El mayor engaño de la historia de España, coordinado desde las oligarquías corruptas del país contra unos ciudadanos que quedaron huérfanos de seguridad jurídica para defenderse.
Esa mal llamada Constitución no es tal, sino que se trata en realidadde la Ley Fundamental de la Monarquía de Partidos. En ella se establecen las directrices para vaciar de competencias al Estado central a través del reparto autonómico.
Para que ese reparto y el del inmenso botín económico que suponía se hicieran con normalidad, se necesitaba una ley electoral que, en lugar de ser representativa de la sociedad civil, lo fuera de los jefes de partido que hacen las listas. Y para no dejar ningún cabo suelto, impusieron en la Constitución la no separación de poderes estatales, poniéndolos en manos del ejecutivo. El poder legislativo y el judicial quedaban así sometidos al poder ejecutivo, lo que garantiza a este la total impunidad ante la corrupción, la malversación de fondos públicos, el nepotismo más absoluto y la prevaricación.
El primer agente de esta oligarquía, el rey Juan Carlos, traicionó a su padre y a Franco. La clase franquista traicionó a Franco para sobrevivir y participar en el reparto del botín con los nuevos allegados. Estos, la nueva clase política procedente de la ilegalidad, descubrirían de pronto que si también ella traicionaba a sus principios ideológicos, con los que había tenido que vivir pobremente en la sombra, también podrían participar del botín y enriquecerse sin riesgo alguno a costa de los demás.
La Carta Magna fue el resultado de un simple reparto de poderes entre traidores: a sí mismos, a la libertad política constituyente y a la unidad de España
El segundo agente, el presidente Suárez, fue tres veces traidor: traicionó los principios del Movimiento Nacional, a los españoles no permitiendo que alcanzaran la libertad política y a España, dividiéndola en diecisiete trozos, contrarios todos ellos a la realidad histórica y objetiva de la Nación. En el caso del PSOE de Felipe González, un diseño de partido de ‘izquierdas’ realizado por la CIA a través de Willy Brandt para frenar al comunismo, renegó de sus principios marxistas y desde el poder traicionó a la clase obrera en favor de las elites financiera y mediática. Miguel Boyer les entregó los monopolios públicos por la décima parte de su valor.
Con estos mimbres, la Carta Magna fue el resultado de un simple reparto de poderes entre traidores: a sí mismos, a la libertad política constituyente y a la unidad de España. La Constitución de 1978 ha destruido la unidad administrativa del Estado, la unidad de mercado, todas las referencias éticas en lo público y las morales en lo privado, ha aniquilado el sentimiento patriótico de España y suprimido la representación política de los ciudadanos.
La Constitución se elabró en secreto, sin proceso constituyente
“Lo han leído ya el Rey, el presidente Suárez, cuatro ministros y el cardenal Taracón; ha pasado por tres Facultades de Derecho de Madrid y Barcelona, por el Palacio de la Generalitat y está en un armario de la Redacción de Mundo Obrero. ¿Por qué se le escamotea al resto de los españoles?” Hay unos segundos de silencio. Nuestra fuente informativa acaricia el borrador constitucional, titubea, nos mira y al fin dice: “Tomadlo, pero os van a echar los perros”.
Así comenzaba la crónica en la que tres periodistas de Cuadernos para el Diálogo explicaban cómo en la mañana del día 21 de octubre se hicieron con el borrador de la Constitución de 1978. Lo fotocopiaron en una Rank Xerox del barrio de Atocha, ya que la “gran fuente” sólo disponía de un original. La operación de fotocopia les costó 585 pesetas, nada comparado con lo que se les avecinaba. El texto, con las hojas desordenadas y sin enumerar, les reveló “una insospechable ramplonería sintáctica y una estructura articulada decididamente pedestre”. Se comprometieron a dar al borrador la mayor difusión posible y a no tomarlo como una estricta exclusiva informativa. Así lo interpretó la dirección de Cuadernos al facilitar el texto a las agencias y diarios que fueran a buscarlo, con el número recién salido de máquinas y sin haber sido siquiera distribuido en los quioscos, de tal manera que la primicia fuese casi compartida por todos los medios. El País no lo dudó y publicó el texto el 23 de noviembre. Cuadernos lo hizo en el número correspondiente al 29 de dicho mes.
La difusión del borrador trajo consigo un enorme revuelo del que su entonces director, Pedro Altares, asumió la entera responsabilidad y no dudó en difundir este texto que fue elaborado a puerta cerrada por la ponencia constitucional del Congreso de los Diputados entre el 22 de agosto y 17 de noviembre, fecha en la que se dio por terminada la primera lectura. Para éste, desde la perspectiva histórica, fue uno de los mayores éxitos de la revista. Sin embargo, fue acusado, incluso de torpedear el sistema democrático por el que tanto habían luchado.
Cuadernos para el Diálogo fue objeto de una gran polémica al publicar el borrador de la Constitución en el número 239 titulado “Esta es la Constitución”, correspondiente a la semana del 29 de noviembre-2 de diciembre de 1977 (pp. 14-16) 2ª época, reproduciendo los 39 primeros artículos de la Carta Magna. Muchos lo consideraron una maniobra política.
La Constitución no tiene un origen democrático
ciñéndonos al ámbito político, formalmente, son muchos los autores que cuestionan el origen democrático de nuestra actual Constitución. Según estas críticas, nuestra norma suprema obtiene su partida de nacimiento en una quiebra de la legalidad operada sobre la base del procedimiento de reforma de las Leyes Fundamentales del régimen del general Franco. Este proceso de reforma impide la afirmación de que nuestra Constitución sea obra de un “poder constituyente” originario.
Las Cortes que se eligieron en las elecciones del 15 de junio de 1977, no eran Cortes constituyentes, eran Cortes ordinarias, elegidas conforme a lo establecido en la Ley para la Reforma Política de 1976 (octava Ley Fundamental del régimen franquista según su propia definición). Eso sí, conforme a esa legalidad, las Cortes elegidas gozaban, junto con el Rey y el Gobierno, de una facultad para iniciar un cambio constitucional, pero en el citado texto de 1976 se mencionaba expresamente la aprobación de una “Ley de Reforma Constitucional” nunca de una nueva Constitución. Otros autores siguen defendiendo como correcta y como un éxito la aplicación estricta del procedimiento legal establecido “de la Ley a la Ley” en 1976 y 1977, sin establecer ningún cuestionamiento ético ni democrático.
En la práctica nos encontramos ante un poder constituido qe se declaró a sí mismo constituyente
Al margen de debates teóricos, está claro que en la práctica nos encontramos ante un poder constituido que se declaró a sí mismo constituyente. Los diputados del 77 podían haber disuelto las Cortes, haber aprobado una Ley de Reforma Constitucional, y convocado unas Cortes constituyentes. No lo hicieron. Todo el proceso de reforma estuvo coronado con la ausencia de libertad constituyente primero, y de un poder constituyente realmente democrático después. Es constituyente la libertad colectiva que decide en referéndum (no en plebiscito) la forma de Estado (Monarquía o República); la forma de Gobierno (parlamentaria, presidencialista o partitocrática…); la forma de organización territorial (autonómica federal, unitaria…); En definitiva, la existencia de libertad política constituyente determina el momento fundacional de la libertad política. Si una no existe, la otra tampoco aparece. Y ante la ausencia de las dos no podemos hablar de una verdadera democracia. Es la existencia de la libertad constituyente la que hace posible el surgimiento de un poder constituyente originario.
Así se terminó aprobando
La ponencia constitucional, designada en agosto de 1977, estaba formada por Miguel Herrero, Gabriel Cisneros y José Pedro Perez-Llorca, de Unión de Centro Democrático; Jordi Solé Tura, del PCE; el nacionalista catalán Miguel Roca que llevaba también la representación de los nacionalistas vascos, Manuel Fraga por parte de Alianza Popular y Gregorio Peces-Barba del Partido Socialista Obrero Español. Era una muestra significativa y aceptable donde se encontraban representados los partidos mas importantes de aquél primer parlamento .
Se imponen unas reglas de trabajo, entre las que figuran la confidencialidad de sus decisiones y debates. La ponencia constitucional inicia sus labores, con la idea de hacer una Constitución breve, enunciativa, y mínimamente conflictiva. El tema de la monarquía, que podía ser causa de discusión es rápidamente solucionado. Los comunistas aceptan la institución monárquica y los socialistas, mas reacios a ello, tras unas reuniones en el Parador de Sigüenza, deciden no cuestionar este tema. Pero de pronto todo se conoce. En la revista Cuadernos para el Diálogo aparecen los treinta y nueve primeros artículos del borrador constitucional. Dos días mas tarde, el diario El País hace público el texto. Todo ello produce una agria polémica, con una avalancha de críticas y de protestas. La Comisión ignora tal circunstancia, se vuelven a reunir para una lectura definitiva y el texto es entregado a la presidencia del Congreso el 23 de diciembre de 1977.
En 1978 pasa a ser un anteproyecto de ley y comienza su discusión en los grupos parlamentarios. Aparecen mas de mil enmiendas, se producen distintas situaciones, surgen problemas y negociaciones, y por fin, en octubre de ese mismo año comienza la recta final. El 31 de octubre el Congreso aprueba el texto constitucional, por una muy amplia mayoría, con trescientos veinticinco votos favorables sobre trescientos cuarenta y cinco diputados presentes. El Senado, en su sesión plenaria del mismo día, aprueba la Carta Magna por doscientos veintiséis votos favorables, sobre doscientos treinta y nueve. El plebiscito popular tiene lugar el 6 de diciembre de 1978, con una opinión favorable del 87 % de los votos emitidos, con un 7,8 % de votos negativos.
En sesión solemne de las Cortes, el Rey sanciona la Constitución el 27 de diciembre de 1978, que se publica dos días más tarde, mientras que Adolfo Suárez anuncia la disolución de las cámaras y convoca las segundas elecciones generales de la nueva partidocracia española. La monarquía nacida de unas leyes dictatoriales se había convertido en una monarquía de partidos.
La organización territorial ya se había establecido por decretos leyes antes de aprobarse la Constitución: tenía que ser autonómica
Y es, en este aspecto, donde se encuentra el error matriz de nuestro sistema político. La Constitución de 1978 ya estaba precocinada de antemano. La forma de Estado ya venía decidida por Franco: la monarquía. La forma de Gobierno ya estaba regulada desde la Ley para la Reforma Política de 1976: parlamentaria. La organización territorial (clave en la última crisis catalana), estaba establecida por Decretos Leyes antes de aprobarse la Constitución: tenía que ser autonómica. El sistema electoral, proporcional corregido, ya vino aprobado en la Ley para la Reforma Política y sellado por el Decreto Ley de marzo de 1977 que reguló primero las elecciones de junio de 1977 e inspiró después nuestra vigente Ley Electoral (esa que ahora Ciudadanos y Podemos quieren reformar, para hacerla todavía más proporcional). Todas las cuestiones políticas y constitucionales estaban, por tanto, ya decidas desde el poder al margen de la ciudadanía.
Es por eso que los nacionalistas tienen razón cuando invocan que el reconocimiento autonómico por parte del Estado es anterior a la Constitución. Así la Generalitat, con carácter provisional, fue legalizada en septiembre de 1977 y el Consejo General Vasco fue aprobado por Decreto Ley en mayo de 1978, mucho antes de que, en diciembre del 78, los españoles refrendáramos el sistema autonómico establecido en la Constitución. Como queda dicho, también la organización territorial del Estado, el régimen autonómico, estaba decida desde el poder antes de la Constitución y al margen de la ciudadanía.
Dejar el proceso autonómico abierto fue otra grave equivocación de nuestra Constitución. En el Título VIII, al regular el modelo autonómico, se estableció una estructura administrativa con las competencias no cerradas. Todos los preceptos del mencionado Título VIII, especialmente los artículos 148 (que establece las posibles competencias de las Comunidades Autónomas), el artículo 149 (que regula las competencias exclusivas del Estado) y el artículo 150.2 (que permite la transferencia de las competencias que, en el artículo anterior han sido declaradas exclusivas del Estado, a las Comunidades Autónomas) configuran una estructura institucional en desamparo. Totalmente al descubierto. Con todo lo que ello significa.
El encaje entre una forma de Gobierno parlamentaria (el presidente del Gobierno elegido por el Parlamento), con una ley electoral proporcional (sistema D’hont y circunscripción provincial) que ha hecho difícil la configuración de mayorías parlamentarias, y una organización territorial abierta, como es nuestro Estado de las Autonomías, ha hecho posible que los nacionalistas consiguieran la mayoría de sus pretensiones, al vender su apoyo parlamentario (investidura y aprobación de presupuestos) a cambio de la mayoría de las transferencias de competencias estatales que se permiten por el artículo 150.2.
El proceso separatista catalán nos ha colocado ante una crisis política que, da toda la impresión, las fuerzas políticas no son capaces de solucionar con los instrumentos que les ofrece nuestro marco institucional. La única solución sería la inauguración de un proceso de “Libertad Constituyente” donde la mayoría de la ciudadanía decidiera, en el ejercicio de su libertad política, sobre todas esas cuestiones que no les dejaron decidir en 1978.
Asesinos de la libertad
Los autores de este engendro son auténticos criminales de la paz, porque no hay mayor delito que el de matar las esperanzas de libertad de un pueblo que llevaba casi 40 años sin conocerla. Fue el asesinato de la libertad colectiva y el abuso sin medida de las libertades individuales por parte de los oligarcas. Los culpables visibles de esta traición a todo un pueblo fueron siete, queden sus nombres en la historia negra para vergüenza de sus descendientes y desprecio de las generaciones futuras, porque aunque eran sólo los ‘chicos de los recados’, ya que la Constitución les fue dictada, se prestaron a representar y avalar la farsa infame que supuso todo el proceso.
- Gabriel Cisneros (UCD)
- Miguel Herrero de Miñón (UCD)
- José Pedro Pérez Llorca (UCD)
- Gregorio Peces Barba (PSOE)
- Miguel Roca (Pacto Democrático por Cataluña)
- Jordi Solé Tura (Partido Comunista de España)
- Manual Fraga (AP)
En los artículos de contenido social, la Constitución trata cínicamente de convertir en norma obligatoria los simples deseos de bienestar
Los verdaderos artífices fueron sus jefes políticos, Adolfo Suárez por un lado, y Felipe González por otro, y más directamente sus respectivas manos derechas, Fernando Abril y Alfonso Guerra, que discutían y pactaban en secreto todo lo esencial, completamente al margen de los ciudadanos, a los que no se consideraba dignos de conocer cómo se estaba decidiendo su destino. En particular, pactaron la monarquía de partidos estatales, donde todo el poder se reparte en exclusiva entre las agrupaciones políticas, aunque el Rey siempre conservó el derecho de designar ministros por vía de pasillo.
En los artículos de contenido social, la Constitución trata cínicamente de convertir en norma obligatoria los simples deseos de bienestar. Los partidos estatales basaron su propaganda demagógica en estas simplezas utópicas que ninguna constitución seria puede albergar, pues son engaños siniestros. “Los españoles son iguales ante la ley”, mentira: el Rey, los partidos, y los jueces demuestran a diario este colosal engaño. “Todos los españoles tienen el derecho al trabajo y una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia”, mentira: las estadísticas millonarias de paro y pobreza evidencian tan escandaloso embuste.
“El derecho a una vivienda digna y adecuada”, mentira. Familias hacinadas en una sola habitación, sin agua ni electricidad, dos millones de ellas que viven en infraviviendas, según Cáritas, y más de 400.000 desahuciadas prueban no sólo la falsedad, sino la maldad de esta norma contraria a la normativa europea. “La independencia de la Justicia respecto a los órganos políticos”, mentira. PP y PSOE, sin recato ni vergüenza alguna, nombraron a los rectores de la judicatura para que los jueces no persigan la corrupción política. Somos un país arbitrario sin seguridad ni ordenamiento jurídico.
PP y PSOE, sin recato ni vergüenza alguna, nombraron a los rectores de la judicatura para que los jueces no persigan la corrupción política. Somos un país arbitrario sin seguridad ni ordenamiento jurídico.
Al menos, el régimen de Franco cumplía las normas administrativas y civiles. Hay infinidad de pruebas, entre ellas, por ejemplo, la sentencia del Supremo que el abogado Trevijano ganó al Estado franquista y a la presión de Carrero Blanco logrando una fuerte indemnización (11.000 millones de euros en valor actual) por el cierre ilegal del diario Madrid. Hoy eso sería inconcebible, ¿imaginan Uds. al actual Tribunal Supremo obligando a indemnizar al Estado con 11.000 millones de euros por el cierre ilegal de un periódico?
Los españoles ni siquiera pueden concebir el daño que está causando a nuestra economía la falta de seguridad jurídica. Otras mentiras escandalosas de la Constitución se comentan por sí mismas: “El Estado debe garantizar una redistribución de la renta más justa”, pero tenemos la más injusta de Europa; “ninguna autoridad podrá adoptar legislaciones para obstaculizar la libertad de circulación y establecimiento”, cuando todos los caciques locales lo hacen; “todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del Estado”, un rimero de mentiras y así todo lo demás.
“Los españoles estuvieron a la altura de las circunstancias”, afirmó cínicamente el Rey después de la aprobación de este engendro. Los españoles no estuvieron a la altura de nada, se comportaron como un rebaño de borregos que fueron a votar su propia ruina y la de sus hijos, haciendo lo que les dijeron los capos de la nueva mafia política oligárquica, un nuevo “vivan la caenas” en versión moderna.
La opereta de Tejero aborta el “golpe de timón”
A pesar de que esta nueva Ley Fundamental del Reino llamada Constitución estaba concebida, única y exclusivamente, para satisfacer las ambiciones siempre desaforadas de la oligarquía política, financiera y mediática, la convicción de que sólo el Ejercito podía acabar con ETA, que se estaba saciando a asesinar y secuestrar, junto a la idea transmitida por Alfonso XIII a sus descendientes de que la monarquía no podría asentarse en España hasta que gobernara con el partido socialista, determinaron la decisión del Rey de “dar un golpe de timón”.
Para ello exigió la dimisión a un presidente del Gobierno, Suárez, que nunca dio la talla, pero se mantuvo en el poder político mientras le quedaba algo que regalar (legalizaciones y autonomías). El Rey quería un Gobierno de militares y socialistas presidido por el general Armada, quien ya había pactado las bases del mismo en la reunión de Jaca con el socialista Enrique Múgica, supuestamente autorizado por Felipe González.
El hecho de que la radio y la televisión continuaran transmitiendo, con un energúmeno pegando tiros al aire y el mundo entero viéndolo en directo, hacía el “golpe de timón” absolutamente infumable a nivel internacional
Pero los golpistas del 23-F fueron víctimas de la fatalidad: el teniente coronel Tejero, encargado de la toma de las Cortes, se negó a obedecer a Armada cuando supo que iba a formarse un Gobierno con socialistas y otras izquierdas de nombre. En una entrevista radiada la pasada semana con el señor Trevijano, el coronel Diego Camacho, del CESID, relató cómo sus jefes estaban dentro del golpe y cómo lo apartaron cuando lo denunció ante su superior el general Calderón, sin saber que formaba parte de la trama. Según este coronel, el Rey dio marcha atrás cuando Armada le comunicó por teléfono que Tejero iba por libre y no le obedecía.
Además, el hecho de que la radio y la televisión continuaron transmitiendo, con un energúmeno pegando tiros al aire y el mundo entero viéndolo en directo, hacía el “golpe de timón” absolutamente infumable a nivel internacional. En otra entrevista realizada en la COPE por César Vidal al coronel Perote del CESID, que vivió en directo todo el asunto, al preguntarle qué habría pasado si Tejero hubiera obedecido y las cámaras hubieran sido desconectadas, su respuesta fue rotunda: “Armada habría salido del Congreso investido como presidente del Gobierno”.
Milán del Bosch, que ya había sacado los tanques a la calle, no obedece al Rey al instante, por eso el mensaje del monarca en la televisión no puede emitirse hasta la madrugada
El jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campos, cuando fue expulsado de su cargo por el Rey, le contó a Trevijano cómo en el libro de visitas al monarca del día 11-F aparecía borrado el nombre de D. Alfonso de Borbón y en su lugar se había puesto el del general Armada, que se presentó de improviso en la Zarzuela, sin conocimiento de su capitán general. Y -continúa el general Fernández Campos- “tratándome como si fuera un soldado”, ante mi sorpresa me exigió “dígale que estoy aquí y vera cómo me recibe (el Rey) en el acto”, lo que efectivamente sucedió.
Fernández Campos le contó también a Trevijano que, a las tres de la mañana del 24-F, ordenó a un capitán de servicio en la Zarzuela que se presentara en la agencia EFE y retirara el cable enviado por el Rey a Milán del Bosch en el que le decía “que ya no podía dar marcha atrás”. Se refería a la suspensión de la operación político-militar promovida por la Corona. Milán del Bosch, que ya había sacado los tanques a la calle, no obedece al Rey al instante, por eso el mensaje del Rey en la televisión no puede emitirse hasta la madrugada. En el 23-F los militares pagaron el pato, todos los condenados menos uno eran militares, aunque en el golpe había mas civiles que militares. Y con una dignidad y una lealtad digna de mejor causa todos mantuvieron la boca cerrada.
A día de hoy, el Estado de las autonomías ha destruido la unidad de la conciencia de España; arruinado la economía nacional, destruido la clase media, que lo tiene más que merecido por ser el principal sostén de estos miserables; convertido en mileuristas o menos al 60% de los trabajadores ocupados y llevado a la pobreza y al hambre a mas de tres millones de españoles. Y lo único seguro para 2014 son nuevos recortes – pensiones, salarios y desempleo – y más injusticia social, mientras Gallardón y el ministro del Interior siembran las semillas de un regreso al autoritarismo y de un recorte, esta vez, de las libertades personales.
