La tasa de actividad a esa edad es del 2,9%, frente al 15,5% de las economías desarrolladas. Fedea pide rediseñar la jubilación activa.
El porcentaje de españoles que sigue trabajando tras cumplir los 65 años es cinco veces inferior al del resto de la OCDE. Según datos de esta organización, la tasa de actividad de los españoles mayores de esa edad alcanza apenas el 2,88% cuando la media de los países desarrollados que conforman esta organización es del 15,46%. La diferencia es menor, pero aún así importante, si se compara a España con la media en los países de la Unión Europea, que es del 5,97% (casi tres veces más). Raymond Torres, director de coyuntura económica de Funcas, achaca esta situación a varios motivos, entre ellos la posibilidad de jubilarse anticipadamente (algo que no existe en países anglosajones o en algunos nórdicos) y la falta de formación a lo largo de la vida profesional.
“La formación es un factor importante. En otros países, como en los nórdicos, por ejemplo, se invierte bastante en mantener a los trabajadores formados, lo que influye de manera positiva para que se mantengan activos”, indica el economista. Además, destaca Torres, el modelo laboral español posee una escasa flexibilidad para desarrollar una segunda carrera profesional aparte de la principal.
“Un elemento diferencial entre España y otros países, es la existencia de segundas carreras. Primero se produce todo un desarrollo profesional como asalariado y luego hay otra carrera con una mayor flexibilidad contractual que permite conciliar mejor la vida profesional y personal. Es una forma de jubilación gradual que a veces se produce en la propia empresa, dándole al trabajador otro estatus o puesto”, explica.
Jubilación activa
En este sentido, Fedea (la Fundación de Estudios de Economía Aplicada) señala en su último estudio sobre la compatibilidad del trabajo y el cobro de la pensión, que alargar la vida laboral es importante en países como los europeos, debido al envejecimiento paulatino de la población. “[Compatibilizar la jubilación y el empleo] es interesante en un contexto de envejecimiento poblacional porque podría aumentar la oferta de trabajo sin introducir costes adicionales en los sistemas de pensiones”, indica Fedea.
Sin embargo, alerta el informe, España necesita “optimizar el diseño del programa de compatibilización” de la jubilación activa, ya que no hay incentivos suficientes para hacer uso de esta herramienta. Para acceder a la jubilación activa se deben de cumplir una serie de requisitos, como que el trabajador haya cumplido la edad legal de jubilación y que tenga derecho al cobro de la totalidad de la pensión.
El programa no contempla la actualización de la pensión al final del periodo de compatibilidad, aunque tiene una cotización del 8%. “Los trabajadores con salarios bajos tenderán a jubilarse más tarde, reduciendo los costes financieros del sistema de pensiones. Los trabajadores con salarios elevados (que activan la pensión máxima) tenderán a adelantar el cobro y resultar algo más caros para el sistema. Para la mayoría de trabajadores, situados en un rango de ingresos intermedio, la jubilación activa no crea incentivos compatibles con el retraso, de modo que la participación esperable en el programa es modesta”.
Por su parte, Torres añade que en cuanto a las reformas a abordar para aumentar la vida laboral de los trabajadores, es necesario que estas cuenten con un amplio consenso. “Si no tienen un mínimo de acuerdo se revierten, como ha pasado con algunos aspectos de la reforma de 2013 [del Gobierno de Mariano Rajoy]”, dice el director de coyuntura económica de Funcas.
“Retrasar la edad legal de jubilación o dar incentivos para el desarrollo de carreras profesionales más largas pueden ser una opción. Pero lo que al final va a determinar tanto el nivel de pensiones como la pauta de la jubilación va a ser la calidad del empleo. En ese sentido, tenemos un problema diferencial con otros países. Es un reto mayúsculo”, indica Torres.
El objetivo del gobierno es subir la edad de la jubilación
Más bonificaciones y penalizaciones. La reforma de las pensiones firmada por el Gobierno y los agentes sociales el pasado 1 de julio tiene como uno de sus principales objetivos subir la edad real de jubilación (se encuentra en 64 años y medio), para acercarla a la legal (actualmente está en 66 años, pero aumentará de forma progresiva hasta los 67 en 2027). Para ello, el Ejecutivo dará una bonificación extra de dos puntos, hasta el 4%, en el pago de la pensión por cada año que se retrase la jubilación, y una penalización por cada mes que se anticipe el retiro que irá desde el 2,81% hasta el 21%.
