Eurostat cifra en 58.400 millones el dinero no recuperable tras la crisis financiera. Un derivado contratado por la Sareb en 2013 ha sido especialmente perjudicial.
España lidera el ranking de los países europeos con más ayudas públicas a la banca que se han perdido. Eurostat cifra el dinero desperdiciado en 58.415 millones de euros hasta finales de 2020. Se trata de unos 10.000 millones más que el ejercicio anterior. El incremento ha sido consecuencia de haber tenido que rectificar las cuentas del llamado “banco malo”, Sareb, por exigencias europeas.
La oficina estadística de la UE suma los déficits públicos generados entre 2008 y 2020 por las intervenciones de los gobiernos para remediar la crisis financiera. Como explica Antoni Garrido, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, “Eurostat establece que el impacto de las pérdidas efectivas generadas por las ayudas bancarias cada año deben consolidarse en el déficit público”.
Las últimas cuentas revelan que España supera a Alemania, cuyos contribuyentes han tenido que soportar unas pérdidas acumuladas de 49.106 millones de euros hasta finales de 2020. Le siguen Irlanda, con 48.438 millones; Grecia, con 27.297, y Portugal con 22.340.
De este asunto lo más asombroso es la cuantía. De un rescate bancario que “no iba a costar ni un euro al contribuyente” como habían sostenido el presidente Mariano Rajoy y el ministro de Economía, hoy vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, hemos pasado a la sangría más elevada de Europa. Para poner las cifras en contexto, cabe recordar que los recortes en gasto social entre 2011 y 2014 ascendieron a 2,3 puntos del PIB (unos 24.000 millones de euros), según Fedea.
Las cuentas de la Sareb requieren muchas más explicaciones. Sabemos que su deuda de 35.000 millones de euros se ha convertido en pública y que tiene un patrimonio negativo de 10.529 millones. Las pérdidas anuales acumuladas entre 2013 y 2020 ascendieron a 5.075 millones. Y según la propia entidad, el 60% de esta cuantía, 3.042 millones de euros, han sido originados por un swap que, inexplicablemente, se contrató en agosto de 2013 para cubrir posibles subidas de los tipos de interés. Entonces, la Sareb estaba presidida por Belén Romana, ahora consejera del Banco Santander. Este derivado de 42.221 millones de euros (el más cuantioso de la UE), fue contratado con varios bancos (Santander, Société Général, CaixaBank, Barclays, Credit Agricole) y hoy está diluido en el mercado.
Durante los últimos cuatro años el swap ha generado unas pérdidas superiores a los 500 millones anuales. En 2017 y 2018, por ejemplo, las pérdidas ascendieron a 548 millones y 570 millones de euros, respectivamente. Durante estos mismos años los presupuestos del Estado destinaron 474 millones y 481 millones a políticas de vivienda.
Los swaps son productos derivados de alto riesgo que han arruinado a miles de pequeñas empresas y particulares, cuyas consecuencias son imprevisibles incluso para sus diseñadores. En la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera, el presidente de la Sareb, Jaime Echegoyen, dijo que deshacer la operación del swap costaría 1.900 millones de euros.
Sabemos parte de la historia porque estamos en la Unión. Los responsables deben explicar las características de este misterioso contrato y cómo se puede evitar que siga costando un dinero que este país precisa en asuntos dramáticamente prioritarios.
