El Gobierno andaluz denuncia un “entramado desproporcionado abarrotado de duplicidades” tras auditar 54 entes creados por el PSOE.
“Con estas auditorías ponemos punto y final a más de treinta y siete años de maraña de gobiernos socialistas”. De esta forma se ha expresado el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, de Ciudadanos, a la hora de presentar el trabajo que ha examinado 54 entes instrumentales, creados bajo la administración del PSOE, y que para los actuales gobernantes de PP y Cs suponen un “entramado desproporcionado de gastos innecesarios”.
Marín, que ha comparecido este martes en la habitual rueda de prensa de los martes, posterior al Consejo de Gobierno, acompañado por los consejeros de Presidencia y Hacienda, Elías Bendodo y Juan Bravo respectivamente, ha dejado claro que, con estas auditorías “se constata algo que veníamos denunciado de forma reiterada: en tres décadas se ha desarrollado una superestructura paralela, con duplicidad de funciones y competencias entre entes y consejerías incluso ajenas a tales entes”, ha resumido.
Tras este avance de conclusiones, cuyo resultado global será hecho público en el portal de transparencia de la Junta, mediante la inclusión de un total de 6.000 folios, en palabras de Marín, los dos socios del Ejecutivo que preside Juanma Moreno van a promover la creación de una “comisión de trabajo”, en el Parlamento de Andalucía, para examinar a fondo con el resto de grupos políticos todas las irregularidades detectadas. Se trata de asuntos no sólo sujetos a una más que posible comisión de investigación parlamentaria, sino también a la acción de los tribunales, si los asesores jurídicos de la Junta así lo dictaminan en las jurisdicciones administrativa y penal.
Vox venía demandando desde hace semanas tener conocimiento público de tales auditorías y ahora, precisamente en un momento convulso de relaciones entre el PP y el partido de Abascal, Juanma Moreno contenta así a su principal socio de legislatura, que amenaza de nuevo por romper con los populares.
El vicepresidente Marín ha recordado que, ya bajo el actual gobierno de centroderecha, “se han eliminado” 59 entidades paralelas que se encontraron PP y Cs como herencia al llegar a la Junta de Andalucía, tras las elecciones autonómicas del 2 de diciembre de 2018. Populares y liberales presumen de haber reducido el número de consejerías desde que iniciaron su mandato.
Una de las conclusiones que, a priori, más ha llamado la atención del Consejo de Gobierno, en relación con las auditorías, es que se detectan numerosas irregularidades en los convenios de personal de los citados entes públicos: “una misma acción tiene diferentes salarios, como el caso de un administrativo que puede ganar en unos casos 16.000 euros y en otros 46.000″, haciendo la misma función, ha ejemplificado Juan Marín.
Otra de las conclusiones es la “deficiencia” en la gestión, lo que incluso está provocando “dificultades para que se puedan reintegrar al erario público fondos mal empleados”. Las auditorías también reflejan problemas de competencias del personal de estos entes instrumentales, que se rigen por 66 convenios colectivos distintos, 43 propios y 23 sectoriales.
También a modo de ejemplo, según ha detallado Marín, en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), organismo donde fueron recolocados los extrabajadores de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) –aquella con cuyas tarjetas se pagaron prostíbulos– el personal se rige por 14 convenios colectivos diferentes.
Se da la circunstancia, tal y como ya había quedado de manifiesto por declaraciones de varios funcionarios en comisiones parlamentarias, que el 70,4% de los demandantes de empleo no recibió ofertas de trabajo a través del SAE, que solamente gestionó el 3% de las contrataciones en Andalucía: ” únicamente hubo doce ofertas por cada 100.000 habitantes, según los datos expuestos por Marín. El SAE sirvió también durante años para reconocer allí a cargos afines al PSOE.
Plan de Mejora y Simplificación del Sector público
Ante el cúmulo de anomalías detectadas el Gobierno andaluz va a poner en marcha lo que ha descrito como Plan de Mejora y Simplificación del Sector Público Instrumental, para definir las estrategias con estas entidades. Marín ha detallado que el sector público instrumental andaluz consta de diez agencias administrativas, 18 agencias públicas empresariales, tres de régimen especial, 16 consorcios, 23 fundaciones y 22 sociedad mercantiles.
El personal laboral propio de estas 92 entidades ascendía a cierre de 2018 a un total de 28.443 trabajadores, de los que 8.023 eran profesionales sanitarios, 2.873 empleados de servicios sociales y 17.547 contratados como personal laboral general.
A cierre de 2020, tras los dos primeros años de gestión del actual Gobierno, y en el contexto de la eclosión de la pandemia del Covid-19, el personal laboral general de estos entes instrumentales se redujo a 16.987 trabajadores (-3,19%), mientras que el personal laboral sanitario se reforzó hasta alcanzar los 9.050 empleados (+12,8%), y el personal laboral dedicado a servicios sociales aumentó a 2.944 (+2,47%).
Otra de las grandes medidas anunciadas este martes por la Junta ha sido la puesta en marcha de la Agencia Trade. Agrupará agrupa a las agencias IDEA, Extenda, la Agencia Andaluza del Conocimiento y la Fundación Andalucía Emprende. Además, se acometerá la integración en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) de las cuatro agencias públicas empresariales sanitarias.
Administraciones para lelas y lelos
La Administración paralela del PSOE abarcó diez agencias administrativas, 18 agencias públicas empresariales, tres de régimen especial, 16 consorcios, 23 fundaciones y 22 sociedades mercantiles.
La estructura paralela perpetrada contaba, en 2018, con 28.443 trabajadores. De ellos, más de 17.000 eran personal laboral general. Casi 11.000 se repartían puestos en servicios sanitarios y sociales.
Desde el comienzo de la legislatura en 2019, PP y Ciudadanos se propusieron aplicar la tijera y reducir al máximo la masa laboral de estos entes instrumentales. Y cumplieron. Con datos de 2020, estos puestos bajaron en 3% entre los empleados generales, un 13% entre los sanitarios y un 2,5% entre los sociales.
Los pelos se ponen de punta al leer, por ejemplo, cómo con el sistema de esas Administraciones Paralelas “se permitía contratar a dedo y cobrar tres veces más por hacer el mismo trabajo que en las consejerías”. O que “en el año 2018 había 92 organismos (que se componían de: 10 agencias administrativas, 18 agencias públicas empresariales (3 de régimen especial), 16 consorcios, 23 fundaciones y 22 sociedades mercantiles), con 28.443 trabajadores en nómina y 66 convenios colectivos diferentes”.
Según dicen los auditores, “se trataba de una estructura desproporcionada, poco operativa, con duplicidad de funciones, que incrementaba el gasto público debido a su baja eficiencia”. A mi juicio, todas estas barbaridades se crearon, como verdaderas mafias para “colocar” a los suyos y eternizarse en el poder.
Todos recordamos lo de “dinero para asar vacas”, las “mariscadas pantagruélicas”, y hasta los 32.566 euros que el director de una Fundación se gastó en prostíbulos y en su declaración señaló que estaban dentro del capítulo de “relaciones institucionales”. ¡Menudas relaciones! Por eso, para mí, a estas organizaciones no hay que llamarle Administraciones Paralelas sino “Para lelas y lelos”.
Porque así hemos sido las personas que hemos aguantado a esta gentuza casi cuarenta años. ¡Y, para más “inri”, presumiendo de honradez! ¿De cuánto más nos tendremos que enterar todavía?
