El uso de convenios de estudiantes para cubrir puestos de trabajo tiene un impacto negativo de cerca de €1.500M al año en las arcas de la Seguridad Social y de €4.250M en salarios.
Cada año, decenas de miles de jóvenes tratan de dar sus primeros pasos en el mundo profesional realizando prácticas curriculares a través de sus universidades o centros educativos. Sin embargo, estos modelos, orientados al aprendizaje y la formación, se usan en muchas ocasiones de forma fraudulenta para cubrir puestos de trabajo a bajo coste o esconder relaciones laborales. Esto es lo que asegura un reciente estudio publicado por el sindicato UGT, donde se advierte de que, entre salarios y cotizaciones a la Seguridad Social, el fraude asociado a las prácticas no laborales en España supone pérdidas de cerca de 5.900 millones al año.
Para realizar este cálculo, el sindicato se ha basado en la Encuesta de Estructura Salarial de 2018 y en los datos de los más de 800.000 jóvenes que estaban realizando prácticas no laborales aquel año, lo que se traduce en cerca de 300.000 puestos de trabajo a jornada completa.
Según UGT, el fraude asociado a las prácticas no laborales consiste en hacer pasar por estudiantes a jóvenes que no están matriculados en ninguna formación reglada, pero que son obligados a matricularse en titulaciones online de baja calidad, y que costean de su propio bolsillo, para poder acceder a los convenios que luego son usados para cubrir puestos estructurales y esconder relaciones laborales.
Este tipo de prácticas fraudulentas están teniendo, según el sindicato, un impacto negativo en las arcas de la Seguridad Social de cerca de 1.500 millones de euros al año, mientras que el dinero que se deja de ingresar en salarios asciende a 4.250 millones de euros. Entre 2014 y 2018, las pérdidas acumuladas habrían ascendido, según el sindicato, a más de 16.000 millones en sueldos y a más de 6.000 millones en cotizaciones.
El estudio del sindicato también incluye información y cifras sobre la situación de las personas que trabajan para las plataformas digitales, un sector que durante los últimos años ha crecido de forma exponencial, gracias a la precarización y al uso de falsos autónomos como fuerza laboral.
Según las cifras recopiladas por UGT, estas prácticas permitieron a las plataformas digitales ahorrarse 76 millones de euros en cotizaciones a la Seguridad Social y 92 millones de euros en salarios durante 2018, aunque las cifras podrían ser aún más altas en la actualidad debido al crecimiento de estos negocios, en los que la mitad de los trabajadores son menores de 35 años.
Los jóvenes fueron el colectivo que más sufrió las consecuencias, tanto sociales como laborales, de la crisis de 2008, y también ha sido uno de los que menos ha disfrutado de la recuperación económica que se registró tras la recesión. Según UGT, entre 2010 y 2018 la tasa de crecimiento de los salarios de la población mayor de 30 años fue positiva, mientras que entre las personas de menor edad los sueldos se redujeron un 5% en el mismo periodo.
El desastre económico y laboral provocado por la crisis del coronavirus ha terminado por deteriorar casi por completo la situación de una población joven con tasas disparadas de paro y en la que nueve de cada diez de quienes trabajan lo hacen con un contrato temporal.
