Los presupuestos expansivos han terminado siempre por condenar a España a ser ya el décimo país del mundo por mayor volumen de deuda.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado esta misma semana el límite de gasto no financiero (sin contar los intereses por el pago de la deuda) que vuelve a marcar récord. Se trata de una nueva cifra histórica tanto si se incluyen los fondos provenientes de Europa (196.142 millones de euros), como si no se tienen en cuenta (169.787 millones).
Para no ser menos que los anteriores titulares del departamento de finanzas, la ministra ha destacado “que las cuentas públicas serán compatibles con reducir el déficit público a la mitad en dos años”. Complicada tarea si se tiene en cuenta el historial económico de nuestro país cuando las cuentas públicas han sido calificadas, como las de 2022, de “expansivas”.
Una de las reglas de oro de los economistas de que “a más gasto, mayor endeudamiento” se cumple casi a rajatabla en España. En los últimos cuarenta años, las cuentas españolas sólo han conocido tres superávits: en los años 2005, 2006 y 2007. En otras cuatro ocasiones han estado a las puertas del equilibrio presupuestario, pero sin traspasarlas. Hoy, España tiene la décima deuda más elevada del mundo por volumen y la decimotercera en términos de PIB.
Hace cuatro años, Cristóbal Montoro, en la presentación del techo de gasto para el año 2018 que propuso el que después se convirtiera en el último Gobierno de Mariano Rajoy, se atrevió incluso a pronosticar que ese año España estaría en condiciones de abandonar el Procedimiento de Déficit Excesivo al que nuestro país estaba obligado a someterse desde el año 2009.
En 2017, cuando Montoro dio a conocer las líneas maestras de los Presupuestos Generales del Estado para el siguiente año, el déficit estaba en el 3,02% del PIB, a las puertas de acabar con la vigilancia a la que eran sometidas nuestras cuentas desde la UE. Fue incluso más decidido. Fijó en el 2,2% del PIB el déficit para ese ejercicio; en el 1,9% para 2019 y en el 0,5% para 2020. Aspiraba a dejar la deuda en el 9,25% del PIB en 2020 desde el 98,8% de 2016.
No pudo comprobar si se cumplieron sus premisas o no por la moción de censura que encumbró a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno. Pero no anduvo muy desencaminado. Falló estrepitosamente en 2020, pero tres años antes nada hacía prever lo que se le venía al mundo encima en forma de pandemia.
Exagerados vaivenes
Desde el año 2010, el techo de gasto ha sufrido unos exagerados vaivenes en función de la marcha de la economía. En épocas de crisis, la receta no ha sido otra que tirar de gasto en busca de una reanimación que, en la mayoría de los casos, nunca llegó de forma clara. Eso sí, dejó huella en forma de incremento de la deuda. La reactivación de la economía suele llevar aparejado un incremento del empleo y éste conlleva un aumento del consumo y, por extensión, más recaudación por impuestos.
Ese año, el techo de gasto se situó en 182.400 millones de euros, no tan lejos del que ha fijado el Gobierno para 2022. ¿Qué sucedió? Que las cuentas presupuestarias se cerraron con un déficit del 9,53% del PIB, o lo que es lo mismo, de 102.193 millones de euros. Y eso que se redujo en 0,21 puntos del PIB respecto al año anterior. El problema llegó con la deuda. Pasó de representar el 53,3% del PIB a ser el 60,50% (649.152 millones de euros). Se superaba de esa manera uno de los límites recomendados por la Unión Europea para los países miembros de la Eurozona, lo que abría las puertas a la “intervención” de las autoridades europeas en la política económica española.
2013 fue también un año en el que el techo de gasto se incrementó un 9,2% tras dos ejercicios de ajustes que, sin embargo, se saldaron con una subida del endeudamiento hasta el 86,3% del PIB. Entre 2011 y 2012, el límite de gasto se redujo de 182.400 millones a solo 118.565 millones. El año en el que el paro marcó a finales de marzo la cifra más elevada de la historia reciente, con 6,2 millones de desempleados, la deuda se fue hasta el 95,8%, 977.312 millones después de aumentar en doce meses en 87.403 millones. La historia se repitió en 2014 y la deuda superó por primera vez el valor del Producto Interior Bruto a precios de mercado: 100,7% del PIB.
Presupuestos “más sociales”
Los ejemplos más recientes están en 2019 y 2020, en ambos casos con Pedro Sánchez en la presidencia del Gobierno; María Jesús Montero, en el Ministerio de Hacienda, y Nadia Calviño, en el Ministerio de Economía. El Gobierno elevó el techo de gasto un 4,4% en 2019 para “garantizar una recuperación económica justa”, en palabras de la titular de Hacienda, y otro 2,4% en 2020. Relajó los objetivos de déficit que habían fijado antes (que aspiraban a un déficit cero en 2021), para confeccionar unos presupuestos “más sociales”, con 6.000 millones de euros adicionales para las familias más desfavorecidas. La pandemia acabó con la arquitectura presupuestaria construida desde Hacienda.
Hoy, María Jesús Montero ha perfilado un Presupuesto desde la base de un déficit en 2020 del 10,97% del PIB y una deuda de las Administraciones Públicas que ha superado ya los 1,4 billones de euros, el 125% del PIB. España, como todos los países de la Eurozona, se está financiando con dinero gratis del BCE que en algún momento habrá que devolver. Porque los incrementos de la deuda suelen ser acompañados en el tiempo de una petición de los inversores institucionales de mayores tipos de interés para seguir comprando bonos cuando la institución que preside Christine Lagarde tenga que retirar los estímulos financieros.
No hace tanto tiempo, ni diez años siquiera, que la UE y el FMI tuvieron que salir al rescate de la banca española, la principal poseedora de Letras, Bonos y Obligaciones del Tesoro. Fue en 2012.
