La ciudadanía española despertó hace años y presenta anualmente miles de denuncias contra el Estado ante los organismos europeos por corrupción judicial, sobre todo en el ámbito de la sumisión del tercer poder a los intereses de las entidades financieras.
Insistimos una vez más en que no todos los jueces, juezas y fiscales son iguales. Sin embargo, es tal la situación de emergencia democrática que están generando determinados elementos de la jerarquía judicial que una jueza llegó a afirmar en un auto presentado ante Europa que la doctrina del Supremo respecto al IRPH giró «jurídicamente en 180 grados el sentido protector de los consumidores recogido en la Directiva, en exclusivo beneficio de las entidades financieras […] Esta tramitación acelerada de recursos de casación para intentar que queden inadmitidos no se ha conocido nunca en la historia del Tribunal Supremo español, que escapa a toda lógica jurídica y a los principios de protección de los derechos de los consumidores, que provoca necesariamente un enriquecimiento y beneficio de las entidades financieras».
La Resolución del Europarlamento
Diario16 ha tenido acceso a la resolución aprobada por el Parlamento Europeo el pasado 10 de junio. En ella se reitera en el hecho de que el acceso a los fondos europeos está condicionado al respeto a los valores que sostienen al Estado de Derecho y que entró en vigor el pasado 1 de enero de 2021.
Por tanto, la corrupción judicial de España es aplicable en todos sus elementos en la Unión Europea y en cada Estado miembro para todos los fondos del presupuesto de la Unión, incluidos los recursos asignados a través del Instrumento de Recuperación de la UE.
El Europarlamento pide a la Comisión y al Consejo el reconocimiento de que es urgente la aplicación de medidas para defender los valores que sostienen al Estado de Derecho. La corrupción judicial, evidentemente, socava los pilares de la democracia, sobre todo si la Justicia está entregada a los intereses del sector financiero, tal y como ocurre en España.
Por otro lado, la resolución insta a la Comisión a reaccionar rápidamente a las graves violaciones que se están produciendo de los principios del Estado de Derecho en algunos Estados miembros y a llevar a cabo un análisis exhaustivo de la necesidad de iniciar, sin demora injustificada, el procedimiento previsto en el Reglamento relativo a la condicionalidad del Estado de Derecho.
Además, el Parlamento Europeo «reitera su petición a la Comisión para que cumpla inmediatamente sus obligaciones en virtud de dicho Reglamento de informar debidamente al Parlamento de las notificaciones escritas a los Estados miembros afectados, en las que exponga los elementos objetivos y los motivos específicos de las violaciones del Estado de Derecho, o de las investigaciones en curso», afirma la resolución.
El Estado de Derecho sigue deteriorándose
La resolución, además, señala la preocupación del Parlamento Europeo de que la situación del Estado de Derecho en la UE se sigue deteriorando. Por esta razón, reclama a la Comisión Europea «que utilice todos los instrumentos a su disposición, incluido el Reglamento, también para hacer frente a las violaciones persistentes de la democracia y los derechos fundamentales en toda la Unión, incluidos los ataques contra la libertad de los medios de comunicación y contra los periodistas».
El Europarlamento también lamenta «la incapacidad de la Comisión de responder adecuadamente a las numerosas preocupaciones manifestadas por el Parlamento en relación con la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en varios Estados miembros; pide a la Comisión que utilice todos los instrumentos de que dispone, incluido el artículo 7 del TUE, el Marco del Estado de Derecho y los procedimientos de infracción con arreglo al artículo 19, apartado 1, del TUE, así como otros instrumentos, como procedimientos acelerados, solicitudes de medidas provisionales ante el Tribunal de Justicia y recursos por no ejecución de las sentencias del Tribunal».
España, en el punto de mira
Esta resolución está orientada, principalmente, al comportamiento de Polonia y de Hungría. Sin embargo, fuentes del Europarlamento han confirmado a Diario16 que, teniendo en cuenta el estado de la Justicia en España, se están produciendo movimientos entre los europarlamentarios para que nuestro país sea incluido en esa lista negra de países cuyas instituciones socavan la democracia y los derechos reconocidos a los ciudadanos.
