Los datos de la Airef reflejan una situación financiera muy dispar entre los pueblos de diversas CCAA. Todas las comunidades, salvo Navarra, pagan a sus proveedores más tarde de los 30 días estipulados.
Nerva es un pueblo onubense comprendido entre el río Tinto y la provincia de Sevilla. En las últimas décadas ha perdido el 70% de sus habitantes, pero al problema de la despoblación se añade ahora uno nuevo. Nerva está entre los municipios que Bruselas ha marcado ‘en rojo’ por no cumplir con los 30 días estipulados por la ley para pagar los servicios a sus proveedores. De hecho, según la Airef, este pueblo tarda casi tres años en saldar cuentas. Una situación que, según fuentes de la alcaldía, es “habitual”. “Tenemos un cuerpo de Policía, un museo, instalaciones atléticas, una piscina climatizada y un teatro”, responden para justificar que la “configuración” del municipio, por inversiones de años anteriores, ha provocado una acumulación de deuda que ha devenido en este considerable retraso en el pago. Aunque reconocen que “se podría eliminar” parte de las infraestructuras construidas en el pasado para reducir costes, señalan al Estado como el responsable: “Si no hay implicación, es imposible“.
La Comisión Europea mostró el pasado miércoles su “preocupación” por los retrasos “persistentes” de las autoridades regionales y locales españolas porque “su puntualidad a la hora de pagar sigue sin ajustarse” a las normas comunitarias. Por ello, que el organismo ha lanzado un ultimátum de dos meses a España para que reduzca los “excesivos” retrasos que existen en los pagos por parte de comunidades autónomas y municipios a sus proveedores del sector privado y evitar así que el asunto acabe en el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Esta decisión no es un capricho banal de Europa. Está recogido en el Real Decreto-ley 4/2013, que afirma que “el plazo de pago que debe cumplir el deudor (…) será de treinta días naturales después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios“. Sin embargo, pese a que algunas ciudades como Bilbao (15 días) o Ciutadella de Menorca (13 días) sí cumplen, otras están a casi dos años del objetivo, como Castril (627 días) o Arcos de la Frontera (633 días).
Los datos de la Airef, correspondientes al último trimestre del año 2020, reflejan una situación financiera muy dispar entre unas comunidades y otras. Andalucía cuenta con varias centenas de municipios con un retraso en el pago de más de tres meses -entre ellas, dos capitales de provincia (Jaén y Granada)-. Esta situación contrasta con la del País Vasco, donde no hay ningún ayuntamiento que tarde más de cien días en pagar.
Andalucía es la comunidad que tiene un mayor número de morosos. El pueblo granadino de Rubite –con 1125 días- es el municipio de todo España que más tarda en pagar a sus proveedores. A éste le siguen Cuevas del Campo -con 1063 días-, Nerva –con 1054 días-, Iznalloz -con 979 días- y Cortés de la Frontera, con 894 días. La Comunidad de Madrid tiene el segundo municipio del país con mayor atraso en el pago a proveedores. Se trata de un pueblo al sur de la región que se llama Moraleja de Enmedio, con 1.098 días. Le secundan Batres -con 818 días-, Torrejón de Velasco -con 580 días-, Parla -con 425 días- y, por último, Casarrubuelos, que tarda un año y cuatro días. Cantabria contrasta con la alta incidencia de morosidad de estas dos comunidades. Ninguno de sus municipios supera el año de retraso en los pagos. El pueblo más alejado al objetivo que marca Europa es Arredondo, con 269 días.
A diferencia de Madrid y Andalucía, Cataluña no tiene ningún municipio que supere la franja de los 1.000 días de retraso en el pago. Sus cinco pueblos más infractores son: Bisbal d’Empordà -con 976 días-, Besalú -con 394 días-, Canyelles -con 268 días-, Berga -con 244 días- y Prades, con 206 días. Cabe mencionar el municipio de Badalona, actualmente regido por el popular Xavier García Albiol, que pese a tener un retraso en los pagos a sus proveedores de 165 días, la semana pasada aprobó el presupuesto con mayor dotación económica de la historia de la ciudad. Por otro lado, Puértolas, un pueblo de 215 habitantes en pleno corazón de Huesca, tarda 293 días en pagar. Pero no es el mayor moroso de Aragón. Le supera Salillas de Jalón, con más del triple de días: 795.
El pasado mes en Albocàsser, un pueblo del interior de la provincia de Castellón, discutían en el pleno del ayuntamiento sobre qué hacer con un busto del dictador Francisco Franco que tenían en el museo del pueblo. Sin embargo, el voto final no arregló que sigan siendo el cuarto municipio de la comunidad que más tarda en pagar a sus proveedores, con 281 días. El ranking de morosos de la comunidad lo completan Villores -con 807 días-, Santa Magdalena Polpis -con 447 días-, Torrebaja -con 312 días- y Navajas, con 214 días. Murcia no es una excepción en morosidad en el Corredor del Mediterráneo y así lo demuestran los cinco pueblos que más inciden en ello: Ceutí, con 591 días, Moratalla -con 489 días-, Librilla -con 325 días-, Campos del Río -con 279 días- y Villanueva del Río Segura, con 244 días.
El Camino de Santiago tiene varios recorridos. Uno de ellos es la ruta de la Plata, que atraviesa las comunidades de Extremadura, Castilla y León y Galicia. Los municipios de estas comunidades también incumplen con el pago a sus proveedores pese a que sus tierras sirvan de sendero para visitar, según dice la tradición, el sepulcro de uno de los doce apóstoles. Extremadura tiene a uno de los pueblos del país con mayor media de retraso en sus pagos. Es Madrigalejo, con 968 días. Le siguen otros como Montánchez (739 días) o Valle de la Serena (668). En Castilla y León, encabezan la lista de morosos Cisneros -con 807 días- y Ledesma, con 722 días. Finalmente, en Galicia, son Puebla de Trives, con 718 días y A Gudiña, con 578 días, los pueblos que lideran la tardanza en el pago a sus suministradores.
Castilla-La Mancha, La Rioja y Asturias no son una excepción a la alta incidencia del país en morosidad. Así, Yepes, un pueblo de la provincia de Toledo, es el que más tarda en devolver sus pagos a los proveedores de toda la comunidad, con 763 días. En La Rioja es Ochánduri, con 421 días, el que encabeza la demora y en Asturias solo tres municipios superan el límite legal de los treinta días: Ponga -con 254 días-, Somiedo -con 109 días- y San Tirso de Abrés, con 84 días. En cambio, País Vasco y Navarra son las dos comunidades que más se acercan a la ejemplaridad que pide Bruselas. En País Vasco no hay ningún municipio que llegue en días a las tres cifras por incumplimiento en los pagos. El pueblo más cercano se queda a tan solo una semana de ello. Se trata de Bedía, un pueblo a pocos minutos en coche de la capital de Vizcaya, que tarda 93 días. Mientras que en Navarra, según los datos de la Airef, todos sus pueblos cumplen con el límite legal de los 30 días que marca el real decreto.
En las zonas insulares, es Binissalem, una localidad de Mallorca, la que más destaca en su atraso en el pago a suministradores, con 214 días. Mientras que en Canarias, es Arico (246 días), que se encuentra situado en la isla de Tenerife, y Telde (224 días), en la isla de Gran Canaria, los que lideran el ranking de morosidad. Por último, la ciudad autónoma de Ceuta -con 42 días, doce más de los permitidos- refleja que no pagar a tiempo a los proveedores no entiende de continentes.
El Gobierno ha asegurado estar comprometido con el cumplimiento de los plazos establecidos en la directiva de morosidad. Fuentes del Ministerio de Hacienda consultadas por La Información afirman que el Gobierno ha establecido medidas para dotar de liquidez a las comunidades autónomas y a las entidades locales para que puedan afrontar esos pagos y tener sus finanzas saneadas frente a la Covid. De momento, el marco real de la situación es que 874 municipios superan los doscientos días de retraso en el pago a sus proveedores.
