos.
El Gobierno de España recuperará varias de las medidas correspondientes a la reforma fiscal que planteó desde su conformación y que no se han podido fraguar a lo largo de la legislatura debido a la crisis sanitaria. Los tributos que subirán serán, entre otros, los medioambientales, Sociedades con un tipo mínimo del 15% y la fiscalidad de los combustibles fósiles. Esta meta es parte de los objetivos a cumplir a cambio de los fondos europeos.
El Gobierno se puso por objetivo “adaptar el sistema impositivo a la realidad del siglo XXI” para su reforma fiscal. En 2020 el Estado recaudó un 5% menos que el año anterior, lo que se tradujo en 24.487 millones menos de ingresos por la pandemia.
De cara a la recuperación, el Ejecutivo ha creado una comisión de expertos que ya han puesto en marcha un estudio sobre los impuestos que pretende subir o reformar, unos cambios que se comenzarían a aplicar en la segunda mitad de 2022 y en 2023. A falta de llegar a acuerdos parlamentarios, las proposiciones se han trasladado a la Comisión Europea.
El incremento en la recaudación se pretende conseguir en buena medida a través de una armonización fiscal (que afectaría especialmente a Madrid al ser la comunidad autónoma con menores tipos), la imposición de tasas verdes y la reorganización de las bonificaciones fiscales.
Tal y como se detalla en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se creará un impuesto que agrave el “depósito de los residuos en vertederos y en
instalaciones de incineración”. Asimismo, se impondrá un tributo sobre el uso de envases de plástico no reutilizables con el fin de reducir su consumo.
Gases y combustibles
En cuanto al impuesto sobre gases de fluorados de efecto invernadero, se llevará a cabo una modificación que asegure el control de dichos gases respecto a la normativa europea. Por último, los gravámenes con fines sostenibles incluirán reformas de movilidad sostenible. Entre ellas, se encuentra el pago por uso de red viaria en carretera y algún tipo de tributo sobre el transporte aéreo que todavía no se ha concretado.
Por otro lado, también se esperan cambios en el campo de la fiscalidad del combustible. El Gobierno no lo ha concretado, pero hay planes para los combustibles fósiles. Cabe recordar que hace años que el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere equiparar la fiscalidad del diésel con la de la gasolina. Constituye una recomendación de Europa que se ejecutaría en la segunda mitad de 2022.
Además, después de que el Congreso paralizara la subida del impuesto de matriculación (por la nueva fórmula para el cálculo de gases), el Ejecutivo ha avisado de que buscará fórmulas para mantener su reforma ante el temor de multas de Bruselas.
Mientras, a través de la armonización fiscal de las regiones, se pretende instaurar un tipo mínimo que deberán cumplir todas comunidades en lo que se refiere a impuestos autonómicos.
Se trata de una medida pensaba especialmente en el caso de Madrid. Por ejemplo, la región cuenta con uno de los menores tramos de IRPF de España, según el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF). Solo lo igualan La Rioja y Canarias. El Impuesto de Patrimonio está bonificado al 100% y los de transmisiones patrimoniales, Sucesiones y Donaciones también son muy bajos.
No obstante, el secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) del Consejo de Economistas, Luis Del Amo, asegura que llevar a cabo esta armonización implicaría “modificar la financiación de las regiones españolas“, algo que obligaría a poner de acuerdo a todas las comunidades autónomas. Una gestión complicada dada la actual coyuntura política.
Sociedades
También vienen cambios en el Impuesto de Sociedades. Las economías más desarrolladas del mundo reunidas en el G7 pactaron aprobar un impuesto sobre sociedades con un tipo mínimo global del 15% para las grandes multinacionales. Esta medida afecta en gran medida a países como Irlanda que posee un tipo efectivo del 12,5%, según Javier Santacruz, de la Fundación Civismo.
Este cambio fiscal, si se acaba aplicando, afectará mayoritariamente a grandes multinacionales como Amazon o Google. Por lo que “no tendrían grandes efectos” en las empresas españolas. Santacruz explica que las empresas grandes españolas ya pagan un tipo efectivo de alrededor del 23%. Por lo que la influencia en el ámbito empresarial español será “escasa”.
Clase media
Javier Santacruz y Luis Del Amo coinciden en que la subida del diésel es, de entre todos, el gravamen que más afectaría al bolsillo de la mayor parte de los ciudadanos españoles.
Tal y como relata Javier Santacruz, “las subidas de la factura de la luz, el diésel y este tipo bienes” son las que más afectan al ciudadano medio, junto a las relacionadas con el impuesto de bienes inmuebles (IBI).
No obstante, el economista advierte que también habrá que estar pendiente de la subida del IRPF, que este 2021 se ha aplicado a las personas con ingresos más elevados- “A pesar de que se anuncie que solo se aplicará a las rentas más altas, puede acabar afectando a la clase media si no se alcanzan los objetivos de recaudación”.
La comisión de 17 expertos que analiza la reforma fiscal deberá exponer sus conclusiones al Ejecutivo antes del 28 de febrero de 2022.
