La deuda comercial de los ayuntamientos alcanza los 1.900 millones y los retrasos de sus pagos duplican el máximo legal. Las comunidades recortan el periodo medio de abono gracias a las ‘inyecciones’ del Estado.
Bruselas ha dado un ultimátum a España para que en el plazo de dos meses se ponga al día y reduzca los excesivos retrasos en los pagos a proveedores –empresas, autónomos y pymes– que tienen las administraciones locales y autonómicas, fundamentalmente, que en algunos casos superan los mil días y asfixian sobre todo a las pequeñas empresas, ya de por sí muy tocadas por la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus, que ha hecho que más de 442.000 autónomos estén supeditados a ayudas públicas para subsistir, pero que en principio solo se prolongarán hasta septiembre.
La Comisión Europea, que ha reconocido los esfuerzos españoles de los últimos años, trata de evitar que el asunto acabe en el Tribunal de Justicia de la UE (TUE). El expediente contra España fue abierto en el año 2015 y ahora el Ejecutivo comunitario ha dado un paso más en el procedimiento de infracción con el envío de un dictamen motivado, el último aviso antes de elevar el caso a la Justicia europea si pasado el plazo establecido de dos meses persisten los incumplimientos.
Según los últimos datos que proporcionan de forma periódica el Ministerio de Hacienda y el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las administraciones públicas acumulan una deuda comercial conjunta de 5.577 millones de euros, el equivalente al 0,47% del Producto Interior Bruto (PIB) nacional. Las comunidades son las protagonistas de estos impagos y debían casi 3.000 millones de euros a sus proveedores en el mes de marzo, mientras las corporaciones locales adeudaban 1.915 millones. Por su parte, la Administración central y la Seguridad Social -que apenas tarda 6,78 días en pagar- acumulaban impagos de cerca de 680 millones de euros.
Las datos oficiales evidencian los retrasos, que en los ayuntamientos son de media de 66 días, una demora en el pago que más que duplica la recogida en la normativa sobre morosidad, que actualmente es de 30 días. Según las estadísticas del Ministerio de Hacienda, pese a que la deuda pendiente sigue siendo muy elevada, se ha reducido en casi mil millones con respecto al año pasado. Aragón, Baleares, Cataluña y Cantabria todavía superaban el marzo el máximo legal a la hora de pagar a sus proveedores, con retrasos superiores a un mes.
El aspecto positivo es que la mayoría de las entidades locales que han presentado información cumple con el plazo de pago que marca la normativa de morosidad. Concretamente, el 69,74% de las entidades de cesión, que son los grandes municipios con una población superior a 75.000 habitantes y las diputaciones y cabildos insulares) y el 77,66% de los pequeños pagan con retrasos inferiores a 30 días. Pese a todo, algunos ayuntamientos medianos tienes facturas impagadas de más de dos años. Es el caso de Rubite (Granada) que acumula retrasos de 1.135 días, el de Torrecera (Cádiz), de 1.111, y el de Ceutí (Murcia), 779 días.
Entre los grandes ayuntamientos, Jaén que de media tarda en pagar 640 días; el de Jerez de la Frontera, con más de 400 días; y el de Parla (Madrid), con 389 encabezan el ránking de morosidad, aunque los corporaciones con deuda pendiente están la de Madrid con 165 millones de euros -que tarda 26 días en pagar- y la Diputación de Valencia, con más de 87 millones. Entre los pequeños municipios destaca.
Pymes, en peligro
Los trabajadores autónomos son los principales clientes de las administraciones locales, las que peor pagan, y creen que un número destacado de estas corporaciones se están financiando a costa de ellos en un contexto en que las sanciones no llegan y la situación es extrema para muchas pequeñas empresas, que están al borde del cierre. Según la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), se ha demostrado que se puede reducir la morosidad si existe voluntad y aboga por un régimen sancionador para las administraciones que incumplan la ley.
En el mismo sentido se ha manifestado el presidente de Pimec y de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), Antoni Cañete, que aseguraba que “la lacra de la morosidad continúa siendo una de las causas principales de la pérdida de liquidez para las pymes y los autónomos y afecta muy negativamente a su viabilidad y su competitividad, haciendo perder tejido productivo y puestos de trabajo”.
Cañete ha advertido que pese a que existe una ley para limitar en el tiempo los impagos, “las cláusulas abusivas impuestas en muchos contratos y el incumplimiento de los plazos legales de pago continúan presentes en el mercado” y ha abogado por poner en marcha un régimen sancionador de la morosidad, una reclamación constante de las asociaciones y patronales que agrupan a autónomos y a pequeñas empresas.
