Una sentencia de la Audiencia Nacional pone ‘en jaque’ hasta 5.200 empleos -directos e indirectos- en la ciudad de Pontevedra. Los ecologistas aplauden el fallo, mientras los trabajadores luchan por recurrirlo.
La primera película de la historia fue un cortometraje rodado por los hermanos Lumière en 1895, de menos de un minuto de duración, cuyo argumento gira en torno a la salida de decenas de hombres y mujeres de una fábrica de Lyon (Francia) después de trabajar. Poco más de un siglo después, las fábricas solo aparecen en las pantallas para ser denunciadas como chivos expiatorios del proceso de calentamiento global que sufre la sociedad. Sin embargo, éstas todavía son numerosas en nuestro país. Así, solo en la industria papelera, hay 1.640 empresas que dan empleo a más de 44.000 trabajadores, según el portal de datos Statista.
Una de ellas es la fábrica Ence, en Lourizán: una infraestructura que se encuentra a las orillas de la ría de Pontevedra y que “fue construida en la época de Franco durante los Planes de Desarrollo” de López Rodó y que es una de las dos únicas fábricas de Europa “que produce pasta de papel libre de cloro a partir de la madera del eucalipto”. Estas instalaciones dan empleo directo a 400 trabajadores e indirecto a 2.700. Además, a estos 3.100 puestos se le unen 2.100 empleos del sector forestal de Galicia que dependen de la actividad de Ence en Pontevedra, por lo que hay un total de 5.200 personas que viven de esta manufactura.
En 2016, durante el Gobierno en funciones del pontevedrés Mariano Rajoy, se prorrogó la concesión a la empresa Ence de este terreno -cuyo contrato expiraba en 2018- hasta el año 2073. Para ello, se basaron en el artículo 32.1 de la Ley de Costas que sostiene que “únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación“. Tras esta decisión, el Ayuntamiento de Pontevedra, la asociación Pola Defensa da Ría y la organización Greenpeace, presentaron recursos contra ello porque defendían que sí podía estar ubicada en otro lugar. “Ence Pontevedra es la única pastera, de las ocho del Estado, que está en dominio público marítimo-terrestre, ni siquiera la otra pastera de la compañía, que está en Navia”, sostiene Manoel Santos, coordinador de Greenpeace Galicia. Cinco años después, la Audiencia Nacional estimó los recursos de estos últimos. Sin embargo, esta batalla judicial solo acaba de empezar. Ahora, la empresa ha anunciado que recurrirá esta decisión al Tribunal Supremo.
La directiva y los trabajadores de Ence “tienen una hoja de ruta en común” porque “las dos partes están interesadas en seguir trabajando en Ence Lourizán”. “La situación es bastante dura y crítica”, dice Ana Cedeira, trabajadora de la fábrica y presidenta del comité de oficinas centrales de Ence Pontevedra, que continúa, “tendremos que agotar la vía judicial y movilizarnos en la calle, no queda otra, tenemos que pelear por nuestros puestos de trabajo”. Cedeira dice que esto es un tema “meramente” político en el que “hay dos grandes culpables“: el alcalde Miguel Anxo Fernández Lores -que lleva en la alcaldía de Pontevedra desde 1999- por su “campaña contra Ence siempre que hay elecciones” y el Gobierno de Pedro Sánchez porque fue quien “allanó” las demandas de los denunciantes por medio de la Abogacía del Estado.
“El futuro será el paro“, afirma tajante Cedeira, en caso de que el Supremo ratifique la sentencia de la Audiencia Nacional. “No hay reubicación alternativa a al fábrica de celulosa de Pontevedra”, continúa la trabajadora que argumenta que ésta “necesita una serie de características técnicas, una gran masa de agua dulce, una situación física para el transporte de la madera y un puerto cercano para transportar la pasta de celulosa”. Todas estas condiciones, según cuenta, no las reúne ningún lugar en Galicia y “así lo confirman dos consultoras muy importantes muy importantes y expertas en el tema”
“Celebramos la sentencia de la Audiencia Nacional que es, además, muy contundente por la incompatibilidad de Ence en dominio público marítimo-terrestre”, dice Manoel Santos, que prosigue, “ellos están en el limbo tras la decisión de la Audiencia, porque la sentencia muestra que ellos llevan tres años ‘de prestado’ en ese lugar”. Santos reconoce que “las papeleras ya no contaminan como hace veinte años”, sin embargo, asegura que la fábrica tiene dos efectos perniciosos. El primero es que “no cumple la ley, y ésta está para cumplirse”. El segundo es que han ocupado “cientos de miles de metros cuadrados del paraíso”. Así es como se conocía en Galicia “al mejor banco marisquero”. Por último, el activista culpa a la fábrica de “exterminar” toda la biodiversidad que había allí.
De momento, la situación de la empresa Ence parece estar sumida en la incertidumbre, como aquella película de los hermanos Lumière, donde no sabías adónde iban todos aquellos trabajadores. Esta compañía -que tiene dos biofábricas, cinco plantas de generación con biomasa y un complejo energético- lleva esta semana registrando pérdidas en el mercado continuo. Si el Tribunal Supremo ratifica el fallo de la Audiencia Nacional, supondrá un varapalo considerable porque perderán su simbólica fábrica y, probablemente, una gran cantidad de capital humano. Una situación, que para más inri, se produce tras haberse codeado, hasta hace no mucho, con las treinta y cinco empresas con mayor liquidez del país.
