Pensionistas y funcionarios suponen el 34% del electorado. Pero cuando se rectifica su voto con la Ley D’Hondt superan el 50%.
Una familia con dos hijos en una ciudad española son dos votos por cuatro personas. Un matrimonio jubilado en un pueblo de España, son ocho votos por dos personas. Es decir, en una ciudad por unidad familiar son 0,5 votos por persona de promedio. En la españa rural habitada mayormente por pensionistas, cada unidad familiar son 4 votos por persona. Es decir, para un político cada pensionista improductivo vale hasta 8 veces más que los trabajadores productivos de las ciudades. Sumen a este hecho el peso de los funcionarios y entenderán por qué 11 millones de pensionistas y 4 millones de funcionarios más políticos (la España improductiva) tienen secuestrado el presupuesto en su beneficio.
El pasado martes, el Gobierno, a través de su ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ahora también responsable de Función Pública tras la marcha no demasiado entusiasta de Miquel Iceta a Cultura y Deportes, detallaba en la rueda de prensa del Consejo de Ministros “la mayor oferta de empleo público de la historia”, después del frenazo de las convocatorias de oposiciones que supuso la pandemia del coronavirus. Así, la Administración General del Estado (AGE) ofertará casi 30.500 plazas, 9.500 de promoción interna. Las Fuerzas Armadas, Policía y Guardia Civil tendrán un peso importante en la convocatoria, aunque habrá posibilidades para los opositores en casi todos los departamentos del Estado.
El ‘bombazo’ de la ministra, solo una semana después de la aprobación por la mínima en el Congreso de los Diputados del decreto de interinos, acordada ‘in extremis’ con Unidas Podemos y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y con el compromiso de hacer fijos a estos trabajadores tras diez años en el puesto, algo que podría ser inconstitucional y supone un agravio para los funcionarios de carrera, que no sentó nada bien a los sindicatos. Tampoco gustó a los líderes sindicales de la Función Pública que unos días antes del anuncio de la macroconvocatoria pública se les diese un número de plazas cerrado, que en el Consejo de Ministros se engordó y que todavía consideran insuficiente ante el envejecimiento de la plantilla.
Casi en paralelo, las dos estadísticas que dan cuenta del número de empleados públicos -el Boletín de Personal al Servicio de las Administraciones y la Encuesta de Población Activa (EPA)– reflejaban la mayor cifra de funcionarios de sus series históricas. Mientras, otro gran colectivo, el de los pensionistas actuales, que agrupa a casi diez millones de ciudadanos, recibía unas semanas antes buenas noticias por parte del Ejecutivo. Sus pensiones no se tocarán en los próximos años y subirán con la inflación. Un hito que pagará la generación del ‘baby boom’ con más trabajo o con menos pensión.
Con un panorama económico esperanzador; el final de la pandemia a la vista tras el éxito de la vacunación -ya están inmunizados los mayores de 60 años-; con los funcionarios y los pensionistas, que suponen uno de cada tres electores, contentos o muy contentos; con cifras de empleo cada vez mejores -sin conocer aún el impacto que tendrá el fin de los ERTEs en el paro- y a la espera de una lluvia de fondos de la Unión Europea -hasta 140.000 millones de euros- que empezarán a repartirse en breve… ¿Qué puede salirle mal a Pedro Sánchez si adelanta las elecciones generales que están previstas para noviembre de 2023?, se preguntan fuentes sindicales consultadas.
La lluvia de millones de la UE, los guiños a funcionarios y pensionistas y el fin de la pandemia dibuja un escenario propicio que cambiará con los recortes de 2022
Pero el grifo abierto de Bruselas no será infinito y la manga ancha con el déficit deberá acabar en 2022, advierten desde el sector público. Dos malas noticias que ensombrecerán la recuperación y harán difícil promesas como la de no recortar las pensiones y el guiño de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Junto a esto, las medidas más duras de la reforma de las pensiones, como la puesta en marcha del factor de equidad intergeneracional, se anunciarán previsiblemente a finales del próximo año, aunque irán entrando en vigor de forma progresiva en los ejercicios posteriores. Hasta 12,7 millones de pensionistas -votantes de los dos grandes partidos- y funcionarios no tendrían nada que objetar al Gobierno que ha sabido agradarles. Mientras, expertos y economistas insisten en que en la reforma de pensiones “no se puede pensar en el corto plazo ni en base electoral”.
De forma paralela, la debilidad de Sánchez para sacar adelante leyes en el Congreso, que se vio con el reciente decreto de interinos, debido a la presión cada vez mayor de dos de sus socios clave –Partido Nacionalista Vasco (PNV) y ERC– dibuja una legislatura cada vez más complicada, una situación que ha obligado a un viraje con el cambio de Gobierno, que presuntamente tiene un talante más dialogante que el anterior. Sánchez es impredecible, pero este escenario político hará muy difícil la aprobación de los Presupuestos y si sucede se hará con grandes cesiones, que podrían pasar factura electoral, señalan los analistas. La opción podría estar en los nueve diputados de Ciudadanos, pero los constantes ninguneos de Sánchez a la formación naranja lo hace bastante complicado.
Las elecciones autonómicas andaluzas, que se deben celebrar antes de que acabe 2022, pueden marcar la fecha de Sánchez. Pese a que Juan Manuel Moreno Bonilla lo descarta, es una posibilidad que se adelanten los comicios andaluces y Sánchez podría hacer coincidir las generales con esa fecha o hacer que se celebren un poco antes. Los recelos de Vox con el PP, tras la declaración de persona non grata a Santiago Abascal con la abstención de los ‘populares’ en Ceuta y la cada vez mayor debilidad parlamentaria de Sánchez podrían ser determinantes para un nuevo ciclo electoral. Mientras, las encuestas reflejan una subida del PP, que serviría de poco sin un Vox que amenaza con apoyar solo lo que le convenga.
