La auditoría revela que, pese atener una plantilla de casi 600 trabajadores, en 2018 sólo ejecutó el 35,6% del presupuesto para vivienda protegida.
La Junta de Andalucía ha publicado ya en el portal de Transparencia 37 de las 54 auditorías efectuadas a la Administración ‘B’, entre fundaciones, agencias y empresas públicas. Entre ellas figura la realizada a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).
Son dos los aspectos más reseñables de la documentación, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. La primera de ellas ya la adelantó el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, refiriéndose a los altos sueldos de la plantilla, de los que indicó que en algunos casos eran más de tres veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Efectivamente, en el informe, de 116 páginas, aparece recogida la circunstancia de que los 584 trabajadores de esta entidad pública son los que cobran los sueldos más altos dentro del entramado de entes paralelos. Ganan más de 50.000 euros brutos anuales de media.
La auditoría de este órgano público ha sido realizada por Ernst&Young. En ella, se detalla que estos 584 trabajadores tienen una partida de personal que aparece reflejada en el apartado de gastos generales.
Para Personal, y con una consignación presupuestaria de 28.308.398 euros, en 2018 tuvieron un grado de ejecución tal que fue incluso superior al cien por cien. Según el informe, al cierre del ejercicio de 2018 se destinó el 102,15% de lo presupuestado, pues finalmente la AVRA ejecutó 28.916.859 euros sólo para abonar las nóminas de los trabajadores.
En la documentación, cada anomalía detectada es notificada al organismo para que éste realice las pertinentes alegaciones. A este respecto, el actual director general de la Agencia de la Vivienda, Juan Carlos del Pino, explica que estos elevados sueldos se deben a una “plantilla envejecida” que “acumula trienios de antigüedad”. También apunta que desde 2017 se ha venido produciendo una recuperación progresiva de los derechos retributivos de la plantilla, afectada desde 2012 por los “recortes” a los funcionarios públicos.
El alto grado de ejecución de las nóminas y su abultada cuantía contrastan con otros parámetros analizados en la auditoría de una agencia cuyo espíritu es la promoción, alquiler y rehabilitación de viviendas. En éste último apartado, el de rehabilitación urbana y de la edificación, de los 1.375.545 euros consignados sólo ejecutó el 13,73%. Es decir, en 2018, la Junta de Andalucía solo invirtió 188.808 euros para la rehabilitación de viviendas de toda la comunidad autónoma, frente a los casi 29 millones de euros que supuso sostener una plantilla de 584 trabajadores.
“El interés público (de la agencia) es palpable en primer lugar por responder al mandato constitucional promover las condiciones para que todos los andaluces puedan disfrutar de una vivienda digna”, estima el informe. Esas condiciones van dirigidas específicamente a un segmento de población, “formado por las capas más desfavorecidas” y, por último, porque la acción de AVRA tiene carácter subsidiario respecto a la iniciativa privada. Lo mismo indica respecto de la gestión del Parque Público de Vivienda. “El interés público de esta actividad es innegable, prima el elemento social de la misma sobre el puramente económico”.
Promociones
En lo referente a la gestión del parque público de viviendas alquiladas (VPP), a 31 de diciembre de 2019 la Junta tenía alquiladas 49.157 viviendas, estando solo vacíos 644 inmuebles. Éstos últimos se encontraban “en proceso de regularización de sus titulares”, en proceso de reparaciones o “en procedimientos administrativos”, en estos últimos casos, para incorporarlas al alquiler a corto plazo.
Sin embargo, en cuanto a los datos de inversión anual para promoción de viviendas, que es el objetivo primordial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, hubo un importante déficit en cuanto al grado de ejecución. Este epígrafe, el de la promoción de vivienda, consta de tres segmentos de inversión: vivienda de régimen especial (protegida), vivienda de régimen general y vivienda de alquiler.
En 2018, la Agencia destinó 681.780 euros a la promoción de viviendas protegidas, de los que sólo ejecutó el 35,6% (242.693 euros). En cuanto a la vivienda de régimen general, el ente público reservó una partida de medio millón de euros, que sí ejecutó parcialmente, hasta un 92,79%.
Para construcción de vivienda de alquiler, reservó una partida de 7.099.832 euros de los que invirtió en construir poco más del 30%, 2.134.275 euros. En total, y sumando los tres apartados, el presupuesto de la Agencia para promover vivienda era de 8,281 millones de euros, de los que solo ejecutó 2,355 millones, el 28,44%.
Otro dato significativo, por sus bajos rendimientos, es el de la Promoción del Suelo. En 2018 la Agencia solo alcanzó a vender el 42% del presupuesto estimado a obtener de la venta de sus activos. Con un presupuesto de 10.226.051 euros, la AVRA solo recuperó 4.364.583 euros, el 42,68% de lo consignado, repartidos en cinco apartados: suelo residencial, industrial y terciario, reserva de suelo, desarrollos turísticos y vías pecuarias.
La partida presupuestaria estimada para vender suelos de uso residencial, 6,28 millones de euros, acapara la mayor cifra. Sin embargo, tuvo un grado de ejecución muy inferior, al lograr vender activos únicamente por 2,43 millones de euros (el 38,71%).
La explicación a esta “parálisis” que aún colea, según fuentes consultadas de toda solvencia por este periódico, se encuentra en que AVRA, pese a tener numerosos activos para enajenar, es heredera de la extinta EPSA (Empresa Pública de Suelo de Andalucía).
Entre 2012 y 2015 la EPSA estuvo bajo la batuta de Izquierda Unida, en virtud del pacto de gobierno PSOE-IU. La consejera del ramo, Elena Cortés, “retiró la S de la EPSA”, al entender que una empresa pública no podía dedicarse a vender suelos, sino únicamente a construir vivienda y a rehabilitarla. Al recuperar el PSOE la consejería, ya con Susana Díaz, “se trató de revertir la situación”.
Desviación
En función de los resultados obtenidos, la auditoría concluye que “si bien la entidad tiene un adecuado y suficiente sistema de planificación (…) hay una desviación importante entre las previsiones y la ejecución de forma general”. También estima que “no apreciamos una relación clara entre el incumplimiento parcial de los objetivos, las medidas correctoras aplicadas y la adaptación de la estrategia futura de planificación o previsión de la anualidad siguiente”.
En efecto, en el ejercicio 2019, ya con el actual gobierno PP-Cs, AVRA cumplió su previsión “en sólo 5 de los 14 objetivos previstos dentro del Plan de Explotación”, si bien “se aprecia un esfuerzo extraordinario en la ejecución durante 2019 con el objetivo de compensar la baja ejecución de los años anteriores”.
La entidad considera que las causas de estas desviaciones tienen varias explicaciones. En la escasa promoción de vivienda, “se debe al no inicio de actuaciones por falta de financiación debido a la no autorización por Hacienda”. En cuanto a las menores ventas y productividad en el ejercicio 2019 en relación a 2018, la agencia estimó que 2019 fue “un año de transición política” tanto en la Junta de Andalucía como en AVRA.
