Los informes revelan que la percepción de los españoles ha aumentado en los últimos años.
Según el estudio La corrupción en España: rasgos y causas esenciales, de Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, al menos 600 municipios españoles tienen algún escándalo de corrupción investigado. Este hecho en algunas comunidades autónomas es apabullante, por ejemplo, casi el 60% de los municipios en Murcia y el 40% de los de Canarias.
Más aún, de un análisis de las estadísticas judiciales se puede colegir que aún en 2012, ya en plena crisis del sector inmobiliario, había unas 1.000 causas abiertas por prevaricación urbanística. La suma de todo nos indica que hay más de mil políticos investigados por corrupción. Pero, para complicarlo aún más todo, el caso Bárcenas puso a toda la cúpula del PP bajo sospecha y el caso Urdangarín a la Casa Real.
«Parece obvio que nuestros políticos, sobre todo los alcaldes, tienen demasiado monopolio en la toma de decisiones, mucha discrecionalidad y muy poco control, y que para reducir la corrupción van a tener que aceptar autoimponerse controles, reducir sus ámbitos de discrecionalidad y reducir sus poderes monopolísticos en la toma de decisiones, como se ha hecho con los convenios urbanísticos en la última ley del suelo (ya no son decisión del alcalde, sino del pleno)», asegura Villoria.
Y todo esto sin entrar en el análisis de lo que podríamos denominar corrupción legalizada o captura del Estado, de la que antes ya hablamos. En estos casos, grandes grupos de interés muy bien financiados son capaces de «comprar» regulaciones e, incluso, leyes, a cambio de financiar generosamente al partido en el gobierno. «En España, hay muy pocos estudios, aún, de lo que serían casos de captura del Estado, aunque algunos hemos podido demostrar que, en gran parte, la política urbanística española de los últimos años ha estado capturada por promotores y constructores en algunas zonas de España», explica el analista.
También existen algunos datos sobre la captura de las políticas regulatorias, especialmente en el sector bancario, de las telecomunicaciones, sanitario y energético. Probablemente, los siguientes escándalos políticos afloren por ese camino. Cuando surjan, se unirán a todo lo anterior y nos demostrarán los niveles reales de corrupción política existente. «Una adecuada regulación de las actividades de lobby, unidas a la ley de transparencia –en la que se debería haberse incluido la obligación de los cargos electos y altos cargos políticos de publicar su agenda de reuniones–, podría prevenir para el futuro nuevos casos o, al menos, reducirlos. Mientras tanto, la percepción de corrupción que los españoles tienen de los políticos y partidos es apabullante», añade.
En el Eurobarómetro de 2013 teníamos el dudoso honor de ser los europeos que perciben más corrupción entre los partidos (84%) y los políticos (72%), superando a Italia (68%) y (63%) respectivamente. Cualquier análisis mínimamente riguroso de los casos de corrupción actualmente investigados puede demostrar que la mayoría provienen de aquellos años en los que, en España, presumiblemente la corrupción se reducía y el país crecía sin límites previsibles.
«Entonces apenas se hablaba del tema, una gran parte de los ciudadanos votaba a los corruptos e implícitamente se asumía que la corrupción era aceite para el sistema. En suma, cuando en España la situación económica era positiva y así se percibía por la mayoría de los españoles, la percepción de corrupción bajaba, hasta el punto que entre 2001 y 2006, los años de la especulación y de la burbuja urbanística son los años en la serie histórica que va de 1994 a 2011, donde hay más españoles que consideran que la corrupción ha disminuido algo y mucho (34,6% en 2002 y 34% en 2006)», explica el profesor Villoria.
Sin embargo, el análisis de los casos descubiertos posteriormente demuestra que esa es una de las épocas más corruptas de la historia reciente de España. Precisamente, en 2005, la dimensión del caso Marbella activó las alarmas y el Gobierno Zapatero inició las primeras medidas de combate que, ya con el caso Gürtel y el comienzo de la crisis económica, generaron los primeros cambios en la opinión pública y el reforzamiento de las investigaciones. «Se ha avanzado mucho en la lucha, pero hay enormes problemas aún para juzgar rápida y ejemplarmente. No sabemos si cuando se supere la crisis nuestros juicios morales volverán a ser tan laxos, pero conviene aprovechar este momento de indignación moral para adoptar las reformas legales, organizativas y procesales que el país necesita».
Urbanismo y ladrillo
En todo caso, parece claro que la percepción de expertos en aquel momento era excesivamente optimista, otra cosa es si la percepción actual es la que realmente expresa la situación comparativa de España. Hoy en día, en todo caso, se investiga más y mejor la corrupción y los fiscales y jueces saben mucho mejor cómo combatirla. Por esta razón, aunque las investigaciones policiales para casos de corrupción no se han incrementado desde la llegada de la crisis, últimamente se han dictado más escritos de acusación por parte de los fiscales y han surgido más sentencias contra casos de corrupción que en años precedentes (300 sentencias por delitos de corrupción condenatorias solo en 2013).
La corrupción que estudiamos se ha desarrollado ante todo en el nivel local de gobierno y ha estado vinculada al boom de la construcción. La corrupción de las comunidades autónomas también ha sido alta y ha tenido mucha responsabilidad en la corrupción local. En el ámbito local, de los 110 municipios con más habitantes y/o capitales de provincia, en más de 40 de ellos ha habido casos investigados en estos años. A ellos, se pueden añadir más de 550 municipios medianos y pequeños con casos también investigados, asegura el estudio.
«No hay que olvidar, por otra parte, que el 90% de los municipios españoles tienen menos de 10.000 habitantes. En suma, que probablemente estemos hablando de casi 300 municipios con alguna causa abierta de entre un número total de municipios con posibilidades de generar corrupción altamente rentable no superior a los 1000 (750 mayores de 10.000 habitantes y otros costeros). Y en total más de 600 municipios españoles tienen o han tenido algún escándalo de corrupción investigado, este fenómeno en algunas comunidades es apabullante, por ejemplo, casi el 60% de los municipios en Murcia y casi el 40% de los de Canarias», alega el catedrático.
La causa fundamental de este fenómeno ha sido, sin duda, el urbanismo. De hecho, si conectamos estos datos con las encuestas de percepción, nos encontramos con que el porcentaje de encuestados que consideran que la corrupción está «muy extendida» entre las autoridades que conceden permisos y licencias de obras es del 35,6%, frente a un 12,1% que considera que está «muy extendida» entre las fuerzas de seguridad (2009).
En el Eurobarómetro de 2013 España era el país de la UE donde se daba una mayor percepción de corrupción entre los funcionarios/políticos que dan permisos de construcción (54%). «Esto se refleja también en la victimización, pues en esas áreas del urbanismo es donde más se reconoce el pago de sobornos. Más aún, de un análisis de las estadísticas judiciales se puede colegir que aún en 2012, ya en plena crisis del sector inmobiliario, había unas 1.000 causas abiertas por delitos urbanísticos vinculados a la corrupción».
Percepción
Todo esto explica el alto nivel de percepción general de corrupción en los gobiernos locales en España. Una comparación con Italia y Francia nos permite ver, el deterioro existente. Sin embargo, en general, se acusa más al gobierno nacional de corrupción por razones de lejanía e ideológicas, así como por hacerle responsable del conjunto del problema.
En todo caso, los encuestados del sur de Europa tienen ahora una mayor inclinación que en 2005 a creer en la extendida corrupción de sus niveles locales y regionales de gobierno; pero España es, de los tres países más importantes del sur, aquél en el que el deterioro de imagen ha sido mayor. Más aún, los españoles son, de entre todos los europeos, los que dan una puntuación más alta, junto a Grecia e Italia, a la pregunta de qué porcentaje de sus políticos locales y regionales están implicados en actividades corruptas.
Aunque las encuestas demuestran que, en todos los continentes, la experiencia individual de pagar sobornos es menor que la percepción de corrupción pública, la percepción de corrupción en España es peculiar. De todos los países de la Unión Europea, España es el que ha sufrido los mayores cambios en la percepción de corrupción y en la asunción de la corrupción como uno de los problemas más importantes del país. También se puede observar en la tabla que España es el país donde la diferencia entre la experiencia personal de corrupción, medida por las tasas de victimización –haber tenido que pagar un soborno– y las percepciones –medida por el Eurobarómetro 2013– es la más alta.
Si se contrastan estos datos con los de Hungría, Polonia, Rumanía o Italia, por ejemplo, se puede comprobar que los datos de victimización son superiores en todos estos países, pero la percepción ciudadana es más baja que en España. Si la percepción dependiera enteramente de la experiencia directa de corrupción, en España la percepción no podría ser muy diferente a la de Alemania u Holanda. Pero la realidad es que la percepción es un fenómeno bastante complejo. «Así, la corrupción percibida no se refiere solamente a los sobornos, sino a una forma de hacer política basada en la constante intromisión de los intereses particulares en la toma de decisiones políticas y viceversa, con efectos, finalmente, muy perversos para el bienestar colectivo», concluye Villoria.
A mediados de 2006, los casos de corrupción comenzaron a ocupar un lugar destacado en las cabeceras de los más importantes periódicos, y en 2009 fueron ya un tema constante de conversación hasta en los programas televisivos más sensacionalistas. Más aún, entre septiembre de 2008 y julio de 2010, casi el 50% de las noticias en la prensa escrita nacional y regional se centraban en corrupción, crisis económica y tensiones partidistas. De acuerdo con Palau y Davesa, entre 1996 y 2009, considerando tan solo los dos periódicos más importantes de España –El País y El Mundo–, han existido 4.126 noticias sobre corrupción política en las páginas de cabecera.
Por ello, un factor diferenciador de percepciones se refiere al impacto de los medios 17. En suma, que el foco mediático hace que se incremente la percepción de corrupción sobre todo hacia este grupo de actores políticos, que son los que generan noticias. Palau y Davesa18 han hallado una correlación positiva muy fuerte (762) entre la atención que los dos periódicos más importantes del país han puesto en la corrupción desde 1988 a 2009 y la opinión de que la corrupción política es un problema importante en España. Por ello, cuanto más leen el periódico las personas, mayor es su percepción de corrupción en el nivel político.
